lunes, 3 de diciembre de 2012

PACTO POR MÉXICO
Fernando Belaunzarán

Acabó un sexenio muy difícil y doloroso para México. Más allá de la estabilidad macroeconómica en tiempos de crisis económicas en el mundo, que se debe valorar, la administración de Felipe Calderón tiene muy poco que presumir. Además de que la violencia entró en una espiral incontenible dejando a su paso una estela de dolor, destrucción y muerte dentro del callejón sin salida del prohibicionismo como paradigma para enfrentar el mercado de las drogas ilegales, el desempleo, la pobreza y la falta de calidad y cobertura educativas, por decir sólo algunos de los grandes problemas, son signos visibles en el rostro actual del país. Repetir la historia o mantener el estado de las cosas sería nefasto.

¿Cómo cambiar a México en el contexto de gobiernos de minoría que por sí solos no pueden llevar a cabo reformas de gran calado y cuando hay más incentivos para la confrontación que para los acuerdos? Si Enrique Peña Nieto abrigó la posibilidad de tener control de las Cámaras y tener gobernabilidad a la vieja usanza es obvio que el resultado electoral dio al traste a su anhelo, pues la sociedad mexicana volvió a mostrar su pluralidad y se reprodujo la situación que predomina en el país desde 1997, fecha en la que el PRI perdió la mayoría absoluta en San Lázaro. En los próximos seis años, EPN tendrá que lidiar con un Senado en el que su partido es minoría. Seguir como estamos, lo sabemos todos, es mantener al país en el pantano.

Si Peña Nieto quiere tener mejor suerte que Fox y Calderón debe conformar mayorías en las Cámaras, pero no puede mediante la disciplina, como ocurriría si su partido las dominara, sino compartiendo una agenda común con los principales partidos de oposición y, por lo mismo, aceptando una parte importante y fundamental de sus propuestas. Eso es lo que explica “El Pacto por México” y, quizás, también el deseo de relajar la presión del yugo con el que los poderes fácticos ejercen sobre las instituciones en demérito del poder presidencial al que tan devotos son los priistas. Pero, en cualquier caso, hizo bien la oposición en participar de la construcción del gran acuerdo que, según lo estipulado, permite retomar el camino de la transición que hasta antes de la vislumbraba con fuertes riesgos de regresión y, lo que no es menos importante, dotar de una agenda social importante, enfrentar cacicazgos perniciosos como el que impide mejorar la calidad educativa y promover la competencia donde hoy reinan los monopolios.

¿Cuál es la alternativa a los grandes acuerdos para cambiar a México? Todas las respuestas que se me ocurren serían perniciosas. La intención de desestabilizar al gobierno tachado de “ilegítimo” para apresurar su final fue lo que fracasó en el pasado sexenio y resultó a tal grado contraproducente que el PRI se encuentra de regreso en los Pinos, pues fue el beneficiario de la polarización y descomposición políticas. El retorno al autoritarismo sería un despropósito que echaría a la basura cuatro décadas de lucha por la democracia en el país. Esperar a que la situación se siga descomponiendo para que en 2018, por fin, el hartazgo lleve a la elección de un presidente “bueno” que cambie todo en virtud únicamente de su voluntad inquebrantable, aunque esté de cualquier manera obligado a construir acuerdos con los partidos a los que ahora descalifica -a menos, claro, que piense disolver el Congreso-, resulta muy irresponsable, pues si tenemos otros seis años como los últimos, muchísima gente pagaría las consecuencias. Apostar a la crisis es poner por delante la ambición de poder sobre los intereses de las personas.

El Pacto por México es un acuerdo muy ambicioso y, por lo mismo, es natural el escepticismo sobre su cumplimiento. Sin embargo, al estar firmado de cara a la opinión pública y con tal bombo y platillo, el costo de no hacerlo realidad sería alto para quien se eche para atrás. Siempre es mejor tener un papel firmado con las causas que se pelean que no tener nada. Además, la comisión de seguimiento y evaluación del pacto será conformada con personalidades y miembros de la sociedad de gran prestigio y honorabilidad, cuya autoridad moral nadie va a poder soslayar. Y si eso fuera poco, el poder creciente de las redes sociales no perdonaría al incumplido. Por supuesto que no hay garantía al 100%, nunca la hay, pero es un riesgo que vale la pena correr por bien del país.

Mención especial merece la firma del Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano. Lo hizo a pesar de que un bloque encabezado por René Bejarano se opuso a que suscribiera el Pacto por México. Con esa audacia, Zambrano elevo su presencia y autoridad política, pues se muestra como estadista al rechazar ser rehén de tribus y poner por delante el interés del país por sobre consideraciones facciosas. El respaldo que le dieron los gobernadores de izquierda y el jefe de Gobierno electo del DF, Miguel Mancera, adelantan que, junto con su proyección hacia fuera, saldrá bien librado hacia dentro. Y es que tiene las de ganar, pues fueron incorporadas muchas propuestas de gran importancia para la izquierda. Por eso no extraña que las críticas se centren en las formas y no en el contenido del acuerdo.

Si se hace un comparativo entre la Agenda Legislativa del PRD, la Plataforma Electoral de AMLO 2012 y el Pacto por México se nota de manera ostensible la semejanza esencial en muchas de las propuestas. Por eso, será muy difícil que prospere la oposición del bloque bejaranista. ¿Acaso van a votar en contra de sus propios planteamientos? ¿Se opondrán al seguro de desempleo, al 65 y más, a la seguridad universal? ¿No apoyarán la regulación de la contratación de deuda de estados o municipios o bloquearán la competencia en telefonía, radio y televisión? Llama Bejarano a una reforma electoral sin darse cuenta que ya está incorporada en el texto con los puntos del acuerdo. Es falso que esté en el pacto la privatización de PEMEX y el IVA en alimentos y medicinas y si el PRI o el PAN lo proponen tendrán en contra a todo el grupo parlamentario del PRD. Entonces, ¿a qué se van a oponer de lo signado, los legisladores de ese bloque opositor a Zambrano? Les va a costar trabajo encontrar en qué votar en contra, a pesar de que es su costumbre.

Se entiende más la oposición de AMLO, aunque en campaña no dejó de plantear la necesidad de la reconciliación entre todas las fuerzas políticas. Además de estar inmerso en la construcción de un nuevo partido, que no es cosa fácil, sólo puede vislumbrarse su tercera candidatura en un contexto de alta confrontación, en una narrativa del “bueno” frente a los “malos”. Aunque sea la misma propuesta, él sólo la acepta si está al frente del gobierno y desde la presidencia llama a la colaboración del PRI y del PAN. Se entiende que desde su perspectiva no puede haber cambio en el país a menos que él lo lleve a cabo desde la cúspide del poder. Respeto su convicción, aunque no la comparta y me parezca grave buscar que el hartazgo sea la llave para ganar la elección tras largos seis años de una película ya vista.

El Pacto por México va y lo respaldaré con todo, exigiendo en todo momento su cumplimiento en los plazos acordados. Está demás decir que asumo la responsabilidad plenamente ante el país, sus ciudadanos, los electores de la izquierda, mis compañeros de partido y, por supuesto, frente a la historia.

Sígueme en twitter: @ferbelaunzaran

jueves, 15 de noviembre de 2012

INICIATIVA PARA REGULAR LA CANNABIS Y ATENDER ADICCIONES

Que expide la Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de Fernando Belaunzarán Méndez y suscrita por Agustín Miguel Alonso Raya, diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Debido al alarmante crecimiento del crimen organizado y de todos los fenómenos destructivos que genera la producción, el procesamiento, el tráfico, la venta y el consumo ilegal de sustancias prohibidas, como son la violencia, la fármaco dependencia y adicciones, la desarticulación de las familias y del tejido social, la cooptación de las personas, sobre todo hombres y mujeres jóvenes a las filas de las bandas criminales, la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras gubernamentales a todos los niveles; así como de los circuitos financieros locales, nacionales y globales; y ante la evidencia de que la llamada guerra contra el narcotráfico no sólo ha dado los resultados que el gobierno federal esperaba, sino que esta fallida estrategia ha disparado la violencia y la inseguridad como lo demuestran las más de 60 mil muertes registradas en la presente administración; se hace evidente y urgente el cambio de paradigma para enfrentar el problema del tráfico ilegal de drogas, haciendo énfasis en la educación y la necesidad de promover el ejercicio responsable de la libertad, en lugar de la política punitiva y meramente represiva que, como es notorio, ha fracasado. Por ello, planteamos como uno de las rutas estratégicas alternas la regulación de la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de la Cannabis y sus productos derivados, para sustraer de manos criminales un importante mercado, y minimizar y reparar los daños sociales que genera esta actividad ilegal, en virtud de ser actualmente la sustancia ilegal de mayor consumo en México y en el mundo y que más recursos económicos genera al crimen organizado.

Argumentos

Las sociedades contemporáneas padecen el flagelo del crimen organizado y el narcotráfico se ha consolidado como la actividad principal vista de manera global. El tráfico ilegal de sustancias prohibidas, que también implica la producción y el procesamiento ilegal de las mismas, involucra a millones de personas en el mundo y produce incalculables ganancias anuales. El poderío económico del crimen organizado le permite infiltrar estructuras gubernamentales y financieras en todo el globo, y han mostrado en nuestro país y en otras regiones de América Latina tener una capacidad bélica superior a las policías y, en algunos casos, equiparables a los ejércitos regulares, incluido armamento ligero y pesado de última generación.

