La Jornada o El Santo Oficio, réplica a @FedericoArreola

Fernando Belaunzarán

Don Federico Arreola

Director de SDP noticias

Presente

Distinguido Director:

En el título de su columna del sábado 22 de marzo, así como en las últimas líneas de dicho texto, expresa descalificaciones contra mi persona sin otro sustento que el de su palabra, la cual piensa que debemos creer porque sí, por auto de fe. Vamos por partes.

De manera forzada, pues el tema de su columna –que le ocupa más del 90% de las palabras- es una polémica sobre supuestas o reales filias y fobias de un distinguido señor de apellido Palacio que escribe en el medio que dirige, por lo que, supongo. resulta de gran interés para sus lectores, pero que no tiene ninguna relación con lo que usted me achaca, insisto, sin razón alguna.

Usted afirma que he sido “terriblemente injusto” con dos diarios, La Jornada y la Razón, por comentarios que al respecto he hecho y que a su modo de ver son en “términos morales e intelectuales de un nivel muy bajos”. Pero olvidó hacer algo que el mínimo rigor, pudor y profesionalismo periodístico obligan. No cita cuáles son esos tuits supuestamente “terribles”, “injustos” y “bajos” de los que habla y, por tanto, no permite que los lectores constaten sus juicios de valor. Solicito tenga a bien darlos a conocer y poder discutir sobre el contenido de los mismos y no sobre lo que usted dice e interpreta que dicen.

No niego que en twitter he hablado sobre lo dicho por el ex director de La Razón, Pablo Hiriart, respecto a las presiones que la directora de La Jornada, Carmen Lira, hiciera sobre el dueño de La Razón, Ramiro Garza Cantú, de acuerdo a su versión de los hechos que lo llevaron a renunciar, misma que coincide con la de importantes columnistas de dicho diario que decidieron acompañarlo y que también fue asumida por prestigiadas plumas de otros medios como Ciro Gómez Leyva, José Cárdenas, Ricardo Alemán y Jorge Castañeda.

Por alguna razón usted decidió confrontarme sólo a mí, llamándome “mentiroso”, por retomarla en unos tuits y no a los demás que, por cierto, escribieron hasta artículos. Y lo hace no sólo sin citarme, como ya dije, sino incluso sin leerme correctamente, pues en varios de ellos escribí con el condicional “si”, es decir, en caso de que la versión fuera cierta.

No obstante lo anterior, que desmiente su señalamiento, no tengo problema en decirle que sí doy credibilidad a lo dicho por Hiriart, y no así a su desmentido. Le explico por qué.

Hay que hacerle más caso a los hechos que a las palabras no corroboradas. Que Fernando Escalante, Gil Gamés, Raymundo Rivapalacio, Elisa Alanís y Alicia Alarcón –más los que se acumulen- hayan renunciado a su columna en La Razón aludiendo la misma presión de Carmen Lira es un hecho contundente. ¿Nos va a venir con la cantaleta de que todo fue un compló?. Frente a ello, usted no presenta nada. Dice que tras “investigar un poco” llegó a la conclusión de que es mentira, pero no nos dice qué fue lo que descubrió. Da a entender que habló con Garza y Lira, pero en ese caso sólo se estaría sosteniendo en la palabra discreta de ambos, pues ninguno la ha hecho pública. En fin, no da una sola prueba que desmienta la versión de Pablo Hiriart y sólo llama a que le creamos porque sabe cosas desconocidas para el resto de los mortales que se niega a compartir y porque conoce a los implicados, a los cuales les extiende certificado de buena conducta. No lo tome a mal, pero su dicho no basta para exculpar a nadie.

Otro dato es que usted mismo le da verosimilitud a la versión de Pablo Hiriart en una columna anterior, del 19 de marzo. Ahí recrea –quizás por qué ya había hablado con los dos dueños- un probable diálogo. Carmen Lira le dice a Ramiro Garza: “Oiga, don Ramiro, cuántas cosas dicen en su periódico sobre nosotros, de mí en particular. No es que me importe, alguna gentuza que trabaja con usted no tiene importancia. No le reprocho nada, pero ¿verdad que no le gustaría que La Jornada publicara notas sobre sus negocios petroleros?”. Usted afirma que eso no sería chantaje ni amenaza, pero yo sostengo lo contrario. Si se dio en esos términos, a mi parecer se trataría de una evidente extorsión, a penas encubierta con buenas y gentiles maneras.

No conozco al dueño de La Razón, Ramiro Garza Cantú. Lo respeto como a cualquier persona y entendería sus temores ante la posibilidad de que un diario como La Jornada involucre a su empresa petrolera con Oceanografía, tal y como ha trascendido. Pero al margen de ello, y de que yo solía discrepar de su línea editorial bajo la conducción de Pablo Hiriart, es indiscutible que La Razón sufrió una merma considerable, en calidad y cantidad, en su planta de colaboradores y que la libertad de expresión en México se lastimó al reducirse la pluralidad de voces en la prensa nacional.

De La Jornada y Carmen Lira tengo más elementos de juicio. Reconozco la historia de lucha democrática de ese periódico frente a un régimen autoritario, nacido de la censura al Uno más Uno. Triste paradoja para un medio que fue ariete de la libertad de expresión en momentos difíciles que ahora sea algo tan distinto. Con Carlos Payán vivió su época dorada y el cambio por Carmen Lira, quien no ha dejado de reelegirse en su dirección desde hace más de veinte años –¿podría recordarme quién está hablando de neoporfirismo en el país?-, si bien reforzó su carácter militante, también ha promovido la intolerancia desde sus páginas. 

Gente de izquierda de toda la vida como Pablo Gómez y, en dos ocasiones, Marcos Rascón renunciaron alegando censura de la directora por sus críticas a Andrés Manuel López Obrador. Ese periódico llevó a cabo un lamentable juicio contra la revista Letras Libres del historiador Enrique Krauze bajo una concepción autoritaria y contraria a la libertad de expresión –celebro que la Suprema Corte haya estado a la altura y no se dejara presionar por el acostumbrado linchamiento de los “buenos y puros”.

Y es de todos conocido las campañas de odio, persecución y linchamiento moral de La Jornada contra quienes discrepan de la ortodoxia del caudillo y que tienen un rancio tufo estalinista, lo cual, es verdad, no ha evitado que hagan las primeras planas más apologéticas de Enrique Peña Nieto en la prensa mexicana, incluso superiores a las de la Razón. Por eso he calificado su línea editorial como “pejepeñista”.

Un elemento que también hace verosímil la versión de Hiriart es que el respaldo editorial de La Jornada al chavismo y al gobierno de Maduro en Venezuela es tan evidente como el que le dan a AMLO, no obstante la represión, censura y violación a los Derechos Humanos que se han dado en esa Nación. Cuestionar dichos excesos del oficialismo no significaría respaldar posiciones golpistas sino simplemente tener la mínima congruencia de demandar allá lo que acá dicen defender.

En lo personal mi experiencia es de claroscuros. Conocí y aproveché el compromiso de La Jornada con los movimientos sociales, siendo activista estudiantil de la UNAM. Fui testigo de la solidaridad del periódico hacia nosotros, tanto con Payán como con Lira y sería malagradecido no reconocerlo. Pero cuando el Subcomandante Marcos escribió una larga respuesta a una carta que le dirigí en el Correo Ilustrado, a la directora no le pareció correcto concederme derecho de réplica y mi respuesta nunca se publicó.

Hace poco, en la discusión en la Cámara sobre la reforma fiscal, el reportero de La Jornada, Roberto Garduño, puso en mi boca, entrecomillando, frases que nunca dije. Incluso mandé al periódico la grabación para que lo constataran. No corrigieron nada. A penas la semana pasada un columnista de la nomenclatura mintió con descaro al acusar al PRD de votar a favor de la reforma energética y, no obstante la réplica concedida por Carmen Aristegui y que la falsedad es constatable sin margen de duda, no tuvo la ética periodística de reconocerlo. En ese diario, además, cobijan a un antisemita calumniador como Jalife y han promovido como nadie el resurgimiento del sectarismo en la izquierda.

Sin embargo, reconozco que, con todo y todo, usted está en su derecho de creer en la supuesta palabra privada de Garza y Lira, aunque considero que el periodismo debe regirse por convicciones –y no para quedar bien con los amigos; y yo en la pública de Hiriart, Escalante, Gil Gamés, Alanís, Alarcón, Rivapalacio, Goméz Leyva, Cárdenas, Alemán y Castañeda. Si tiene algo más que los dichos desconocidos de los directores, hágalo saber y quizá cambie de opinión.

Resulta curioso, y hasta un tanto cómico, que defienda al Santo Oficio que prende hogueras morales a las que no pocos fanáticos lo llevan a usted también. Cada quien. De mi parte, agradezco algo: sin inquisidores no habría(mos) herejes.

Reconozco el espacio y la convicción democrática que muestra al conceder mi derecho de réplica. Quedo de usted, no sin antes expresarle mis consideraciones y enviarle un fuerte abrazo.

Fernando Belaunzarán

VIAJE HACIA LA MARIHUANA LEGAL

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aceptó enviar una delegación de legisladores a la “International Drug Policy Reform Conference” en Denver, así como a un seminario previo para un grupo pequeño de latinoamericanos sobre lo que está sucediendo en materia de regulación de marihuana en Canada, Washington, Colorado y Uruguay, del 21 al 26 de octubre. Las invitaciones vinieron de parte de WOLA (Washington Ofice On Latin America), Drug Policy Alliance y John Hickenlooper, gobernador de Colorado. Asistimos Alberto Rodríguez (PRI), Luisa Alcalde (MC), René Fujiwara (PANAL), Rosa Elba Pérez (PVEM) y un servidor (PRD).

Colorado está viviendo un proceso de transición. Tras más de una década de tener regulación para marihuana medicinal, conseguida con un referéndum en el año 2000, se prepara para que el primero de enero del próximo año dicha sustancia pueda obtenerse para cualquier uso, lo que se ha llamado “marihuana recreativa”. No es algo sencillo, pues se deben establecer controles. Aunque la propaganda con la que en noviembre de 2012 ganaron la enmienda 64 hablaba de “regular cannabis como alcohol”, lo cierto es que las reglas planteadas son más estrictas.

En Colorado se ha creado una policía especial para vigilar que las normas sobre marihuana se cumplan. Saben que la vida del experimento depende de ello. La decisión de la administración Obama de no ir a la Corte Suprema a controvertir su legislación “recreativa” y detener las acciones policiacas que hacían valer la ley federal en las veinte entidades que ya tienen regulada la marihuana está sujeta a que no se les salga de las manos y el cannabis ahí producido no se comercie en ningún otro estado. Para ello obligan a poner, a cada una de las plantas, tarjetas con código de barras radio identificables con una “pistola” (misma tecnología que se usa con las tarjetas de prepago en carreteras y la supervía del DF) para saber cuántas se producen en cada invernadero y cuál es su composición.

Actualmente, Colorado tiene 110 mil inscritos en el programa de marihuana medicinal, los cuales tienen que hacer un pago anual de $35 dólares. A diferencia de la “recreativa” que entrará en vigor en enero y pone límite de edad en 21 años, en esta cualquiera puede estar, pero en el caso de menores de edad con el permiso de sus padres y el diagnóstico de dos médicos. La más joven usuaria tiene 17 meses de vida y está teniendo un tratamiento muy exitoso con cannabis para quitarle convulsiones: de más de 300 por día, ahora padece menos de 10. Como es actividad medicinal, sólo pagan el 2.5 % de impuestos, aunque las licencias para los productores varían su costo de acuerdo al número de pacientes que tienen y no bajan de 7,500 dólares. Por cada paciente pueden plantar 6 plantas, a menos que por prescripción necesiten un producto procesado y, por lo mismo, se ocupen más. Un ejemplo extremo es el concentrado de 90% de THC (sustancia activa del cannabis) para enfermos terminales de cáncer.

El próximo mes, los ciudadanos de Colorado decidirán en referéndum los impuestos propuestos para la marihuana “recreativa”: 15% al productor y 10% al consumidor. Los dispensarios tienen la obligación de vender al menos el 70% de lo que producen, a diferencia de Washington en donde se puso la medida “antimonopólica” de que quien produzca y procese no puede distribuir y vender. Para obtener licencia se hace una investigación de antecedentes con su huella dactilar, pues es requisito indispensable estar “limpio”. Los productores con sus dispensarios decidirán si optan por uno u otro mercado o, bien, por los dos.

El dispensario más grande en Colorado admite producir 12.5 toneladas al año, más de la mitad de lo que Uruguay plantea en su propuesta. Sorprende la tecnificación de todo el proceso. Un productor mediano afirma tener 150 tipos de marihuana que ofrece a sus pacientes y haber patentado seis semillas. Las medicinas también son ofrecidas en chocolates, galletas, pastelillos, refrescos, chicles y golosinas. La seguridad no es opcional y deben tener videocámaras en todos los lugares. El costo del sistema, afirma uno de los productores, fue de 250 mil dólares. Si tienen algún contratiempo es la reticencia de los bancos a participar por miedo a represalias por la ley federal, motivo por el cual se manejan fuertes sumas de dinero en efectivo con el consiguiente riesgo. Pero parece cuestión de tiempo, poco, para que la Banca se integre.

La conclusión obvia es que el proceso de regulación de la marihuana en EU es creciente e irreversible, y que la industria emergente va a generar fuertes ganancias en un esquema con claros rasgos comerciales, lo cual será un aliciente para que la experiencia se reproduzca en otras entidades. Las principales organizaciones nacionales que promueven la regulación hacen grandes esfuerzos para contener el ánimo de victoria que corre entre los activistas y que los grupos locales esperen al 2016 para llevar a cabo los referéndums en el mayor número de estados posibles –y no en 2014-, entre ellos la joya de la Corona, California. La apuesta es inteligente: con el 58% a favor en la última encuesta de Gallup, quieren obligar a los contendientes a la presidencia de Estados Unidos a comprometerse con el tema.

México tiene la disyuntiva de adelantarse como Uruguay y poner reglas al mercado con una visión de salud pública, seguridad ciudadana y respeto a libertades y derechos, o que la fuerza económica del negocio llegue a nuestras fronteras e imponga condiciones. La ironía macabra es que allá están haciendo negocio por una actividad que aquí combatimos de manera sangrienta por causa de la política exterior estadounidense. Pero, con todo y eso, debemos verlo como una oportunidad para avanzar en el cambio del paradigma prohibicionista que, sin conseguir uno solo de sus objetivos, ha traído tan trágicas consecuencias al país.

MARIGUANA: CLAVES DEL DEBATE*

Fernando Belaunzaran

Twitter: @ferbelaunzaran 

El problema no es moral, aunque el prohibicionismo suela atrincherarse en ese ámbito para justificarse. Lo que está en cuestión son políticas públicas que deben ser evaluadas por sus resultados, de cara a los objetivos planteados cuando se establecieron. Por lo tanto, la discusión no es si la mariguana es una sustancia “buena” o “mala” –como si alguna lo fuera per se- para que de ese juicio se desprenda si debe ser permitida o prohibida, aunque, por supuesto, resulta necesario conocer y debatir con rigor científico sus propiedades y efectos, sus posibles beneficios y daños, sus probables oportunidades y riesgos.

Tras medio siglo del Tratado sobre Estupefacientes de la ONU, la prohibición se ha mostrado incapaz de reducir la producción, tráfico y consumo de drogas. Por el contrario, a pesar de ella se han incrementado y siguen siendo un negocio pujante y muy lucrativo que se beneficia de la ilegalidad que multiplica los márgenes de ganancia en un mercado sin controles. Esto ha generado una gran cantidad de consecuencias no deseadas como la lucha cruenta por territorios, la infiltración de instituciones, la corrupción al más alto nivel y el debilitamiento del Estado en amplias zonas del país, mientras las prisiones se desbordan con consumidores y menudistas. Los daños al tejido social que han traído la violencia y la zozobra incrementan, por cierto, la vulnerabilidad para el consumo con abuso de drogas, legales e ilegales, y la cooptación por el crimen.

El fracaso del paradigma prohibicionista no significa que cualquier alternativa sea panacea, ni que ésta se pueda construir de la noche a la mañana. El cambio hacia una nueva política de drogas que establezca medidas de control eficientes y reduzca las consecuencias perniciosas de una coexistencia inevitable –el “mundo sin drogas” es una absurda y cuestionable utopía- debe verse como un proceso sin ritmos preestablecidos, aunque no pueda prescindir de la referencia global y, menos aún, de la de nuestro vecino y principal consumidor de drogas ilegales, pues en gran medida seguimos siendo un país productor y de tránsito hacia ese mercado. Que veinte entidades de Estados Unidos, donde viven más de 100 millones de habitantes, tengan ya regulada la mariguana y que sea inminente que California, frontera boyante con México, pasará en breve de cannabis medicinal a “recreativa” es algo que no puede dejar de considerarse, así como la creciente posición latinoamericana a favor del cambio que, por cierto, ya dejó de ser declarativo y tiene a Uruguay en las puertas de ser el primer país del mundo en regular toda la cadena del cannabis, desde la producción hasta el consumo.