Si analizamos el desarrollo de las sustancias prohibidas durante el siglo XX y lo que va del XXI, sabiendo por supuesto, que muchas de ellas son milenarias y han acompañado a las sociedades desde épocas remotas, podemos concluir que los gobiernos optaron por la misma estrategia, tanto para la producción de los opiáceos en 1909, en la Comisión sobre el Opio en Shangai y en la Conferencia Internacional en La Haya que resultó en la Convención Internacional del Opio de 1912, hasta para la producción química de enervantes, las famosas “piedras”, a finales del mismo siglo XX, la estrategia fue regulación restrictiva de todas las sustancias psicoactivas orientadas hacia el uso médico y hacia la prohibición de cualquier otro tipo de uso.

Así se fueron orientando las políticas de los diferentes países del mundo, a través de Convenciones antes de 1946 y ya con el auspicio de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. La Organización de Naciones Unidas asumió la responsabilidad del control de las drogas ilícitas, al crear la Comisión de Estupefacientes en el marco del Consejo Económico y Social. Esta tardó hasta 1961 en consolidar una normatividad internacional a través de la Convención Única sobre Estupefacientes, mientras derogaba gran parte de las convenciones que le antecedieron. Los esfuerzos de esta Comisión a lo largo de sus 50 años de vida han consistido en limitar los usos de las drogas clasificadas a aquellos “médicos y de investigación científica”. Con ello se ha pretendido eliminar cualquier otra razón o forma de uso, incluso si este es tradicional en alguna localidad o pueblo originario. Para 1988 la política punitiva anti uso de drogas se recrudecía con la firma de la Convención contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Drogas psicotrópicas que tipificó penalmente y obligatoriamente la posesión de drogas para el consumo personal alrededor del mundo.

Hoy, en el primer tramo de nuestro siglo, podemos afirmar que justamente la prohibición, como política de Estado, no ha podido acabar con este flagelo, y al parecer, atendiendo a la estadística del mercado y de los estudios mundiales de adicciones, en los hechos, ha contribuido para el desarrollo exponencial del negocio ilícito. Es obvio que los países con industria bélica se han beneficiado del negocio.

Dicho de otra manera, más coloquial, a pesar de que las sustancias están prohibidas, sobre todo en cuanto a su libre producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, en realidad se producen, procesan, distribuyen, venden y consumen globalmente en un lucrativo negocio al amparo del mercado “negro”, generando violencia, adicción, criminalidad, ganancias multimillonarias al crimen organizado, descomposición social y corrupción en los gobiernos.

Con independencia de los propósitos de la Prohibición como política de Estado que se impulso desde hace un siglo debemos revisar con toda responsabilidad y sinceridad la pertinencia de mantenerlo, en virtud de sus resultados, puesto que el consumo de sustancias prohibidas no ha dejado de incrementarse y se han generado males sociales muy perniciosos como el de la violencia desbordada. Por lo anterior se hace indispensable cambiar de paradigma como punto de partida para construir políticas de Estado más eficaces en la lucha contra las adicciones y contra el manejo ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Desde hace más de 25 años, varios países como Alemania, Australia, Brasil, Canadá, España, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suiza, han promovido políticas alternativas al enfoque prohibicionista que generalmente son conocidas como de reducción de daños.

Resulta obvio pensar que un cambio de paradigma, que implica un nuevo enfoque y un cambio cultural profundo debemos hacerlo con responsabilidad y con rigor científico y jurídico; pero también es cierto que debemos hacerlo ya.

De hecho al ver que la prohibición no resolvía el problema del incremento de las adicciones y del tráfico ilegal de las sustancias prohibidas, el debate internacional y regional volvió a cobrar fuerza. En 2008, los ex presidentes de México, Ernesto Zedillo, de Colombia, César Gaviria, y de Brasil, Fernando Enrique Cardoso impulsaron la creación de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, promoviendo la despenalización –no la legalización- de la Marihuana.

En años recientes varios estados de la Unión Americana han dado importantes pasos para la despenalización y la regulación de la Marihuana y ya son 18 estados que han decidido establecer la llamada cannabis médica, como es el caso de California. Pero la reciente decisión de los ciudadanos de Colorado y Washington representa un parte aguas, pues en ellos se reconoce la posibilidad de consumirla legalmente con fines recreativos. Vale la pena preguntarse si es pertinente mantener la “guerra” para que la cannabis no ingrese a Estados Unidos, cuando en ese país ya está permitida. Recordemos que la mayor parte de la marihuana que se produce en México se consume en dicho país.

Las regulaciones a la cannabis aprobadas en el país vecino son muy estrictas, pero están intentando promover una nueva conciencia y una nueva cultura para atender el problema de las adicciones con fondos generados a partir de impuestos y diversos trámites necesarios para normar la producción, el procesamiento, la distribución, la venta y el consumo del Cannabis y sus productos derivados.

También es digno de reconocer que aunque el presidente saliente de México se opuso activamente a que avanzara la regulación de la Marihuana en el estado de California, fue él mismo quien impulsó en nuestro país la reforma conocida como la “Ley de Narcomenudeo” reformando la Ley General de Salud, los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, para establecer un tope máximo de portación de narcóticos para consumo personal y para promover mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno y precisar la corresponsabilidad del Gobierno Federal con los gobiernos locales en materia de prevención, sanción e investigación en el combate al narcotráfico. Y no está de más recordar que el propio Felipe Calderón se ha pronunciado recientemente, tanto en la ONU como en otros foros, por analizar las implicaciones de las regulaciones a la cannabis en distintos estados de la Unión Americana y discutir la conveniencia de revisar el actual paradigma prohibicionista.

El avance principal de este incipiente marco jurídico es la clara diferenciación que logra la Ley de Narcomenudeo entre un usuario, un farmacodependiente, un narcomenudista y un narcotraficante. También a partir de esta reforma se establecen las cantidades que puede portar un usuario sin ser considerada esta posesión como un delito, quedando para la marihuana 5 gramos, opio 2 gramos, cocaína 500 mg, heroína, 50 mg, metilendioxianfetamina 40 mg, y LSD 0.015 mg.

La idea de proponer una regulación rigurosa para la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de la Cannabis y sus derivados, parte de los datos concretos recabados por las autoridades competentes en México mismos que se reflejan en la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, la última que se ha publicado, en donde se establece con claridad que la marihuana es la droga más usada. La han consumido el 4.2% de las personas entre los 12 y 65 años. La encuesta revela que en los últimos años, la adicción a la Marihuana ha crecido sobre todo entre los hombres de 1.7 a 2.2%. En las mujeres se ha mantenido prácticamente igual, en el rango del 1.1 %. La población consumidora representa en México el 1.2% sobre la población general, duplicando la adicción a la cocaína y otras drogas que está en el rango del 0.5% de la población. La evidencia es contundente para poder afirmar que la Cannabis es la sustancia psicoactiva que más se consume en nuestro país y de la cual existe el mayor número de adictos y adictas.

La Ley General para el Control de la Cannabis, la atención de las Adicciones y la Rehabiliación, y las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley Federal de Derechos, y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que propongo, para la consideración de esta soberanía, proveerán un marco jurídico riguroso para regular la producción, el procesamiento, la distribución, la venta y el consumo de la Cannabis y sus derivados y también reforzarán las medidas legales y penales en contra de cualquier abuso que exceda los ámbitos de control, contra la venta del producto a menores de edad y también nos permitirá sustraer a la Cannabis y a todo el mercado que genera de las manos de las organizaciones ilegales y criminales, además de que generará un Fondo para la prevención y la atención de las Adicciones.

La mejor política frente a las drogas es la que busca reducir el consumo mediante la persuasión racional basada en información científica. La educación y el convencimiento siempre serán mejores y más efectivos que la represión y la coacción. Finalmente, el ser humano decide con acuerdo a su conciencia qué hacer con su vida y su organismo. Por ello mismo, el gran reto cultural que tenemos es el de promover el ejercicio responsable de la libertad, algo que ninguna ley puede suplir.

Esta propuesta de reforma prevé mecanismos de regulación para el consumo controlado de la Cannabis para personas mayores de edad, y añade penas muy severas para quienes distribuyan y vendan a menores de edad.

El marco jurídico que se propone, también permitirá generar nuevos recursos fiscales que serán utilizados en favor del combate a las adicciones, de la educación, de la salud, de la investigación científica y de la prevención en contra del uso abusivo de la Cannabis y sus productos derivados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención de las Adicciones y la Rehabilitación y que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Derechos, y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Decreto por el que se expide la Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación, y que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Derechos, y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo Primero. Se expide la Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación, en los siguientes términos:

Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención de las Adicciones y la Rehabilitación

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente la Ley General de Salud.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto regular la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de los productos derivados de la Cannabis

Artículo 3. La orientación, prevención, producción, distribución, comercialización, muestreo, verificación y en su caso la aplicación de medidas de seguridad y sanciones relativas al procesamiento de los productos de la cannabis, serán reguladas bajo los términos establecidos en esta Ley y en la Ley General de Salud.