En ese sentido, es importante distinguir lo que desde muy diversos ámbitos, sectores e ideologías se ha venido demandado respecto a la mariguana y que de manera económica se le suele llamar desde los medios como “legalización”. Se ha hablado de “despenalizar” (que no haya sanción), “descriminalizar” (que no haya delito)  y “regular” (establecer controles mediante normas). Nadie ha planteado “liberar” el mercado y darle el trato de un producto cualquiera.

Así como prohibir una sustancia no significa que ésta no se consuma o no esté al alcance de aquellos a quienes se pretende proteger de ella, regularla no significa promover su consumo. El caso del tabaco es ejemplo de cómo reglas estrictas e inteligentes pueden reducirlo.

El debate debe quitar prejuicios y estigmas, ayudar a entender que sólo un porcentaje modesto de consumidores son problemáticos o enfermos y que sería más productivo usar los recursos públicos en prevención, educación, información, rehabilitación y servicios de salud que en financiar una costosa y cruenta “guerra” que en sí misma representa más riesgos para los jóvenes que cualquier sustancia y que, además, no se puede ganar mientras las organizaciones criminales tengan los ingentes recursos del mercado negro de drogas.

Prohibir no es prevenir. Para tener éxito en esta materia hay que asumir que los ciudadanos son mayores de edad que, en uso de sus libertades, pueden decidir sobre su organismo y sistema nervioso mientras no afecten a terceros.

*publicado en Reforma el jueves 15 de agosto de 2013

EL PACTO, LOS VOTOS Y EL SECTARISMO

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

Cuando los cambios en México dejaron de depender de la voluntad de una sola persona, los acuerdos de largo alcance se encarecieron. La distribución equilibrada del poder devino en pantano. Antes del Pacto por México, la última gran reforma política acordada fue la de 1996 que dio autonomía al IFE, un sistema jurisdiccional independiente en materia electoral, condiciones de equidad y elección de gobernantes en el Distrito Federal, entre otras cosas que fueron negociadas, por cierto, fuera del Congreso.

En ese entonces, el partido del Presidente todavía tenía mayoría absoluta en ambas Cámaras. Esta paradoja de que los avances democráticos dificultaron enormemente construir acuerdos mayores se debió en buena medida al cálculo de rentabilidad electoral y, como consecuencia, al no consolidar lo logrado, se empezaron a dar signos preocupantes de regresión, aunada a la natural descomposición de un régimen con enormes dificultades para reformarse a sí mismo, de acuerdo a las necesidades de una sociedad y un mundo dinámicos.

Contrario a lo que se dice, el Pacto por México es resultado más de la audacia y responsabilidad de la oposición que de la operación virtuosa del Ejecutivo. Y es que éste arriesga menos y tiene todo que ganar, empezando con la gobernabilidad que se requiere para que en el Congreso predomine la cooperación sobre el enfrentamiento. No hay ingenuidad, nadie se engaña en que el Presidente y, por extensión, su partido se benefician en el imaginario social por los logros obtenidos gracias al acuerdo. La tradición y cultura presidencialista en México está tan arraigada que hace muy difícil que se valoren como lo que son, éxitos colectivos y democráticos, y que en su lugar predomine la falsa e injusta percepción de que todo el crédito es de Los Pinos. Pero aún así, la oposición hizo lo correcto al suscribir el pacto.

Que el PRD y el PAN hayan puesto por delante el interés nacional por sobre el interés electoral faccioso ha sido recibido por algunos, incluyendo las oposiciones internas a los presidentes Zambrano y Madero, como una herejía. Olvidan que la lógica de obstaculizar hasta ser gobierno y buscar, entonces sí, construir acuerdos lleva a su vez a ser obstaculizado en un cuento de nunca acabar, mientras el país paga enormes consecuencias por rezagos notables que requieren atenderse estructuralmente, así como por la incapacidad de enfrentar problemas emergentes que han rebasado a las instituciones del Estado. Cambiar a México se volvió un imperativo para cualquier fuerza que se plantee gobernar… a menos que quiera hacerlo desde las ruinas del país.

Quizás en el ánimo de Felipe Calderón y sus cercanos está el sentimiento de reciprocidad, de no proporcionarle a un gobierno del PRI la gobernabilidad que ese partido le escamoteó al suyo, dándosela a cuentagotas, durante su gestión. Por lo que sea, pero, por insólito que parezca, ahora coincide con Andrés Manuel López Obrador en la intención de descarrilar al Pacto por México. En el caso del Peje se entiende más, pues se desprende de su conocida estrategia, ya transexenal, la cual espera capitalizar una situación idealmente ominosa y desesperada para venderse como la única solución posible, como el único capaz de cambiar a México. Por ello, descalificará cualquier reforma o propuesta aprobada, así haya estado en su plataforma electoral. Dicha estrategia tiene además el inconveniente de que eso significa buscar posponer las hoy apremiantes transformaciones hasta después del 2018 -si tampoco gana esa elección hasta después del 2024 y así sucesivamente. Por supuesto, si lo lograra necesitaría de hacer pactos con el PAN y con el PRI, pues no hay otra forma de cambiar al país en un régimen democrático que construyendo mayorías parlamentarias.

Frente a la oposición responsable que muestra visión de Estado, el PRI quiso, cual su costumbre, aprovecharse. Los audios y videos de los operadores electorales del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, algunos de ellos empleados de SEDESOL, con la explícita y descarada intención de usar los programas sociales a favor de ese partido, pusieron en evidencia un doble lenguaje del gobierno. La de por sí desafortunada expresión de Enrique Peña Nieto, “No te preocupes, Rosario”, tuvo una carga de cinismo inaceptable. Ahí dijo el Presidente que eran “otros” los que se estaban preocupando por las elecciones, cuando la oposición se olvidó de ellas para firmar el pacto y cuando todos vimos y escuchamos que los mapaches jarochos de su partido eran los que estaban no sólo pensando sino operando con recursos públicos para ganarlas. La crisis que se desató fue superada por un adenda al Pacto por México, en la cual se establecen candados para el manejo de programas sociales, y el compromiso de adelantar la reforma política y electoral comprometida en la agenda firmada.

Si bien los compromisos adquiridos para “relanzar el pacto” deben saludarse, no resuelven del todo los focos rojos de las elecciones locales de este año. Los acuerdos en el centro no significan civilidad en la periferia y menos con gobernadores que actúan como señores feudales y que no titubean para usar a las instituciones que por desgracia controlan para cargar los dados a favor de su partido. La forma en cómo reventaron alianzas electorales en algunos estados es muestra de lo que viene si no se les acota. Dividir a la oposición en un contexto en dónde ésta impulsa, en concordancia con el gobierno, reformas trascendentes es apostar por regresar a los tiempos del partido casi único y que la restauración autoritaria se dé por la vía de desaparecer, o al menos reducir a su mínima expresión, territorio por territorio, la pluralidad política. La voracidad y talante autoritario de no pocos gobernadores en estados con elección este año son la mayor amenaza que hoy tiene el Pacto por México, sobre todo porque los adversarios internos de las actuales direcciones del PRD y el PAN están esperando la debacle electoral de sus respectivos partidos para pedir la cabeza de Zambrano y Madero, echándole la culpa del desastre a la firma del pacto.

Si eso ocurriera y la oposición termina con el pacto por sus disputas internas, por la lucha de quienes se quedan en sus direcciones, México perdería una oportunidad preciosa para hacer transformaciones apremiantes y trascendentes, y las reformas constitucionales, educativa y en telecomunicaciones, quedarían sólo en un par de flores preciosas de una primavera frustrada por el sectarismo.

LA PASIÓN DE ELBA

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

No podía haber opción más perfecta de víctima propiciatoria para anunciar la nueva era del PRI en la presidencia que Elba Esther Gordillo; personaje que reúne riqueza ostentosa, peso político y antipatía popular. Señalada reiteradamente como obstáculo para los necesarios cambios educativos y líder sindical que utiliza la fuerza de su organización como elemento de chantaje para obtener ventajas facciosas, se volvió incómoda no sólo para la sociedad que padece una educación básica de deficiente calidad sino también para la clase política cansada de la arrogancia de quien se sabe necesaria e impone condiciones

La detención de La Maestra seguramente ayudará a que se implementen las reformas recientes, aunque aún inconclusas, del sector educativo, mismas que estaban siendo obstruidas por ella; pero no se puede perder de vista que, por su conocido poder y mala fama pública, también fortalece la imagen y autoridad de Enrique Peña Nieto en momentos en los que éste busca darle sello a su gobierno e incrementar popularidad para obtener mayor margen de acción, algo muy parecido a lo que hizo Carlos Salinas al principio de su administración. Por ello se puede afirmar que, con independencia de los méritos de la acusación que pocos cuestionan, se trató también de un acto que puede calificarse como “populismo judicial”; si bien la comparación con la detención de la Quina no es exacta -no hubo bazucazo ni muerto sembrado-, para fines prácticos sirvió para lo mismo.

Seamos claros, el manejo discrecional de los recursos del SNTE por parte de Elba Esther Gordillo era tan evidente como el hecho de que su encarcelamiento, es decir, la aplicación de la ley tras décadas de impunidad, se debió a una decisión política. El cuestionamiento no puede ser, por tanto, por la acción legal en su contra -había razones de sobre para ella-, pero no se puede dejar de ver con preocupación el manejo político de la justicia, la discrecionalidad del poder para tolerar la corrupción o perseguirla de acuerdo a sus intereses coyunturales. Nadie duda de que la misma acusación procedería de igual forma contra otros que dirigentes sindicales que tienen una vida de ostentación y lujo inconsecuente con sus ingresos formalmente establecidos, como es el caso del líder de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, quien sin embargo parece estar muy tranquilo y sin ningún temor. Está visto que no es lo mismo estar dentro que fuera de la gracia presidencial.

Por cierto, tanto Elba Esther como Romero Deschamps remplazaron a los anteriores dirigentes por decisión de quien también decidió quitarlos: Carlos Salinas; todo se lo debieron al mismo dedo. En el caso de los petroleros muy pronto se vino abajo la expectativa de un nuevo sindicalismo en la poderosa paraestatal. Fue un cambio de nombres para tener el control que no se tenía con un emblemático liderazgo corrupto, pero que en ese tiempo había mostrado márgenes de independencia e incluso oposición al régimen que siempre había servido; sólo era poner al obediente y, por supuesto, aparecer como “modernizador”, ganar popularidad y tomar las riendas que, como sabemos, las utilizó con autoritarismo y a favor de sus negocios particulares, algunos manejados por su hermano, al cual se le bautizó con cierta picardía como “incómodo”. La historia con La Maestra fue diferente.

A diferencia del actual senador del PRI y todavía líder petrolero, Gordillo construyó al inició una imagen de reformadora e incluso de democratizadora. Con un discurso renovado y astucia política se presentaba como factor de cambio con indudable éxito, al grado de que fue invitada a formar parte de las personalidades que conformaron el llamado “Grupo San Ángel”, el cual impulsó una agenda democrática y en su momento captó la atención nacional. Su vinculación con Roberto Madrazo para imponerse en unas elecciones desaseadas –María de los Ángeles Moreno los calificó de “delincuencia organizada”- le generó cierto desgaste, pero su pleito con aquél y posterior rompimiento con el PRI después de ser relevada como coordinadora parlamentaria dieron nuevo aire a su imagen, pues eso le dio la posibilidad de presentarse como la que se enfrentó al dinosaurio por pretender cambios. Ella creo la famosa frase que colocó por todo el país y que hirió de muerte al tabasqueño antes de iniciada formalmente la contienda presidencial: “¿Tú le crees a Madrazo, yo tampoco”.

En la elección de 2006, la líder del SNTE pretendió un acuerdo con quien se veía como seguro presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero éste no quiso aceptar ningún compromiso explícito y público con La Maestra, condición que ésta estableció. Así que terminó siendo entusiasta operadora de la candidatura de Felipe Calderón, quien no estaba en condiciones de rechazar ningún apoyo, pues venía de muy atrás en las encuestas. Sin duda que la revelación de su participación para conseguir el respaldo a esa causa por parte de gobernadores priistas le costó a su imagen, pero lo que más perjuicio le causó fue ser un notorio obstáculo para reformar la educación básica que, como es del dominio público, vive una aguda crisis de calidad. Además se fue conociendo sus gustos caros y sus propiedades, junto con el amplio poder que la dejaron ejercer en la SEP, tanto Fox como Calderón. Dejaron a la Iglesia en manos de Lutero y se fortaleció como nunca la práctica perversa de que el interés político de la dirección sindical subordinara a las necesidades académicas. Cuando Josefina Vázquez Mota la quiso enfrentar, el presidente no respaldó a su Secretaria.

La autonomía conseguida por Elba Esther era inédita en México para un sindicato de ese tamaño e influencia. Acordaba por separado con candidatos sin importar las siglas que lo postularon para operar a favor de ellos en las elecciones y además se hizo de su propio partido político. Pero el gran poder que logró amasar lo utilizaba únicamente para defender privilegios gremiales –como el mantenimiento de miles de aviadores que sirven como operadores electorales y el oponerse a la evaluación de los mentores-, obtener cargos para cercanos y establecer relaciones de connivencia con personas poderosas. De la fachada de modernizadora no le quedó nada y se volvió una antihéroe sin parangón, al grado de que pocas cosas se volvieron tan rentables políticamente como denunciar sus excesos, así como el papel nefasto que jugaba en la educación pública.

Si Peña Nieto no actúa contra líderes corruptos afines a su partido, se confirmará que la detención de Elba Esther Gordillo no se debió a los delitos que se le imputan y que de seguro son ciertos sino al cálculo político. Por eso es que, al menos en mi caso, el sabor es agridulce. Es afortunado para la educación y correcto para la justicia que se aplique la ley, pero no así que se haga de manera diferenciada y a criterio del Presidente. Eso huele a viejo régimen autoritario en su peor expresión; huele a lo que fue el sexenio de Carlos Salinas.

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LA ABSURDA COARTADA DEL MONEXGATE

Fernando Belaunzarán
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Quienes gustan de las novelas policiacas saben muy bien que no hay crimen perfecto y, por lo mismo, que se puede dar con el culpable, a pesar de lo bien que haya sido planeado el golpe. La inteligencia, perspicacia, capacidad analítica, búsqueda de evidencias y avances de la ciencia forense y criminalística sirven para desentrañar lo ocurrido. Una investigación virtuosa consigue develar el misterio y vencer al engaño. Pues bien, el caso conocido como “monexgate” es todo lo contrario. Difícil imaginar un crimen más imperfecto, con notorias e innegables evidencias y el responsable claramente ubicado, que haya quedado impune. Y, por si eso fuera poco, valiéndose de una coartada tan bizarra y absurda que en realidad parece confesión de parte.

De una cuenta en Banca Monex a nombre de la empresa Inizzio se realizaron pagos directos a operadores del PRI durante la campaña electoral, a través de tarjetas inominadas. La cuenta fue fondeada por decenas de asociaciones mercantiles y algunas personas físicas. Queda por saber si todo ese dinero, más de 70 millones de pesos que ahí fueron depositados, tiene un origen lícito, pues la unidad de fiscalización no fue más allá y se dio por bien servida al determinar quiénes fueron los aportantes y que esos recursos hayan sido cubiertos, meses después, por el pago del PRI, en cumplimiento a un extraño y dudoso contrato con una empresa distinta a la de la titular de la cuenta y del que hablaremos más adelante.

El artículo 72 del Reglamento de Fiscalización es inequívoco al establecer que todos los gastos erogados durante las campañas tienen que salir de cuentas partidarias específicas, pero en la resolución absolutoria que aprobó el IFE ni siquiera menciona la grave anomalía de que el dinero saliera de una cuenta a nombre de una empresa mercantil. Por lo mismo, si dicha cuenta pudo ser fiscalizada fue gracias al escándalo, pues de otra manera la autoridad electoral no hubiera tenido conocimiento de la misma. Para que se entienda, vale la pena recrear el contexto.

El 25 de junio de 2012, a una semana de las elecciones, Roberto Gil, entonces Coordinador de Campaña de Josefina Vázquez Mota, presenta dos tarjetas Monex, asegurando que son de operadores del PRI en el estado de Guanajuato. Dos días después, el IFE emite un comunicado diciendo que dichas tarjetas corresponden a un lote de 9,924, fondeandas en una cuenta con 70.8 millones de pesos. En al menos dos ocasiones, una con Carmen Aristegui y otra con Joaquín López Dóriga, quienes en sus respectivos programas de radio tenían semanales debates entre los coordinadores de campaña de los tres candidatos principales, Luis Videgaray, quien cumplía esa función con Enrique Peña Nieto, negó categóricamente que el PRI las utilizara. Y lo siguió negando después de que el PRD presentó facturas de Inizzio y de Efra con Monex por más de 150 millones de pesos.