Artículo 4. La Secretaría de Salud será la responsable de coordinar las siguientes acciones:

I. Prevenir el consumo de productos derivados de la Cannabis;

II. Alertar a la población de los efectos físicos y psicológicos de la Cannabis;

III. Llevar a cabo el Control sanitario del proceso productivo de los derivados de la Cannabis;

IV. Establecer los lineamientos generales para la certificación de las licencias sanitarias para la producción y autoproducción de la Cannabis;

V. Establecer los lineamientos generales para el consumo de la Cannabis y

VI. Establecer los lineamientos para el Tratamiento y Rehabilitación de la dependencia a la Cannabis u otras sustancias.

Artículo 5. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Cannabis: Sustancia Psicoactiva tomada del cáñamo (Cannabis sativa, híbrida, índica y americana o marihuana).

II. Productos derivados de la Cannabis: cigarrillos, cogollos secos y desmenuzados para pipas e infusiones.

III. Control sanitario: Conjunto de acciones que realiza la Secretaría de Salud para verificar el cumplimiento de las normas en el proceso de producción y en la autoproducción de la Cannabis y en su caso, aplicación de sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud y otras autoridades competentes, con base en lo que establecen esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

IV. Licencia Sanitaria: La Secretaría de Salud emitirá la licencia sanitaria, de conformidad con lo que establezca el Reglamento correspondiente.

V. Industria de la Cannabis: Es la conformada por los productores autoproductores, fabricantes, distribuidores y comercializadores;

VI. Producción Industrial: Es la Producción destinada a la comercialización.

VII. Distribución: La acción de vender productos de la Cannabis para fines comerciales;

VIII. Autoproducción: Es la producción limitada a 5 plantas de Cannabis sativa, híbrida, índica y americana o marihuana para consumo personal.

IX. Denuncia Ciudadana: Notificación hecha a la autoridad competente por cualquier persona respecto de los hechos de incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables;

X. Ley: Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación;

XI. Fondo: Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación a los consumidores de la Cannabis establecido en la Ley de ingresos.

XII. Programa: Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación de las adicciones

XIII. Secretaría: La Secretaría de Salud;

XIV. Verificador: Funcionario o funcionaria de la Secretaría que tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Atribuciones de la Autoridad

Artículo 6. La aplicación de esta Ley estará a cargo de la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Procuraduría General de la República y otras autoridades competentes.

Artículo 7. La Secretaría aplicará esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 8. La Secretaría coordinará las acciones que se desarrollen para prevenir y tratar la dependencia a los productos derivados de la Cannabis, promoverá y organizará los servicios de detección temprana, orientación y atención a adictos que deseen abandonar el consumo, investigará sus causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y desarrollará acciones permanentes para informar sobre las consecuencias físicas que genera el consumo de productos derivados de la cannabis.

Artículo 9. Son facultades de la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables:

I. Coordinar todas las acciones relativas al control sanitario de los productos de la Cannabis;

II. Establecer métodos de análisis para evaluar que la fabricación y procesamiento de los productos derivados de la Cannabis se realice de conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Determinar a través de disposiciones de carácter general la producción industrial de la Cannabis;

IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general lo relativo a las características, especificaciones y procedimientos relacionados con la autoproducción de la Cannabis.

V. Emitir y en su caso revocar las licencias correspondientes para la producción, autoproducción, fabricación, distribución y venta de los productos de la Cannabis;

VI. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del Programa Nacional de Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación a los consumidores de la Cannabis, y

VII. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas para la prevención del consumo y para el tratamiento de la dependencia de los productos derivados de la Cannabis.

Artículo 10. Las compañías productoras de derivados de la Cannabis tendrán la obligación de entregar a la Secretaría la información que ésta les solicite para garantizar que se apeguen a la normatividad.

De la Prevención y Rehabilitación de las Adicciones

Artículo 11. Para la Prevención del Consumo y el Tratamiento de las Adicciones, la Secretaría, establecerá lineamientos que garanticen la instrumentación y ejecución del Programa Nacional de Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación a los consumidores de la Cannabis y otras sustancias legales e ilegales que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. Instrumentar campañas de información para alertar sobre los efectos físicos y psicológicos del consumo de los productos derivados de la Cannabis.

II. Establecer en todo el país Centros para la Rehabilitación, el tratamiento y la rehabilitación de las adicciones.

Artículo 12. Para poner en práctica las acciones del Programa Nacional de Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación a los consumidores de la Cannabis, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

I. El Programa se financiará con los recursos de un Fondo Especial establecido en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

II. El Fondo del Programa se constituye con los ingresos anuales recaudados a través del pago de derechos por concepto de las licencias y verificaciones de los productores, autoproductores, procesadores, distribuidores, comercializadores y vendedores y por concepto de pago de los impuestos establecidos en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Producción, Autoproducción, Comercio, Distribución y Venta de los Productos Derivados de la Cannabis

Artículo 13. Todo establecimiento que proceso, distribuya o venda productos derivados de la Cannabis, requerirá licencia sanitaria de acuerdo con los requisitos que establezca la Secretaría.

Artículo 14. Todos los espacios físicos en los que se procesen productos derivados de la cannabis en la modalidad de autoproducción deberán contar con licencia y cumplir los requisitos que establezca la Secretaría.

Artículo 15. Los productores de Cannabis tendrán las siguientes obligaciones:

I. Contar con la Licencia expedida por la Secretaría de Salud;

II. Renovar anualmente la licencia de Producción;

III.-Acreditar las verificaciones de la Secretaría de Salud;

IV. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para el Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación a los Consumidores de la Cannabis;

V. No participar en el proceso de distribución o venta de los productos.

Artículo 16. Quien procese los productos derivados de la Cannabis tendrá las siguientes obligaciones:

I. Contar con la Licencia Sanitaria expedida por la Secretaría de Salud;

II. Acreditar la calidad de la materia prima utilizada;

III. Renovar anualmente la licencia;

IV.-Acreditar las verificaciones que haga la Secretaría de Salud sobre la identidad, pureza, seguridad, estabilidad y cualquier otra prueba que señalen las disposiciones reglamentarias aplicables;

V. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para el Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación a los Consumidores de la Cannabis;

VI. No participar en el proceso de distribución o venta de los productos.

Artículo 17. Quien comercie productos de la Cannabis tendrá las siguientes obligaciones:

I. Contar con la Licencia Sanitaria expedida por la Secretaría de Salud;

II. Renovar anualmente la licencia;

III.-Acreditar las verificaciones que periódicamente realice la Secretaría de Salud;

IV. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para el Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación a los Consumidores de la Cannabis;

V. Exigir a los compradores que acrediten su mayoría de edad con identificación oficial con fotografía, de lo contrario serán sancionados conforme a lo que establece el Código Penal Federal, y

VI. Exhibir en los establecimientos la licencia Sanitaria expedida por la Secretaría.

VII. No participar en el proceso de producción o procesamiento del producto.

Artículo 18. Los autoproductores deberán:

I. Adquirir la Licencia Sanitaria expedida por la Secretaría de Salud

II. Renovar anualmente la licencia de Autoproducción;

III.-Acreditar las verificaciones que periódicamente realice la Secretaría de Salud

IV. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para el Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación a los Consumidores de la Cannabis;

Artículo 19. El monto recaudado por concepto de impuestos será destinado al Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación de los Consumidores de la Cannabis.

De los Establecimientos Destinados al Procesamiento de Productos Derivados de la Cannabis

Artículo 20 . Los establecimientos que se destinen al procesamiento de los productos de la Cannabis se clasifican, para los efectos de esta ley, en:

I. Fábrica o laboratorio de materias primas para la preparación de infusiones, y cigarrillos.

II. Almacén de acondicionamiento de productos;

III. Almacén de depósito y distribución de productos derivados de la Cannabis;

IV. Tienda: El establecimiento que se dedica a la comercialización de productos de la Cannabis

V. Los demás que determine el Consejo de Salubridad General.

Artículo 21. Los establecimientos citados en el artículo anterior de esta ley deberán contar con un responsable de la identidad, pureza y seguridad de los productos.

Los responsables deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y serán designados por los titulares de las licencias o propietarios de los establecimientos, quienes darán el aviso correspondiente a la Secretaría de Salud.

Artículo 22. Los responsables sanitarios de los establecimientos a que se refiere el artículo 20 de esta ley deberán ser profesionales con título registrado por las autoridades educativas competentes, de acuerdo con los siguientes requisitos:

El responsable de cada establecimiento deberá ser profesional farmacéutico, químico farmacéutico biólogo, químico farmacéutico industrial o químico industrial.

Artículo 23. En los casos en que resulten afectadas, por acción u omisión, la identidad, pureza, conservación, preparación, dosificación o manufactura de los productos, el responsable del establecimiento y el propietario del mismo responderán a las sanciones que correspondan en los términos que señalen esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Expedición de Licencias

Artículo 24. Corresponde a la Secretaría con base en lo dispuesto en la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables:

I. Expedir las licencias requeridas por esta Ley;

II. Revocar dichas licencias;

III. Vigilar el cumplimiento de esta Ley, y

IV. Ejecutar los actos del procedimiento para aplicar medidas de seguridad y sanciones.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría emitirá las disposiciones correspondientes.