Fue hasta después de la elección, 19 de julio de 2012, que Jesús Murillo Karam, distinguido miembro del equipo de campaña de EPN, reconoce la existencia de tarjetas Monex, asegurando que se utilizaron para pagar a su estructura electoral, que lo pesaban informar como gasto ordinario, que no tuvieron relación directa con dicha banca y que lo único que hicieron fue firmar un contrato con la empresa Alkino para que les otorgara las tarjetas prepagadas por 66.3 millones de pesos. Este documento es el corazón de una coartada que, además de insultar a la inteligencia, también es ilegal. Veamos.

La historia-coartada del PRI que inexplicablemente compró el IFE es la siguiente: Necesitaba pagar a la estructura electoral y en lugar de ir a un banco o instancia financiera, acude a una empresa mercantil sin solvencia que se dedica, según su razón social, a cosas muy distintas. En el 2011 declaró en ceros a la Secretaría de Hacienda. Como efectivamente no tenía los recursos para fondear las tarjetas, Alkino contrata a otra empresa que igualmente tiene un objeto distinto, Atama, que es todavía más insolvente según puede verse de sus declaraciones hechas a la autoridad -no tiene ni empleados registrados-, su domicilio fiscal es una fachada y de dueño aparece una persona ya fallecida y un chofer que no tiene los medios económicos para hacer frente a ese compromiso. Dicha empresa contrata a una subsidiaria con los mismos prestanombres, Inizzio, la cual es la titular de la cuenta de Monex en la que se depositaron los recursos que fueron retirados por las tarjetas. Otra empresa, claramente vinculada al PRI, y que apareció en diversas investigaciones periodísticas, Efra, solicitó tarjetas en ese mismo banco, pero canceló todas –menos una- y mandó depositar todos los recursos a la cuenta ya mencionada. Es importante decir que a pesar de la insolvencia documentada de Inizzio, ésta última empresa argumenta que los aportantes eran deudores suyos –más de 70 millones de pesos-, desconociéndose el motivo de las supuestas deudas y resultando realmente extraño dada su situación precaria por ella misma reconocida en sus informes al fisco.

Que un partido realice gastos a través de una cuenta distinta a las suyas ya es una grave ilegalidad. Contratar un crédito con una empresa mercantil también lo es. El Reglamento de Fiscalización sólo habla de préstamos con la banca comercial y prohíbe expresamente la de realizarlos con la banca de desarrollo. Para pactarlo se deben cumplir diversas disposiciones, entre ellas la de informarlo al IFE. Se trata de una normatividad restrictiva, pues en el diseño del sistema electoral quedó establecido un financiamiento público generoso a los partidos; pero con fuerte control en el privado, tanto en lo que se refiere al origen de los recursos como en su gasto. Por salvar al Príncipe, la autoridad electoral abre la puerta al financiamiento de empresas mercantiles cuando sus aportaciones están explícitamente prohibidas, no está contemplado en la normatividad y representa un fuerte riesgo, sobre todo cuando, como es el caso, en los hechos otorgan mejores condiciones que los bancos.

En el sospechoso contrato del PRI con Alkino, acuerdan una tasa del 3% mensual, pero dicho partido termino pagando mucho menos. Casi seis millones de pesos, aunque el contrato fue firmado supuestamente en marzo y se acabó pagando hasta la segunda semana de enero. Además, debe descontarse el 1.5% que ofreció tanto a Atama como a Inizzio. Y si a eso le agregamos que le obsequió 90 días sin intereses –no se los pagaron y no hay nada que diga que se los estén cobrando- nos encontramos con un elemento más que indica que se trata de una burda pantalla mal hecha. Con el criterio usado por el IFE para exonerar al PRI en el monexgate, empresas mercantiles pueden disfrazar sus aportaciones como créditos, cuyo pago puede ser diferido y acabar pagando una bicoca de intereses quién sabe cuándo. Estamos ante un fraude a la ley cubierto con otro fraude a la ley, ambos descarados.

Si la investigación deja muchas dudas sobre el origen de los recursos –aclaró qué empresas y qué personas aportaron, pero no si éstos depositaron dinero lícito-, lo mismo sucede con el destino. Más de 40 millones de pesos fueron retirados en efectivo por personas desconocidas en cajeros automáticos sin firmar un solo recibo, pues las tarjetas no contenían el nombre de los propietarios. Cabe agregar que los representantes de casilla del PRI consultados por la unidad de fiscalización del IFE negaron haber recibido tarjetas Monex.

Basados en que la unidad de fiscalización del IFE no tiene facultades para investigar delitos, el instituto detiene sus pesquisas, evita saca las conclusiones evidentes y se limita a dar vista a diversas autoridades para que sean éstas las concluyan. Suena bien que las instituciones tomen cartas en el asunto, pero veamos que significa esto en la práctica. ¿Quiénes serán los encargados de investigar delitos en este financiamiento paralelo en la campaña de Enrique Peña Nieto? El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ex coordinador de campaña de EPN y quien se cansó de negar la existencia de tarjetas Monex antes de la elección. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también miembro distinguido del equipo de campaña de Peña Nieto y fue quien dio a conocer la versión del PRI sobre el particular. El Director del Área de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz, ex procurador del Edomex. Parece broma, pero la impunidad no lo es.

Existe una clara intención de que, al menos formalmente, el triunfo de Peña Nieto en la elección presidencial no sea manchado ni con el pétalo de una sanción. Lo más grave no es que el PRI recurra a un relato irracional sin mayor prueba que un contrato de dudosa credibilidad –que bien pudo hacerse posterior al escándalo y prefecharse- sino que la autoridad se lo crea. El IFE es una institución fundamental que necesita de la credibilidad para dar confianza a una sociedad que la experiencia ha vuelto escéptica. La decisión de exonerar al PRI y que tomó por exigua mayoría, cinco contra cuatro, no sólo fomenta la impunidad sino que fortalece el discurso de quienes sostienen que toda la institucionalidad democrática está podrida y debe barrerse para construir una nueva desde cero. Se debe valorar lo que hemos avanzado y resulta pernicioso debilitar a las instituciones, pero éstas deben asumir su responsabilidad y mostrar independencia del interés faccioso.

Si el IFE se creyó el cuento de que un partido como el PRI buscó financiamiento con tarjetas de prepago con una empresa que nunca había hecho algo semejante y que, además no se enteró de todo el entramado de subcontrataciones con otras peores, encabezadas por prestanombres, ni de quienes aportaron los recursos que le fueron entregados a sus operadores, allá los cándidos consejeros, pero que no esperen que la sociedad los acompañe en su genuina o interesada ingenuidad. Peor aún, lo que no se puede justificar con el derecho a chuparse el dedo, es que se hayan hecho ojo de hormiga con claras violaciones a la legalidad, como la utilización de cuentas distintas a las de ese partido para pagar y la contratación de un crédito por fuera de la banca comercial y sin cumplir uno solo de los requisitos que se piden para ello.
No tiene ninguna racionalidad la coartada del PRI. Si podemos encontrar algún sentido a esta historia es que una vez que se descubrió el financiamiento paralelo, dicho partido se avocó a cubrirla como pudieron después, por cierto, de haberlo negado. Entiendo su espanto y la necesidad de ocultarlo, pues al estar explícitamente prohibidas las aportaciones de asociaciones mercantiles en las campañas se trata de recursos ilegales. Pero de la misma manera que el ladrón no se le exonera por regresar la cartera que robó, el PRI no debe quedar absuelto por pagar lo que utilizó de esa cuenta ilegal de Inizzio en Monex. Y algo gravísimo. Vuelve legal el dinero que no lo era y eso se llama lavado. Y al hacerlo con sus prerrogativas significa que fue con recursos de los contribuyentes. Esperemos que el Tribunal Electoral rectifique y el monexgate no quede en la impunidad. Al IFE, que dio crédito a la absurda coartada, nada más queda decirle un HT popular de twitter, mismo que les recordé en una de mis intervenciones en la sesión: #ternurita

De paso…
El mismo día en que el IFE exoneró al PRI por el monexgate, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo “liso y llano” a la ciudadana francesa, Florence Cassez, gracias a la cual obtuvo su libertad. Una decisión impopular que no obstante yo considero correcta. Como lo expliqué en un artículo anterior, “La hora de Florance Cassez”, http://herejiapolitica.blogspot.mx/2012/03/la-hora-de-florence-cassez.html , ya no era posible hacer justicia y dilucidar la duda acerca de su culpabilidad o no. Pero más importante que el fallo polémico sobre un caso en particular, es el mensaje a favor del debido proceso y del respeto irrestricto a los Derechos Humanos; un triunfo del garantismo. La reacción social de repudio nos hace ver el gran reto cultural que tenemos por delante para sensibilizar a la sociedad de que la justicia sólo es accesible si se respetan los derechos de todos, que si hay atajos son como los del Lobo Feroz y que si padecemos tanto impunidad como arbitrariedad es precisamente por el prejuicio de considerar al debido proceso como un asunto de “forma” que ayuda a los delincuentes. Así seamos pocos y el ambiente hostil, hay que dar la batalla. Cambiar mentalidades lleva tiempo…

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INICIATIVA QUE RECUPERA LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA RECUPERAR LA AGENDA LEGISLATIVA PENDIENTE DE LA LEY COCOPA COMPUESTA POR LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ Y SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS VICARIO PORTILLO MARTÍNEZ, AGUSTÍN MIGUEL ALONSO RAYA, JHONATAN JARDINES FRAIRE Y ROBERTO CARLOS REYES GÁMIZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Planteamiento del Problema
La reforma constitucional del 2001 en materia indígena representó sin duda un avance en la reivindicación de derechos y cultura indígenas, pero no significó el fin del conflicto que se planteó resolver. La reforma plasmada en el artículo 1º respecto a la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, género, religión, condición social o cualquier otra que atente contra la dignidad humana también debe verse como una conquista a favor de la inclusión de los mexicanos en su rica pluralidad.

Pese a dichos avances, es necesario reconocer que existe un conflicto abierto y que falta camino por recorrer en la reivindicación plena de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido es conveniente rescatar los puntos que no fueron incorporados de la Iniciativa de Ley formulada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) que fue dictaminada en abril del 2001 para una discusión indispensable en el Congreso mexicano para contribuir de esa manera con la paz y el fortalecimiento de las comunidades, respetando sus diferencias y reconociéndonos juntos como parte de la nación mexicana.

Quedaron pendientes los temas planteados en materia de democracia y justicia; y de bienestar y desarrollo.

Tenemos una gran deuda con las comunidades indígenas y es necesario que asumamos el compromiso de atenderlo con responsabilidad para lograr que la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, ya consignada en el artículo 2º de nuestra Constitución, deje de ser un buen deseo y pueda ejercerse a plenitud, en el marco establecido por la propia Carta Magna. En ese sentido, resulta fundamental garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a las instancias de representación política y al reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público.

Sin duda que el EZLN tiene el indiscutible mérito de haber puesto en el centro de la agenda nacional la situación de inadmisible injusticia que padecen los pueblos indígenas en nuestro país, lo cual tuvo como momento culminante los diálogos de paz que derivaron en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, mismos que fueron retomados por la iniciativa redactada por la COCOPA y presentada por Vicente Fox a principios de 2001. Su voz no podrá ser ignorada en la dictaminación de las reformas y adiciones aquí propuestas.

La presente iniciativa tiene por objeto recuperar los Acuerdos de San Andrés plasmados en la llamada “Ley COCOPA” que no fueron aprobados en la reforma de 2001 y que es necesario rescatar para una nueva discusión que pueda dar por cumplida esa etapa del proceso de paz que quedó trunca y que significarían un paso más en la reivindicación de los legítimos derechos de los pueblos indígenas. Para lo cual se propone derogar elementos que resultaron polémicos, como las políticas asistencialistas que no fueron pedidas y se incluyeron en el artículo 2o de la Constitución, las cuales provocaron fuertes críticas por parte de diversas organizaciones indígenas que, con justa razón, no quisieron ser degradadas a simples demandantes de dádivas; y reincorporar las propuestas que no fueron consideradas en el dictamen de la reforma constitucional en materia indígena o que fueron distorsionadas, en ese y otros artículos, en los términos de aquella que en su momento concito el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la COCOPA y que retomaba los Acuerdos de San Andrés.
El propósito es poner al Congreso mexicano a rediscutir un tema que quedó inconcluso, en donde ha habido avances, pero que quedan asignaturas pendientes que son ineludibles para poder responder adecuadamente a los pueblos indígenas. El Poder Legislativo debe hacer su trabajo, escuchando a todos a luz de la experiencia y mostrando disposición a corregir deficiencias y profundizar en las reformas. Para ello será indispensable contar con la participación de las comunidades, organizaciones y sociedad civil.
Todos debemos contribuir a la reconciliación entre mexicanos. Hay que hacerlo con el lenguaje que acerca y tiende puentes, pero también con una visión que ve hacia adelante y entiende que los adversarios de antes no tienen por qué serlo siempre. Se puede, mediante el ejercicio de la buena política -que requiere de generosas dosis de imaginación y voluntad para resolver los problemas- encontrar soluciones a añejos problemas.
Es importante remarcar que la causa del reconocimiento pleno a los derechos indígenas no es exclusiva de estos sino de todos los mexicanos que aspiramos a contar con una democracia inclusiva que lejos de proscribir o estigmatizar la diferencia se nutra de ella para potencializar, en toda su riqueza, la pluralidad de la nación.



Argumentos
El 1º de Enero de 1994 las fuerzas insurgentes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional le declararon la guerra al Ejecutivo Federal expresando el hartazgo centenario de generaciones llenas de miseria y de abandono por parte del gobierno. Hablaron a nombre de las comunidades indígenas que no tienen la capacidad de cubrir necesidades mínimas porque carecen de trabajo, tierra, techo, alimentación, salud y educación. También exigieron derechos políticos y garantías de independencia, libertad, democracia, justicia y paz.
Después de un periodo de sangre y tensión finalmente se abrió un proceso de diálogo entre las partes que culminó con la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 1996 en los que se asumieron compromisos en torno a cinco temas: Bienestar y Desarrollo; Conciliación de Chiapas; Derechos de la mujer en Chiapas; Derechos y Cultura indígena; y Democracia y Justicia.
La Comisión de Concordia y Pacificación asumió el compromiso de redactar el Proyecto de Reforma Constitucional incorporando los temas fundamentales de los Acuerdos de San Andrés.
El 7 de diciembre del año 2000, justo al inicio de su gobierno, el Ejecutivo Federal hizo suya la iniciativa con proyecto de reforma constitucional formulada por la Comisión de Concordia y Pacificación y presentó la iniciativa a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
La llamada Iniciativa COCOPA, aunque no integraba la mayoría de las propuestas contenidas en los Acuerdos de San Andrés, sí contaba con el aval de todas las fuerzas políticas y de las partes involucradas en la reforma constitucional para lograr el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas.
Dicha iniciativa planteaba reformas a los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
La reforma propuesta al artículo 4 constitucional, que finalmente fue plasmada parcialmente en el artículo 2º, planteaba el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación; el reconocimiento del derecho a decidir sus formas de convivencia y organización económica, política y social, el derecho a aplicar sus sistemas normativos en la solución de conflictos internos, el derecho a elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno, la facultad de acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entre otras propuestas.
La reforma al artículo 18 planteaba una forma alternativa para que los indígenas sentenciados pudiesen compurgar sus penas cerca de sus domicilios.

La reforma planteada al artículo 26 proponía que los pueblos y comunidades indígenas pudieran tener participación en los planes y programas de desarrollo y que el Estado les garantizara su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional.

La iniciativa contemplaba 2 propuestas de reforma electoral, una de ellas estaba alojada en el artículo 53 y la otra en el artículo 116, la primera planteaba un rediseño de las demarcaciones, distritos uninominales, así como de las circunscripciones plurinominales de tal forma que fuera considerada la ubicación de los pueblos indígenas para garantizar su participación y representación políticas en el ámbito nacional.

La otra reforma electoral planteada al artículo 116 buscaba garantizar la representación política de los pueblos indígenas haciendo una redistritación electoral para ajustar los distritos conforme a la distribución geográfica de los pueblos indígenas.

Se propuso reformar el artículo 73 para dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir las leyes que garantizaran la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer cumplir los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas.

La reforma al artículo 115 planteaba entre otras cosas que hubiera mecanismos que permitieran la participación ciudadana en la programación evaluación, y control de los recursos destinados al desarrollo social a nivel municipal.