De la Vigilancia Sanitaria

Artículo 25. Los verificadores serán nombrados y capacitados por la Secretaría, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

Artículo 26. Los verificadores realizarán actos de orientación, educación, verificación de las disposiciones de esta Ley, de la Ley General de Salud y otras disposiciones en materia de control sanitario.

Artículo 27. Los verificadores podrán realizar visitas ordinarias y extraordinarias, sea por denuncia ciudadana u otro motivo, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Salud, de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 28. La labor de los verificadores en ejercicio de sus funciones, así como la de las autoridades federales, estatales o municipales, no podrá ser obstaculizada bajo ninguna circunstancia.

Artículo 29. Las acciones de vigilancia sanitaria que lleven a cabo las autoridades competentes para efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, se realizarán de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley General de Salud.

Artículo 30. Los verificadores estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De las Sanciones

Artículo 31. El incumplimiento a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionados administrativamente por las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Artículo 32. Las sanciones administrativas serán:

I. Clausura definitiva

II. Pérdida de la Licencia Sanitaria

III. Resarcimiento de los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas;

Artículo 33. Procederá el retiro de la licencia, cuando los productores o los autoproductores excedan los límites de producción establecidos por la Secretaría de Salud.

Artículo 34. Cuando con motivo de la aplicación de esta Ley, se desprenda la posible comisión de uno o varios delitos, la autoridad correspondiente formulará la denuncia o querella ante el Ministerio Público sin perjuicio de la sanción administrativa que proceda.

Artículo 35. Serán sancionadas con las disposiciones del Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables las siguientes actividades:

I. Producir, distribuir y comercializar productos derivados de la Cannabis sin la licencia correspondiente;

II. Realizar sin licencia vigente actividades de autoproducción

III. Comerciar, vender, distribuir o suministrar productos de la Cannabis en lugares públicos inferiores a un radio de un kilómetro de centros de recreación infantiles, de guarda de niños, centros de estudios, centros cívicos, parques o cualquier sitio que congregue a menores de edad.

IV. Comerciar, vender o distribuir cualquier producto derivado de la Cannabis vía telefónica, por correo, internet o cualquier otro medio de comunicación;

V. Distribuir gratuitamente productos derivados de la Cannabis con fines de promoción;

VI. Comercializar, distribuir, donar, regalar y vender productos derivados de la cannabis en instituciones educativas públicas y privadas;

VII. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y venta de estos productos.

De la Participación Ciudadana

Artículo 36. La Secretaría promoverá la participación de la sociedad civil en la prevención De la dependencia a los productos derivados de la Cannabis en las siguientes acciones:

I. Promoción de la salud comunitaria;

II. Educación para la salud;

III. Difusión de las disposiciones legales en materia del control de los productos derivados de la Cannabis;

IV. Coordinación con los consejos nacional y estatales contra las adicciones, y

V. Las acciones de auxilio de aplicación de esta Ley como la denuncia ciudadana.

De la Denuncia Ciudadana

Artículo 37. Cualquier persona podrá presentar ante la autoridad sanitaria correspondiente una denuncia en caso de que observe el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 38. La autoridad competente salvaguardará la identidad e integridad del ciudadano denunciante.

Artículo 39. La Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso gratuito para que los ciudadanos puedan efectuar denuncias, quejas y sugerencias sobre el incumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 3, 188, 189, 194, 198, 234, 237, 479, se adiciona el artículo 235 bis y el artículo 479 bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. XXI...

XXI Bis El Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación

XXII.- XXVIII...

Capítulo IIIPrograma Nacional para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación

Artículo 188. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del El Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación que comprenderá entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento de la dependencia a la cannabis u otras substancias y, en su caso, la rehabilitación de quienes padezcan una adicción.

II. La educación sobre los efectos físicos y psicológicos de la cannabis en la salud con información científica y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra la dependencia a la Cannabis u otras substancias, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Artículo 189. En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen para el tratamiento de las adicciones a la Cannabis u otras sustancias. La coordinación en la adopción de medidas, en los ámbitos federal y local, se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 194. ...

...

I...

II. Producción, procesamiento y distribución de los productos derivados de la Cannabis;

III...

IV...

...

Artículo 198. ...

I...

II. Procesamiento de los productos derivados de la Cannabis

III...

IV...

V...

VI...

VII...

...

...

Artículo 234. ...

ACETILDIHIDROCODEINA.

ACETILMETADOL (3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptano)

ACETORFINA (3-0-acetiltetrahidro- 7?-(1-hidroxi-1-etilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina) denominada también 3-0-acetil-tetrahidro- 7? (1-hidroxi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina y, 5 acetoxil-1,2,3, 3_, 8 9-hexahidro-2? (1-(R) hidroxi-1-metilbutil)3-metoxi-12-metil-3; 9?- eteno-9,9-B-iminoctanofenantreno (4?,5 bed) furano.

ALFACETILMETADOL (alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptano).

ALFAMEPRODINA (alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoxipiperidina).

ALFAMETADOL (alfa-6-dimetilamino-4,4 difenil-3-heptanol).

ALFAPRODINA (alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).

ALFENTANIL (monoclorhidrato de N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5- oxo- 1H-tetrazol-1-il) etil]-4-(metoximetil)-4-piperidinil]-N fenilpropanamida).

ALILPRODINA (3-alil-1-metil-4-fenil-4- propionoxipiperidina).

ANILERIDINA (éster etílico del ácido 1-para-aminofenetil-4- fenilpiperidin-4-carboxilíco).

BECITRAMIDA (1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- (2-oxo-3- propionil-1-bencimidazolinil)-piperidina).

BENCETIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-benciloxietil)-4- fenilpiperidin-4-carboxílico).

BENCILMORFINA (3-bencilmorfina).

BETACETILMETADOL (beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4- difenilheptano).

BETAMEPRODINA (beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoxipiperidina).

BETAMETADOL (beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol).

BETAPRODINA (beta-1,3,dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).

BUPRENORFINA.

BUTIRATO DE DIOXAFETILO (etil 4-morfolín-2,2-difenilbutirato).

CETOBEMIDONA (4-meta-hidroxifenil-1-metil-4- propionilpiperidina) ó 1-metil-4-metahidroxifenil-4- propionilpiperidina).

CLONITACENO (2-para-clorobencil-1-dietilaminoetil-5- nitrobencimidazol).

COCA (hojas de). (erythroxilon novogratense).

COCAINA (éster metílico de benzoilecgonina).

CODEINA (3-metilmorfina) y sus sales.

CODOXIMA (dehidrocodeinona-6-carboximetiloxima).

CONCENTRADO DE PAJA DE ADORMIDERA (el material que se obtiene cuando la paja de adormidera ha entrado en un proceso para concentración de sus alcaloides, en el momento en que pasa al comercio).

DESOMORFINA (dihidrodeoximorfina).

DEXTROMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil] morfolina) ó [+]-3-metil-2,2-difenil-4- morfolinobutirilpirrolidina).

DEXTROPROPOXIFENO (? -(+)-4 dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2 butanol propionato) y sus sales.

DIAMPROMIDA (n-[2-(metilfenetilamino)-propil]-propionanilida).

DIETILTIAMBUTENO (3-dietilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buteno).

DIFENOXILATO (éster etílico del ácido 1-(3-ciano-3,3- difenilpropil)-4-fenilpiperidín-4-carboxílico), ó 2,2 difenil-4- carbetoxi-4-fenil) piperidin) butironitril).

DIFENOXINA (ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- fenilisonipecótico).

DIHIDROCODEINA.

DIHIDROMORFINA.

DIMEFEPTANOL (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol).

DIMENOXADOL (2-dimetilaminoetil-1-etoxi-1,1-difenilacetato), ó 1-etoxi-1-difenilacetato de dimetilaminoetilo ó dimetilaminoetil difenil-alfaetoxiacetato.

DIMETILTIAMBUTENO (3-dimetilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buteno).

DIPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidín-3-heptanona).

DROTEBANOL (3,4-dimetoxi-17-metilmorfinán-6 ?,14-diol).

ECGONINA sus ésteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína.

ETILMETILTIAMBUTENO (3-etilmetilano-1,1-di(2’-tienil)-1- buteno).

ETILMORFINA (3-etilmorfina) ó dionina.

ETONITACENO (1-dietilaminoetil-2-para-etoxibencil-5- nitrobencimidazol).

ETORFINA (7,8-dihidro-7 ?,1 (R)-hidroxi-1-metilbutil 06-metil-6- 14-endoeteno- morfina, denominada también (tetrahidro-7 ?;-(1-hidroxi- 1-metilbutil)-6,14 endoeteno-oripavina).

ETOXERIDINA (éster etílico del ácido 1-[2-(2-hidroxietoxi) etil]-4-fenilpiperidín-4-carboxílico.

FENADOXONA (6-morfolín-4,4-difenil-3-heptanona).

FENAMPROMIDA (n-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida) ó n- [1-metil-2- (1-piperidinil)-etil] -n-fenilpropanamida.

FENAZOCINA (2’-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfán).

FENMETRAZINA (3-metil-2-fenilmorfolina 7-benzomorfán ó 1,2,3,4,5,6-hexahidro-8-hidroxi 6-11-dimetil-3-fenetil-2,6,-metano- 3-benzazocina).

FENOMORFAN (3-hidroxi-n-fenetilmorfinán).