La propuesta planteaba que las comunidades indígenas al ser consideradas como entidades de derecho público podrían asociarse libremente para coordinar sus acciones con los municipios que hubiesen reconocido su pertenencia a un pueblo indígena.

Finalmente, la iniciativa planteaba que previa consulta con las poblaciones, los congresos locales legislarían a fin de hacer una remunicipalización en aquellos territorios en los que estuviesen asentados los pueblos indígenas.

El 25 de abril de 2001, cuatro meses después de la presentación de la Iniciativa de la ley COCOPA en la Cámara de Senadores, las comisiones unidas de puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos presentaron al pleno el dictamen de reforma constitucional con modificaciones a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115. En el dictamen no se incorporaron las propuestas de la Ley COCOPA a los artículos 18, 26, 53, 115 y 116.

El dictamen incorporó en el artículo 2 los derechos y cultura indígena que habían sido originalmente planteados en el artículo 4. Sin embargo, quedaron pendientes las reformas con relación a democracia y justicia; y bienestar y desarrollo.

La reforma al artículo 2 plasmada en el dictamen generó una amplia controversia en la Cámara de Diputados porque contenía modificaciones que suprimían la calidad que originalmente se había proyectado para habilitar a las comunidades indígenas como entidades de derecho público con personalidad jurídica y en su lugar se les confirió un estatus de entidades de interés público. Por otro lado, el apartado B del mismo artículo, prevé suplantar derechos por políticas asistencialistas, lo cual es contrario al espíritu de la Ley COCOPA. 


El 28 de abril del 2001 la cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la minuta del senado en sus términos con 386 votos a favor, 60 en contra y 2 abstenciones.

Posteriormente se turnó a las Legislaturas de los Estados y se obtuvieron 16 votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz; y 8 votos en contra de los Congresos de los Estados de Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

El 18 de julio de 2001 la Comisión Permanente hizo la declaratoria Constitucional y el 4 de agosto del mismo año, el Ejecutivo Federal publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
Reconociendo que la reforma Constitucional del 2001 en materia indígena avanzó, pero no incorporó propuestas fundamentales de la Iniciativa de Ley COCOPA, pongo a consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa que las recupera. De esta manera los Acuerdos de San Andrés Larráinzar vuelven a estar a consideración del Poder Legislativo.

Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de las Cámaras del Congreso la presente iniciativa con proyecto de:


DECRETO


ÚNICO.- Se REFORMA la fracción III, la fracción VI y el último párrafo del apartado A del artículo 2; Se DEROGA el párrafo cuarto y el apartado B del artículo 2; Se ADICIONA un octavo párrafo recorriéndose el subsecuente al artículo 18; un tercer párrafo a la fracción A del artículo 26 recorriéndose el subsecuente párrafo; un segundo párrafo el artículo 53 recorriéndose el subsecuente párrafo; la fracción XXIV del artículo 73 recorriéndose las subsecuentes fracciones; un segundo párrafo a la fracción V y las fracciones IX y X del artículo 115; y un cuarto párrafo a la fracción II del artículo 116 recorriéndose los subsecuentes párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:


Artículo 2o. (…)

(…)

(…)

Se deroga

(…)

A (…)

I. – II…

III. Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad;

IV.- V(…)

VI.- Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquéllos cuyo dominio directo corresponde a la Nación;


VIII (…)

Las Constituciones y las leyes de los Estados de la República, conforme a sus particulares características, establecerán las modalidades pertinentes para la aplicación de los principios señalados, garantizando los derechos que esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas.

B.- Se Deroga.

Artículo 18.- …

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Los indígenas podrán compurgar sus penas preferentemente en los establecimientos más cercanos a su domicilio, de modo que se propicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial de readaptación social.

(…)

Artículo 26.-

A.- …

(....)

(....)



La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional.

(....)

B…

(…)

(…)

(…)

(…)


Artículo 53.- (....)

Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y representación políticas en el ámbito nacional.

(....)

Artículo 73.- …

I. – XXIII …

XXIV.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto de los pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de cumplir los fines previstos en los artículos 1º, 2º y 115 de esta Constitución;

XXV.- (…)

XXVI.- (…)

XXVII.- (…)

XXVIII.- (…)

XXIX.- (…)

XXX.- (…)

XXX-B. - (…)

XXX-C.- (…)

XXX-D.- (…)

XXX-E.- (…)

XXX-F.- (…)

XXX-G.- (…)

XXX-H.- (…)

XXX-I.- (…)

XXX-J.- (…)

XXX-K.- (…)

XXX-L.- (…)

XXX-M.- (…)

XXX-N. - (…)

XXX-Ñ. - (…)

XXX-O.- (…)

XXX-P. - (…)

XXX-Q. - (…)

XXXI.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Artículo 115…

I.- IV (…)

V (…)

En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán participación a los núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción municipal, en los términos que establezca la legislación local. En cada municipio se establecerán mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social;

…

VI. a VIII. (....)

IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa.

Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles, y

X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional. La legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de ese derecho.

Las Legislaturas de los Estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.

Artículo 116.- (....)
(....)
I. (....)

II.- (…)

(…)

(…)

Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las Legislaturas de los Estados por el principio de mayoría relativa, los distritos electorales deberán ajustarse conforme a la distribución geográfica de dichos pueblos.
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

III. a VII. (....)











TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar las leyes federales correspondientes, de conformidad a lo dispuesto por el presente decreto, en un plazo no mayor a un año, a partir de la entrada en vigor de éste.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente decreto.

SUSCRIBEN


Dip. Fernando Belaunzarán Méndez


Dip. Vicario Portillo Martínez Dip. Agustín Miguel Alonso Raya

Dip. Jhonatan Jardines Fraire Dip. Roberto Carlos Reyes Gámiz





Recinto Legislativo de la Comisión Permanente, 16 de Enero de 2013

2013: EL NUEVO ESCENARIO

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

El anquilosado sistema político mexicano, por fin, se está moviendo. Tres lustros de empantanamiento que hicieron perder ímpetu a la transición democrática, al grado de prefigurar severos riesgos de regresión, parecen haber terminado. Por distintas razones, las principales fuerzas políticas rompieron la regla no escrita de subordinar su actuación al cálculo electoral inmediato y decidieron construir acuerdos de gran alcance. Entendieron que sólo juntos podrían enfrentar las redes de intereses muy diversos que se benefician de que, en su respectivo ámbito, todo siga igual en detrimento del interés nacional y que, en los hechos, están imponiendo sus condiciones al Estado. Las apuestas de cada uno son altas… y los riesgos también.

Nadie se engaña. Es claro que Enrique Peña Nieto está ganando capital político con el Pacto por México. Además de la gobernabilidad obtenida al garantizar las amplias mayorías legislativas a favor de las reformas de gran calado convenidas, que no es poca cosa, se muestra socialmente como el conductor de los cambios por ser el titular del Poder Ejecutivo. Ése es el costo que correctamente decidió asumir la oposición, tanto de derecha como de izquierda, a cambio de lograr que partes sustanciales de sus respectivas agendas fueran incorporadas en los compromisos y contribuir con la construcción de un régimen funcional que sea capaz de atender las necesidades actuales y proyectarse al futuro; salir del marasmo estructural en el que se había caído como resultado de una transición inconclusa y en proceso de descomposición. Más allá del cálculo de quien gana más en términos facciosos, lo cierto es que México, como nación, se beneficia.

Es muy probable que la apuesta del PRI y EPN sea reducir a los poderes fácticos al control del Estado para que el Presidente vuelva a tener la supremacía que perdió; pero lo cierto es que el país y la sociedad se benefician de que las instituciones y la ley no estén sometidas a intereses particulares y monopólicos. Además, los compromisos establecidos en materia política, si se cumplen, contribuirán a consolidar la democracia, pues establecen equilibrios, contrapesos, rendición de cuentas, elecciones equitativas y corresponsabilidad en el rumbo del país.