FENOPERIDINA (éster etílico del ácido 1-(3-hidroxi-3- fenilpropil) 4-fenilpiperidín-4-carboxílico, ó 1 fenil-3 (4-carbetoxi- 4-fenil- piperidín)-propanol).

FENTANIL (1-fenetil-4-n-propionilanilinopiperidina).

FOLCODINA (morfoliniletilmorfina ó beta-4- morfoliniletilmorfina).

FURETIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-tetrahidrofurfuriloxietil)- 4-fenilpiperidín-4-carboxílico).

HEROINA (diacetilmorfina).

HIDROCODONA (dihidrocodeinona).

HIDROMORFINOL (14-hidroxidihidromorfina).

HIDROMORFONA (dihidromorfinona).

HIDROXIPETIDINA (éster etílico del ácido 4- meta-hidroxifenil-1 metil piperidín-4-carboxílico) ó éster etílico del ácido 1-metil-4-(3- hidroxifenil)-piperidín-4-carboxílico.

ISOMETADONA (6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexanona).

LEVOFENACILMORFAN ( (-)-3-hidroxi-n-fenacilmorfinán).

LEVOMETORFAN ( (-)-3-metoxi-n-metilmorfinán).

LEVOMORAMIDA ((-)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil]-morfolina), ó (-)-3-metil-2,2 difenil-4- morfolinobutirilpirrolidina).

LEVORFANOL ( (-)-3-hidroxi-n-metilmorfinán).

METADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona).

METADONA, intermediario de la (4-ciano-2-dimetilamino-4, 4- difenilbutano) ó 2-dimetilamino-4,4-difenil-4-cianobutano).

METAZOCINA (2’-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfán ó 1,2,3,4,5,6, hexahidro-8-hidroxi-3,6,11,trimetil-2,6-metano-3- benzazocina).

METILDESORFINA (6-metil-delta-6-deoximorfina).

METILDIHIDROMORFINA (6-metildihidromorfina).

METILFENIDATO (éster metílico del ácido alfafenil-2-piperidín acético).

METOPON (5-metildihidromorfinona).

MIROFINA (miristilbencilmorfina).

MORAMIDA, intermediario del (ácido 2-metil-3-morfolín-1, 1- difenilpropano carboxílico) ó (ácido 1-difenil-2-metil-3-morfolín propano carboxílico).

MORFERIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-morfolinoetil)-4- fenilpiperidín-4-carboxílico).

MORFINA.

MORFINA BROMOMETILATO y otros derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente, incluyendo en particular los derivados de n-oximorfina, uno de los cuales es la n-oxicodeína.

NICOCODINA (6-nicotinilcodeína o éster 6-codeínico del ácido-piridín-3-carboxílico).

NICODICODINA (6-nicotinildihidrocodeína o éster nicotínico de dihidrocodeína).

NICOMORFINA (3,6-dinicotinilmorfina) ó di-éster-nicotínico de morfina).

NORACIMETADOL ((+)-alfa-3-acetoxi-6-metilamino-4,4- difenilbeptano).

NORCODEINA (n-demetilcodeína).

NORLEVORFANOL ( (-)-3-hidroximorfinan).

NORMETADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona) ó i, 1-difenil-1-dimetilaminoetil-butanona-2 ó 1-dimetilamino 3,3-difenil-hexanona-4).

NORMORFINA (demetilmorfina ó morfina-n-demetilada).

NORPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidín-3hexanona).

N-OXIMORFINA

OPIO

OXICODONA (14-hidroxidihidrocodeinona ó dihidrohidroxicodeinona).

OXIMORFONA (14-hidroxidihidromorfinona) ó dihidroxidroximorfinona).

PAJA DE ADORMIDERA, (Papaver Somniferum, Papaver Bracteatum, sus pajas y sus semillas).

PENTAZOCINA y sus sales.

PETIDINA (éster etílico del ácido 1-metil-4-fenil-piperidin-4- carboxílico), o meperidina.

PETIDINA intermediario A de la (4-ciano-1 metil-4- fenilpiperidina ó 1-metil-4-fenil-4-cianopiperidina).

PETIDINA intermediario B de la (éster etílico del ácido-4- fenilpiperidín-4-carboxílico o etil 4-fenil-4-piperidín-carboxílico).

PETIDINA intermediario C de la (ácido 1-metil-4-fenilpiperidín- 4-carboxílico).

PIMINODINA (éster etílico del ácido 4-fenil-1-(3- fenilaminopropil)-piperidín-4-carboxílico).

PIRITRAMIDA (amida del ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1- piperidín) -piperidín-4-carboxílico) ó 2,2-difenil-4-1 (carbamoil-4- piperidín)butironitrilo).

PROHEPTACINA (1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazacicloheptano) ó 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxihexametilenimina).

PROPERIDINA (éster isopropílico del ácido 1-metil-4- fenilpiperidín-4-carboxílico).

PROPIRAMO (1-metil-2-piperidino-etil-n-2-piridil-propionamida)

RACEMETORFAN ( (+)-3-metoxi-N-metilmorfinán).

RACEMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil] morfolina) ó ((+)-3-metil-2,2-difenil-4- morfolinobutirilpirrolidina).

RACEMORFAN ((+)-3-hidroxi-n-metilmorfinán).

SUFENTANIL (n-[4-(metoximetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4- piperidil] propionanilida).

TEBACON (acetildihidrocodeinona ó acetildemetilodihidrotebaína).

TEBAINA

TILIDINA ((+)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3- ciclohexeno-1-carboxilato).

TRIMEPERIDINA (1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina); y

...

...

Artículo 235 Bis. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, suministro, empleo, uso, consumo de la Cannabis sativa, híbrida, índica y americana o marihuana, su resina y preparados queda sujeta a las disposiciones de la Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención de las Adicciones y la Rehabilitación.

Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

...

Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:

Artículo 479 Bis. No se penalizará la portación de Cannabis sativa, híbrida, índica y americana o marihuana, su resina y preparados para consumo personal.

El Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien cultive, produzca, procese, almacene o comercialice productos derivados de la Cannabis cuando se acredite contar con la licencia Sanitaria expedida por la Secretaría de Salud.

Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad en contra de quienes vendan, comercien, distribuyan donen o regalen productos o derivados de la cannabis a personas menores de edad.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 198 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 198. Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultivo o coseche plantas de amapola, hongos alucinógenos, peyote, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.

...

...

...

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 181. ...

...

Cuando se trate de plantíos de estupefacientes considerados en el artículo 475 de la Ley General de Salud , el Ministerio Público, la Policía Judicial o las autoridades que actúen en su auxilio, procederán a la destrucción de aquéllos, levantando un acta en la que se haga constar: el área del cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en la averiguación previa que al efecto se inicie.

...

...

Artículo Quinto. Se adicionan las fracciones IV y V y un último párrafo al artículo 195 y el artículo 195 D-1 a los la Ley de Derechos para quedar como sigue:

Capitulo XIVDe la Secretaría de Salud

Sección Primera
Autorizaciones en Materia Sanitaria

Artículo 195. Por los servicios que presta la autoridad sanitaria para actividades reguladas por la misma, se pagarán los siguientes derechos:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Por cada solicitud y, en su caso, expedición de licencia sanitaria de establecimientos para la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, del Cannabis y sus productos derivados, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas:

a). Por hectárea cultivable $8,000.00

b). Por fábrica o laboratorio $15,000.00

b).Por almacén de depósito y distribución $8,000.00

c). Por farmacia o botica $ 5,000.00

d). Droguerías y tiendas $5,000.00

e). Autoconsumo $1,000.00

Por la modificación o actualización de la licencia sanitaria señalada en esta fracción, se pagará el 75% del derecho que corresponda anualmente.

V. Para el ejercicio anual de la licencia sanitaria de establecimientos para la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, del Cannabis y sus productos derivados, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas:

a).Por hectárea cultivable $32,000.00

b). Por fábrica o laboratorio $60,000.00

b). Por almacén de depósito y distribución $32,000.00

c). Por farmacia o botica $ 20,000.00

d). Droguerías y tiendas $20,000.00

e). Autoconsumo $3,000.00

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación a los consumidores de la Cannabis, establecido en la Ley de Ingresos.

Artículo 195-D-1. Por los estudios y análisis sanitarios que se realicen a petición de los particulares para determinar las condiciones sanitarias y legales de las actividades, de los establecimientos para la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, del Cannabis y sus productos derivados, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas:

a). Por hectárea cultivable $2,000.00

b). Por fábrica o laboratorio $3,000.00

b). Por almacén de depósito y distribución $2,000.00

c). Por farmacia o botica $ 1,000.00

d). Droguerías y tiendas $1,000.00

e). Autoconsumo $500.00

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación a los consumidores de la Cannabis, establecido en la Ley de Ingresos.

Artículo Sexto. Se adiciona el inciso G, H e I al artículo 2o., la fracción XVIII del artículo 3o. y la fracción XIV-1, al artículo 19, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A a F. ...

G) Cigarros de Cannabis 160%

H) Infusiones de Cannabis 40%

I) Infusiones en presentación líquida 50%

II. ...

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Del I al XVII. ...

XVIII. Productos derivados del Cannabis

a) Cigarros de Cannabis

b) Infusiones de Cannabis

c) Infusiones en presentación líquida de Cannabis

Capítulo VDe las Obligaciones de los Contribuyentes

Artículo 19. Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:

I. al XIII. ...

XIV. .

XIV-1.