Tres momentos críticos pondrán a prueba la voluntad de los partidos para cumplir con la ambiciosa agenda establecida en el Pacto por México. Si bien la reforma educativa fue la prenda de que el asunto iba en serio, la prueba de fuego vendrá con la reforma en telecomunicaciones. Elba Esther, sin duda fuerte, se ve pequeña frente al gran poder mediático. Las presiones serán enormes. Pasando esa aduana, vendrá lo que debe hacer viable los compromisos presupuestales del acuerdo. La reforma hacendaria, que debe ser presidida por la agenda anticorrupción, resulta vital e indispensable. Es correcto ahorrar con políticas de austeridad, pero resulta absolutamente insuficiente para el tamaño de lo comprometido, entre otras cosas el sistema de salud universal, seguro de desempleo y reducir a 65 años la edad para recibir el apoyo a adultos mayores. El populismo de derecha en el mundo se basa en lucrar con la general antipatía a los impuestos y es previsible que los enemigos del pacto vean ahí una oportunidad para que aborte. Sin una mayor recaudación -y no me refiero a cobrar IVA en medicinas y alimentos- el gran acuerdo suscrito se volverá utópico. Las grandes corporaciones saben que en la mira está terminar con regímenes especiales, por lo que es de esperarse que gritarán gustosos “no más impuestos”, incluso del brazo de quien suelen mirar como adversario.

La tercera prueba está fuera del pacto, pero es un punto central en la agenda nacional de este año. Las catorce elecciones locales polarizarán de manera natural el escenario, sobre todo porque se vislumbran alianzas opositoras amplias que le disputarán en serio al PRI en dichos estados. Al garantizar la pluralidad política, estos frentes electorales contribuirán también a consolidar la democracia y a impedir que el país vuelva a pintarse de un solo color como sucedía en el viejo régimen. La lucha por el poder no debe volver a ser un trámite en ninguna parte del territorio nacional. Mantener el acuerdo en sus amplios alcances en medio de una lucha política intensa será un reto que pondrá a prueba la responsabilidad y la voluntad de los actores de cambiar al país. 2013, un año vital…

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PACTO POR MÉXICO
Fernando Belaunzarán

Acabó un sexenio muy difícil y doloroso para México. Más allá de la estabilidad macroeconómica en tiempos de crisis económicas en el mundo, que se debe valorar, la administración de Felipe Calderón tiene muy poco que presumir. Además de que la violencia entró en una espiral incontenible dejando a su paso una estela de dolor, destrucción y muerte dentro del callejón sin salida del prohibicionismo como paradigma para enfrentar el mercado de las drogas ilegales, el desempleo, la pobreza y la falta de calidad y cobertura educativas, por decir sólo algunos de los grandes problemas, son signos visibles en el rostro actual del país. Repetir la historia o mantener el estado de las cosas sería nefasto.

¿Cómo cambiar a México en el contexto de gobiernos de minoría que por sí solos no pueden llevar a cabo reformas de gran calado y cuando hay más incentivos para la confrontación que para los acuerdos? Si Enrique Peña Nieto abrigó la posibilidad de tener control de las Cámaras y tener gobernabilidad a la vieja usanza es obvio que el resultado electoral dio al traste a su anhelo, pues la sociedad mexicana volvió a mostrar su pluralidad y se reprodujo la situación que predomina en el país desde 1997, fecha en la que el PRI perdió la mayoría absoluta en San Lázaro. En los próximos seis años, EPN tendrá que lidiar con un Senado en el que su partido es minoría. Seguir como estamos, lo sabemos todos, es mantener al país en el pantano.

Si Peña Nieto quiere tener mejor suerte que Fox y Calderón debe conformar mayorías en las Cámaras, pero no puede mediante la disciplina, como ocurriría si su partido las dominara, sino compartiendo una agenda común con los principales partidos de oposición y, por lo mismo, aceptando una parte importante y fundamental de sus propuestas. Eso es lo que explica “El Pacto por México” y, quizás, también el deseo de relajar la presión del yugo con el que los poderes fácticos ejercen sobre las instituciones en demérito del poder presidencial al que tan devotos son los priistas. Pero, en cualquier caso, hizo bien la oposición en participar de la construcción del gran acuerdo que, según lo estipulado, permite retomar el camino de la transición que hasta antes de la vislumbraba con fuertes riesgos de regresión y, lo que no es menos importante, dotar de una agenda social importante, enfrentar cacicazgos perniciosos como el que impide mejorar la calidad educativa y promover la competencia donde hoy reinan los monopolios.

¿Cuál es la alternativa a los grandes acuerdos para cambiar a México? Todas las respuestas que se me ocurren serían perniciosas. La intención de desestabilizar al gobierno tachado de “ilegítimo” para apresurar su final fue lo que fracasó en el pasado sexenio y resultó a tal grado contraproducente que el PRI se encuentra de regreso en los Pinos, pues fue el beneficiario de la polarización y descomposición políticas. El retorno al autoritarismo sería un despropósito que echaría a la basura cuatro décadas de lucha por la democracia en el país. Esperar a que la situación se siga descomponiendo para que en 2018, por fin, el hartazgo lleve a la elección de un presidente “bueno” que cambie todo en virtud únicamente de su voluntad inquebrantable, aunque esté de cualquier manera obligado a construir acuerdos con los partidos a los que ahora descalifica -a menos, claro, que piense disolver el Congreso-, resulta muy irresponsable, pues si tenemos otros seis años como los últimos, muchísima gente pagaría las consecuencias. Apostar a la crisis es poner por delante la ambición de poder sobre los intereses de las personas.

El Pacto por México es un acuerdo muy ambicioso y, por lo mismo, es natural el escepticismo sobre su cumplimiento. Sin embargo, al estar firmado de cara a la opinión pública y con tal bombo y platillo, el costo de no hacerlo realidad sería alto para quien se eche para atrás. Siempre es mejor tener un papel firmado con las causas que se pelean que no tener nada. Además, la comisión de seguimiento y evaluación del pacto será conformada con personalidades y miembros de la sociedad de gran prestigio y honorabilidad, cuya autoridad moral nadie va a poder soslayar. Y si eso fuera poco, el poder creciente de las redes sociales no perdonaría al incumplido. Por supuesto que no hay garantía al 100%, nunca la hay, pero es un riesgo que vale la pena correr por bien del país.

Mención especial merece la firma del Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano. Lo hizo a pesar de que un bloque encabezado por René Bejarano se opuso a que suscribiera el Pacto por México. Con esa audacia, Zambrano elevo su presencia y autoridad política, pues se muestra como estadista al rechazar ser rehén de tribus y poner por delante el interés del país por sobre consideraciones facciosas. El respaldo que le dieron los gobernadores de izquierda y el jefe de Gobierno electo del DF, Miguel Mancera, adelantan que, junto con su proyección hacia fuera, saldrá bien librado hacia dentro. Y es que tiene las de ganar, pues fueron incorporadas muchas propuestas de gran importancia para la izquierda. Por eso no extraña que las críticas se centren en las formas y no en el contenido del acuerdo.

Si se hace un comparativo entre la Agenda Legislativa del PRD, la Plataforma Electoral de AMLO 2012 y el Pacto por México se nota de manera ostensible la semejanza esencial en muchas de las propuestas. Por eso, será muy difícil que prospere la oposición del bloque bejaranista. ¿Acaso van a votar en contra de sus propios planteamientos? ¿Se opondrán al seguro de desempleo, al 65 y más, a la seguridad universal? ¿No apoyarán la regulación de la contratación de deuda de estados o municipios o bloquearán la competencia en telefonía, radio y televisión? Llama Bejarano a una reforma electoral sin darse cuenta que ya está incorporada en el texto con los puntos del acuerdo. Es falso que esté en el pacto la privatización de PEMEX y el IVA en alimentos y medicinas y si el PRI o el PAN lo proponen tendrán en contra a todo el grupo parlamentario del PRD. Entonces, ¿a qué se van a oponer de lo signado, los legisladores de ese bloque opositor a Zambrano? Les va a costar trabajo encontrar en qué votar en contra, a pesar de que es su costumbre.

Se entiende más la oposición de AMLO, aunque en campaña no dejó de plantear la necesidad de la reconciliación entre todas las fuerzas políticas. Además de estar inmerso en la construcción de un nuevo partido, que no es cosa fácil, sólo puede vislumbrarse su tercera candidatura en un contexto de alta confrontación, en una narrativa del “bueno” frente a los “malos”. Aunque sea la misma propuesta, él sólo la acepta si está al frente del gobierno y desde la presidencia llama a la colaboración del PRI y del PAN. Se entiende que desde su perspectiva no puede haber cambio en el país a menos que él lo lleve a cabo desde la cúspide del poder. Respeto su convicción, aunque no la comparta y me parezca grave buscar que el hartazgo sea la llave para ganar la elección tras largos seis años de una película ya vista.

El Pacto por México va y lo respaldaré con todo, exigiendo en todo momento su cumplimiento en los plazos acordados. Está demás decir que asumo la responsabilidad plenamente ante el país, sus ciudadanos, los electores de la izquierda, mis compañeros de partido y, por supuesto, frente a la historia.

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