Los fabricantes, productores, empaquetadores y distribuidores de los productos derivados de la Cannabis, deberán estar inscritos en el Padrón de Contribuyentes de productores, procesadores, distribuidores y vendedores de los productos derivados de la Cannabis, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, los productores, procesadores, distribuidores y vendedores de los productos derivados de la Cannabis, deberán cumplir con esta obligación para poder solicitar marbetes y precintos, según se trate, debiendo cumplir con las disposiciones del Reglamento de esta Ley y disposiciones de carácter general que contempladas en la Ley para el Control de la Cannabis y para la Atención de Adicciones.

XV. al XXII. ...

Transitorios

Primero. Las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Derechos, a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a la Ley de Ingresos, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . La Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención de las Adicciones y la Rehabilitación entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputados: Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Miguel Alonso Raya.

lunes, 29 de octubre de 2012

LOS AVATARES DE LA REFORMA LABORAL

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

Hay temas en los que es difícil que el análisis se abra paso entre el mar de consignas que todo lo reducen a una ilusoria y simplona realidad en blanco y negro y los terrenos del bien y el mal se hacen tan nítidos como en las películas infantiles. La reforma laboral es uno de ellos.

Pero vale la pena entrar a estudiar críticamente el espinoso caso, a pesar del riesgo de caer en herejía –ya estoy curado de espanto-, no sólo por su importancia, que la tiene de sobra, sino también porque expresa bien la complejidad de la política mexicana. Lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados y en el Senado muestra, entre otras cosas, las contradicciones, tensiones y ambivalencias de fuerzas políticas y sociales -en su interior y frente a las otras-; los nuevos acomodos y cálculos por la alternancia reversible que se aproxima; el peso de la opinión pública; las debilidades, exabruptos y cinismo de actores prominentes de la vida sindical; la audacia de quien sabe cotizarse tras asegurar la cumbre durante un sexenio más.

La incertidumbre por el desenlace (sobre todo en lo referente a transparencia y democracia sindical) es síntoma de un régimen disfuncional que no conforma mayorías estables, pero también del anacronismo de quienes piensan regresar al poder con los mismos pilares con los que sostenían su hegemonía a mediados del siglo pasado. Ahora los privilegios y las ventajas indebidas son más vulnerables frente a los cuestionamientos, en buena medida porque las redes sociales han visibilizado, amplificado y potenciado la opinión de una ciudadanía cada vez más pendiente de los asuntos públicos. En la discusión de la reforma laboral, los ciudadanos han terciado en un debate que se vislumbraba entre fuerzas políticas y poderosas organizaciones sindicales, algo a lo que, por fortuna, debemos acostumbrarnos, al menos, en lo que a los grandes temas nacionales se refiere.

Podemos decir que esta iniciativa preferente de Felipe Calderón tiene, a grandes rasgos, dos propósitos diferenciados: la “flexibilización” laboral con la que concuerda con el PRI y la democracia y transparencia sindical que comparte con el PRD. En la Cámara de Diputados todo se decantó a favor del primer aspecto. Para ello contaron con la ayuda involuntaria de un sector de diputados de izquierda que, rompiendo acuerdos, cometió el error de recurrir al ya gastado y siempre contraproducente noroñismo parlamentario. La toma fallida de la tribuna no sólo rompió las negociaciones que permitirían debatir de cara a la opinión pública las diferencias y que algunas propuestas fueran incorporadas sino que además derivó en el lamentable abandono del campo de batalla, dejando el camino libre para que la alianza PRI-PVEM-PANAL cuidara sin mayores sobresaltos de los intereses autoritarios y pecuniarios de las cúpulas del sindicalismo charro. Pero en el Senado fue, por fortuna, otra historia.

Mientras que en San Lázaro la suma de los legisladores del PAN, PRD, MC y PT es de 249 frente a 251 del resto, en el Senado es favorable por 66 a 62. En la Cámara Alta la izquierda mostró otro rostro, apostó por el debate y la política, y se notó la diferencia para bien. Aunque la “flexibilización” laboral ya no tuvo modificaciones y, en ese sentido, se vulneran derechos y conquistas de los trabajadores, en el tema de transparencia y democracia sindical no sólo se rescataron los artículos desechados por la colegisladora en esos rubros sino que se pudo incluir uno nuevo que significa un cambio por demás significativo. Actualmente el trabajador es contratado sin conocer siquiera el “Contrato Colectivo de Trabajo”; pero, según lo aprobado en la Cámara Revisora, ahora debe ser ratificado por votación de los afiliados. Entonces, entre otras cosas, si se confirmaran las modificaciones a la minuta, los trabajadores elegirían a sus líderes por voto universal, directo y secreto, es decir, libre, conocerían el destino de sus cuotas y otros ingresos, el resultado de las auditorías que por ley deben realizarse y avalarían mediante sufragio el contrato negociado entre patrones y el sindicato. Logros, sin lugar a dudas, valiosos.

Tal y como se estipula en el artículo 72 constitucional, la minuta regresa a la Cámara de Origen para que ésta acepte o rechace los cambios efectuados. Ahí no se estipula la posibilidad de modificar las observaciones (aceptar unas y rechazar otras o cambiar la redacción de alguno), pero existen antecedentes de que así se ha hecho. En lo que no hay duda es que sólo se discute lo que no ha sido aprobado por ambas Cámaras, es decir, lo que se refiere a la “flexibilización” ya es asunto cerrado y nomás espera el momento de su publicación. Ahí se encuentra uno de los puntos finos del esgrima y las vencidas que se están viviendo en torno a la reforma.

El PRI amenazó con “congelar” la reforma en caso de que el Senado modificara la minuta. La verdad es que nomás mostraba el petate del muerto. En primer lugar porque no existe tal. El nuevo reglamento de la Cámara de Diputados establece plazos fatales para dictaminar. No es que la iniciativa pierda su carácter de “preferente¨, pues que la Cámara Revisora haga observaciones es parte de sus facultades irrenunciables del proceso legislativo. Lo que ocurre es que en la Constitución no estableció el plazo expedito para la preferente en ese caso, como sí lo hace para los momentos anteriores. De ahí se agarra el PRI, pero lo más que podrían hacer es retrasarlo 90 días, o bien 135 si es que la Comisión del Trabajo y Previsión Social pide prórroga y se le concede.

Pero el punto clave está en el ámbito político, más allá del marco legal. La no publicación de lo aprobado de la reforma laboral termina presionando al presidente electo, más que al que ya se va. Por eso los panistas se sostuvieron a pesar de que algunas organizaciones empresariales asustadas por el amago del PRI insistieron en que la minuta se aprobara sin cambios. Es obvio que a dichos empresarios les urge la contratación ligera y con menores compromisos, y como, además, se entienden bien con los “charros”, no quieren poner en riesgo sus ventajas adquiridas por combatir corruptelas y privilegios sindicales que, por cierto, algunos de ellos han alentado. Entre pusilánimes y cómplices. Sin embargo, y a pesar de ellos, quien ahora sudará la calentura es Peña Nieto.

La jugada del PAN es clara. Le dicen al presidente electo que le están ayudando a sacar la reforma laboral, pero con el precio de la transparencia y democracia sindical, colocándolo en la disyuntiva de aprobarla o aparecer como protector de intereses y privilegios indefendibles, lo que confirmaría su vínculo con el pasado autoritario. Pero existe un grave riesgo, en lo que parece ser la apuesta de Manlio Fabio Beltrones. En el mismo artículo 72 constitucional se establece que, si la mayoría absoluta en ambas cámaras lo autoriza, lo ya aprobado puede ser publicado, dejando pendiente lo modificado y todavía no resuelto. Ése sería el peor de los mundos para la izquierda: sólo flexibilización y nada de democracia, transparencia y rendición de cuentas de los líderes sindicales.

En efecto, lo obtenido por la izquierda en la reforma laboral se reduce, sustancialmente, a los cambios que se realizaron en el Senado. Lo ya aprobado y que interesa tanto a las cámaras empresariales está listo para que, más temprano que tarde, se publique. Por eso lo correcto para el PRD y sus aliados, PT y MC, es subirle el costo al PRI por cualquier dilación y aprovechar la atención de la opinión pública y la presión ciudadana para atacar los privilegios de los “charros” para buscar que se discuta cuanto antes en la Cámara de Diputados los ocho artículos modificados. De otro modo, consecuentar al PRI en su afán por enfriar la reforma, podría llevar al PAN a aceptar publicar lo ya aprobado, aunque eso signifique sacarle el buey de la barranca a EPN.

Vale la pena mencionar “el colmillo” que mostró Elba Esther Gordillo. Tras garantizar para sí seis años más de dominio en el SNTE y sabiendo que el voto de su hija no era decisivo, pues de igual forma ganaría el voto secreto, la mandó a avalar la democracia sindical. Con ello envía un evidente mensaje a Beltrones, viejo rival político, pues sus diez votos en la Cámara de Diputados son la diferencia entre ganar o perder. Se cotizó alto para lo que viene.

Es importante tener presente que la última palabra de la reforma no está dicha. Falta ver el tamaño de la protesta social, pues es sabido que si las manifestaciones crecen, cuantitativa y cualitativamente, podría haber marcha atrás… siempre puede haberla. Está más que visto que los legisladores opositores no pueden suplir dentro del Parlamento a la fuerza social expresada en las calles. Pero con independencia de ello, la reforma caerá al ámbito judicial. Los sindicatos opuestos a la “flexibilización laboral” ya anunciaron que la combatirán en los tribunales y si se aprueba la democracia y transparencia sindical es seguro que los líderes “charros” harán lo propio.

La izquierda no debe desaprovechar la oportunidad de conseguir una victoria histórica. La lucha contra el charrismo sindical es parte de su tradición más entrañable. Desde que, por órdenes de Moscú, el Partido Comunista Mexicano cometió el error de ceder a las presiones de Lombardo Toledano y determinó que Miguel Ángel Velasco, “El Ratón”, renunciara a dirigir la CTM para abrirle paso a Fidel Velázquez al frente de la poderosa central obrera en 1937, hecho que motivó el escrito clásico del tema por parte de José Revueltas, “Ensayo de un proletariado sin cabeza”, la batalla ha sido ardua, al grado de que los presos políticos emblemáticos en 1968 eran los comunistas Valentín Campa y Demetrio Vallejo, cuyo “delito” era precisamente pelear por la democracia sindical y en contra de la corrupción de los líderes “charros”. No olvidemos que el corporativismo sindical fue cimiento del régimen autoritario priista. A casi un siglo de distancia, llegó la hora de la revancha. No la dejemos ir.

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jueves, 20 de septiembre de 2012

IZQUIERDA MODERNA

Fernando Belaunzarán
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“Métete esto en la cabeza de una puta vez: tú no piensas, sólo obedeces; tú no actúas, sólo ejecutas; tú no decides, sólo cumples; tú vas a ser mi mano en el cuello de ese hijo de puta, y mi voz va a ser la del camarada Stalin, y Stalin piensa por nosotros…”

“Dos ladrillos y se vino abajo: el gigante tenía los pies de barro y sólo se había sostenido gracias al terror y la mentira…”


Leonardo Padura, “El hombre que amaba los perros”


La izquierda es hija de la modernidad. Nace de la convicción de que las ideas pueden cambiar a la sociedad, que ésta no es resultado de ninguna ley divina y que los hombres pueden darse sus propias reglas. El hecho de que el término se haya acuñado en los albores de la Revolución Francesa lo dice todo. Por eso, quienes hablan de “izquierda moderna” como elemento de distinción no se refieren a una época histórica y cultural de la humanidad sino al contraste con la tradición y la historia reciente. En realidad están hablando de “actualidad” y con ello marcan un punto de inflexión con el pasado; “modernidad”, pues, en su sentido coloquial.

El adjetivo “moderna” debe entenderse como un deslinde y responde a la necesidad de diferenciarse. ¿De qué, de quiénes? De concepciones y prácticas, algunas rebasadas otras perversas, que se han dado y se dan en el seno de la izquierda, así como de quienes las representan y llevan a cabo. Para ver la pertinencia de la distinción es necesario tener perspectiva histórica y así reconocer lo “viejo”, aquello de lo que se reniega, y entender la propuesta de renovación que se hace.

Hace más de dos décadas que cayó el Muro de Berlín y, sin embargo, no todos en la izquierda han sacado las conclusiones necesarias. El llamado “socialismo real” fue un fraude trágico para millones de personas. Los ideales y valores que inspiraron la Revolución de Octubre fueron negados de manera ostensible y atroz en dichas sociedades. En nombre de “La Justicia” -entendida como igualdad y en la que, como apuntó con sorna George Orwell, había unos más iguales que otros- reprimieron libertades e impusieron dictaduras, en muchos casos vitalicias.

Ahora bien, las deficiencias e incongruencias del “socialismo real” no absuelven al capitalismo de sus males, como con mucho acierto decía el gran filósofo y teórico marxista, Adolfo Sánchez Vázquez. Combatirlos para construir un mundo distinto y mejor sigue siendo una aspiración no sólo legítima sino necesaria y apremiante. Pero para hacerlo es necesario aprender las lecciones de esa traumática experiencia histórica que desengañó a muchos hombres y mujeres que, en no pocos casos, descubrieron que habían estado dispuestos a dar su vida por una impostura.

Por supuesto que hay que guardar proporciones, pero es indudable que muchos vicios del estalinismo también se sintieron en sectores importantes de la izquierda mexicana, como en la de todo el mundo, y se mantuvieron después de haber abjurado del “Padrecito de los pueblos” cuando Jruschov dio a conocer sus crímenes en el XX Congreso del Partido Comunista de la URSS. Algunos de esos vicios, por cierto, también se dieron en el llamado “Partido de Estado” y su “Presidencia Imperial” que gobernó durante 70 años el país y que ahora regresa al poder tras doce años de una alternancia decepcionante.

El culto a la personalidad; el verticalismo; la incondicionalidad al líder; la persecución de cualquier viso de disidencia con hogueras morales; el establecimiento de ortodoxias; la reiteración propagandística de dogmas de fe; el mudar la doctrina y adecuar los dogmas si la voluntad suprema cambia de opinión, todo eso sin mediar autocrítica (ver “1984” de Orwell); la autoproclamación de la superioridad moral y del monopolio de la virtud y la dignidad; la doble moral como consecuencia del punto anterior; el maniqueísmo intolerante que divide a la sociedad entre los que están con el pueblo, representado por un único vocero y misericordioso tutor, y los que son sus enemigos y, por tanto, encarnaciones del mal. Esas son algunas de las actitudes perniciosas que perviven en una parte de la izquierda –aunque, para ser justos, también se dan en otras partes del espectro político y no son exculpatorias ni ocultan la intolerancia de algunos grupos de derecha que llegan al extremismo.

La mínima e indispensable autocrítica de la izquierda a lo ocurrido con el “socialismo real” debió llevar a revisar sus objetivos y métodos para no caer en los mismos errores y no reproducir prácticas y vicios que, aunque no tengan las dimensiones de antaño, son verdaderamente perniciosos. Albert Camus tuvo razón al no aceptar la cínica fórmula de que “cuestionar al estalinismo beneficiaba al imperialismo” y darle un giro al conocido apotegma afirmando que “los medios justifican al fin”. No basta con “tolerar” la crítica sino que debe saludarlse e incentivarse porque resulta indispensable para evaluar, renovar y corregir. De ninguna manera se puede aceptar que realizarla beneficia al enemigo. Esta reivindicación del ejercicio crítico es fundamental para una izquierda que quiere distinguirse con aquel pasado.

Por supuesto, la crítica debe llevar a dejar atrás los disvalores anteriores y a promover sus opuestos. En ese sentido es fundamental la reivindicación de la libertad como un valor central y preeminente para la izquierda. Eso, en cierto modo, es también un retorno a los orígenes, pues la crítica clásica, que considero certera, al liberalismo es que las libertades que enuncia son teóricamente para todos, pero en la realidad sólo unos cuantos las pueden ejercer. Hacerlas efectivas para el conjunto de la población requiere de condiciones materiales, culturales y circunstanciales al alcance de cada ciudadano. De ahí que la lucha por la justicia social y la democracia sean indispensables para que ese legítimo anhelo avance en su concresión.

La libertad nunca es absoluta, pero cada conquista que la amplie valdrá la pena. En ese sentido, el compromiso de la izquierda a favor del reconocimiento y libertades como el de la interrupción voluntaria del embarazo o el del matrimonio de personas del mismo sexo debe ser claro y inequívoco, sin vergüenza alguna y sin la medrosa salida de encadenarlo a un referendum para no definirse. El respeto a los derechos de las minorías no deben estar sujetos a la gracia de la mayoría.

En 2015 las izquierdas competirán y es correcto que se distingan unas de otras sin demérito de la necesaria unidad que tres años depués deberán construir alrededor de un solo condidato presidencial. El PRD debe demostrar que las decisiones colectivas y la democracia interna son superiores; que la discrepancia en un ambiente tolerante contribuye a mejores políticas; que la mejor y más firme oposición es la que es capaz de convencer con argumentos e incidir en leyes y políticas públicas de acuerdo a su programa y no la que descalifica todo por consigna; que ser de izquierda no significa endiosar al Estado; que el respeto a la legalidad y a las reglas de la democracia, así como la lucha dentro de las instituciones, es la que puede cambiar al país para bien.

El PRD debe estar abierto al diálogo y al debate sin tabués ni prejuicios, mostrando capacidad para entender los nuevos tiempos y mostrarse como una fuerza innovadora. Cancerberos de viejas y caducas ortodoxias ven en ello “docilidad”, como si el sólo saber decir que “no” significara fortaleza. Confunden radicalidad con obstinación. Si es un asunto de contenidos, de, como lo establece su etimología, ir a la raíz y, por lo mismo, tener un proyecto profundo de transformación nacional, así debe considerársele. Pero de manera errónea suele llamarse “radical” al estridente y necio, aunque sus propuestas sean conservadoras. El diálogo y la negociación son prácticas esenciales de la democracia que deben ser reivindicadas en todo momento. Es incorrecto considerar a alguien “más de izquierda” por tener posiciones inamovibles.

Gracias a las redes sociales, la actuación de los políticos está como nunca bajo lupa y permiten una interacción horizontal con los ciudadanos. Frente a ellos es que se debe acreditar la distinción y el compromiso de esta izquierda con la equidad social, pero también con la libertad y la democracia. Si para ello sirve el adjetivo de “moderna”… ¡bienvenido!

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miércoles, 12 de septiembre de 2012

LA DECISIÓN DE AMLO Y EL FALSO DILEMA DE LA IZQUIERDA


Fernando Belaunzarán

Andrés Manuel López Obrador tomo una decisión que se anticipaba desde mucho antes del proceso electoral: convertir a MORENA en partido político. Después de representar a las izquierdas como candidato presidencial, optó por trabajar únicamente a favor de una de ellas, la propia. Por supuesto que tiene todo el derecho de hacerlo, aunque vaya en sentido contrario al proceso de unidad que se inició con la conformación del PSUM y que tuvo un punto memorable con la creación del PRD, al calor de la irrupción cardenista. Sin embargo, este tránsito reductor del conjunto a la facción por parte de AMLO no sólo significa un reto para el obradorismo que tendrá que cumplir con los requisitos legales para ser parte del sistema de partidos sino también para las demás izquierdas mexicanas que, a pesar de la correcta convicción colectiva de no confrontarse, si tienen éxito tendrán que competir entre sí, de manera ineludible, en el año 2015.

Con el anuncio del domingo 9 de septiembre en el Zócalo queda claro que la llamada “lucha contra la imposición” será anecdótica, simbólica e inocua. A diferencia del 2006, AMLO no buscará impedir la toma de posesión del presidente electo, ni se planteará, en caso de no conseguirlo, que el mandato tenga un fin prematuro. La apuesta suya tras el controvertido fallo del TEPJF y la lamentable complacencia de los magistrados respecto a un proceso electoral de baja calidad democrática -parecía que hablaban de una elección realizada en otro país-, es dar la batalla en el marco legal y dentro de las instituciones, algo que hay que reconocerle y celebrar, aunque pienso que la respuesta de un estadista habría sido, como lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, llamar a la disolución de los partidos existentes para conformar uno solo y contribuir así de manera decisiva a la unidad de las izquierdas.

Andrés Manuel tuvo sus razones para separarse del PRD –supongo que la de tener hegemonía plena e indiscutible-, lo cual, a pesar de los inconvenientes de la división, significa también una oportunidad para ambas partes. MORENA y el PRD están ahora obligados a distinguirse frente a los ciudadanos. Durante el sexenio que está por terminar y en múltiples ocasiones, se enviaron a la sociedad mensajes equívocos por la coexistencia de dos líneas políticas excluyentes que, además, se obstaculizaron mutuamente, desdibujando sus perfiles y objetivos. Ahora las amarras se aflojaron y pueden desplegarse con mayor libertad. AMLO para buscar consolidar y relanzar su liderazgo social rumbo a una eventual tercer candidatura presidencial; y el PRD para dar la imagen de una izquierda moderna, incluyente, reformadora, socialdemócrata, comprometida con el Estado de Derecho y atractiva también para clases medias y empresarios que quieren reglas claras, fin de la corrupción y un país con libertades, democracia y equidad social que garantice estabilidad y favorezca la gobernanza.

Ya que la unidad fue, por el momento, descartada, lo correcto es que las diversas izquierdas se esfuercen por tener un trato cordial, busquen coincidencias y eviten confrontarse. La decisión de AMLO puede exacerbar el sectarismo, sobre todo en los sectores más duros de sus seguidores, mismos que no dejan de causarle desprestigio a su movimiento. El tabasqueño se ha rehusado hasta el momento a ponerle un alto a los provocadores que se escudan en su causa, pero si no lo hace rápido será difícil que mantenga la imagen de moderación que tanto trabajo le costó recuperar durante la campaña presidencial. Muchos de ellos seguramente se sentirán decepcionados con la ligera y resignada “desobediencia civil contra la imposición” y no parece buena idea que siga cargando con ese lastre. Si no corta por lo sano con sus altivos y estridentes ultras, mejor para el PRD. La tolerancia, inclusión y apertura serían elementos distintivos a favor del partido del sol azteca.

Aunque su firma estampada en el “Acuerdo de Civilidad” lo obligaba a aceptar los resultados electorales, AMLO decidió “desconocer” el fallo del TEPJF y a Enrique Peña Nieto como Presidente –comparto la molestia, no la respuesta. Se trata de una posición moral, más que política, de la cual me atrevo a discrepar, pues considero que trae consigo actitudes perniciosas, mismas que ya se padecieron respecto a Felipe Calderón. Me explico.

El “desconocimiento” de un gobierno se da entre Estados. Si un gobierno “desconoce” a otro suspende las relaciones diplomáticas o las reduce a cuestiones comerciales y, en todo caso, las instancias internacionales buscan remediar el conflicto. Pero dentro del país, ¿qué significa “no reconocer” al gobierno? Parece la actitud del avestruz que esconde la cabeza debajo de la tierra como si eso lo pusiera a salvo. Peña Nieto estará al frente del Poder Ejecutivo, aunque haya sido gracias a una elección comprada, y ejercerá a plenitud sus facultades. No necesita que ninguna persona o grupo lo “reconozca” para hacerlo. El poder no se niega, sino que se define uno frente a él.

La izquierda, sus diferentes partidos y organizaciones, debe ser opositor firme a EPN, pero el hecho de serlo y asumirse como tal implica la aceptación de una realidad indiscutible, fáctica, verificable: que ejerce el poder. Claro, se le puede escamotear la legitimidad con la que llego a tenerlo, pero eso no cambia el hecho. Lo otro no es “desconocer” al poder sino combatirlo para arrebatárselo y eso se llama revolución, si se hace desde la sociedad, o golpe de Estado si es desde las instituciones. Pero nada más alejado a lo definido por AMLO de entrar con su propio partido al sistema cuyo presidente será, a partir del 1° de diciembre, Peña Nieto.

Es imposible que un partido y sus dirigentes, no digamos ya sus gobernantes, se abstenga de tratar con el gobierno en turno. Si de por sí resulta absurdo pedirle el pasaporte o pagarle impuestos al gobierno que se “desconoce”, pues más aun gestionar programas, presupuesto, gestiones, denuncias. El “no reconocimiento” es una postura moral que se presta a la simulación y que puede abrir las puertas a la intolerancia y el estigma como ocurrió después del 2006. En aquellos tiempos, algunos se reunirán en privado con la representación del gobierno mientras linchaban moralmente a quienes lo hacían en público. Es mejor que la relación inevitable se dé a la vista de todos y sin actitudes vergonzantes.

Por ello, el “reconocer” o “no reconocer” al gobierno es un falso dilema de la izquierda; la misma piedra con la que se tropezó en 2006 y que ahora debiera mejor brincar.
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martes, 21 de agosto de 2012

LA CUMBRE DE LA IZQUIERDA

Fernando Belaunzarán
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La novedad no es que haya agravios electorales en México, sino que el agraviado sea capaz de trascender el ánimo reactivo y, sin descuidar la lucha legal contra los delitos padecidos ni la difusión de sus razones ante la opinión pública, trace una ruta para acumular fuerza, acordar con otros actores e impulsar las transformaciones que requiere el país, tanto para evitar que los poderes fácticos sigan determinando su futuro como para cumplir con los compromisos que se tienen con la sociedad en materia social, económica, política, etc.

A diferencia de 1988 y 2006, la legítima y justificada inconformidad con los resultados no evitará que la izquierda tomé la ofensiva en el ámbito legislativo y promueva los grandes acuerdos que se requieren para sacar adelante puntos esenciales de su Programa y se atiendan con éxito problemas apremiantes para los ciudadanos como el de la violencia desbordada, la falta de crecimiento, la crisis educativa, la deficiente calidad democrática de nuestras elecciones, el imperio de los monopolios, entre otros. Ése fue precisamente el mensaje de La Cumbre de la Izquierda celebrada la semana pasada en Acapulco.

Aprender de la historia y de la experiencia propia es fundamental para no cometer los mismos errores y saber dar rutas nuevas a la molestia social, de tal suerte que ésta no se quede en el desahogo estéril, incida de mejor manera en la vida pública del país y pueda contribuir a generar escenarios más favorables para las batallas por venir. En lugar de aislarse en busca de una hipotética y muy improbable desestabilización del régimen hasta hacerlo caer, tal y como algunos pensaron que ocurriría durante buena parte del sexenio que está por terminar, ahora va a colocar sobre la mesa el problema de los factores de poder que pervierten la democracia -cargando los dados a favor de otras opciones- y pomoverá las reformas legales que les pongan coto. Si se quiere evitar que la historia se repita una y otra vez, entonces hay que actuar de manera diferente a como se ha hecho en el pasado.

Otra lección indiscutible para la izquierda es que ésta es más fuerte y eficaz si está unida y sabe procesar sus diferencias de manera democrática, lo que incluye necesariamente inclusión y tolerancia. La propuesta de crear el Frente Amplio de las Izquierda Mexicanas, establecida en el resolutivo que leyó en Acapulco Marcelo Ebrard, camina en esa dirección. En ese mismo sentido se expresa el ánimo en el PRD que, contra todos los pronósticos, pudo elegir a sus coordinadores parlamentarios por unanimidad.

La aceptación propia de que la izquierda es diversa, que la pluralidad es parte de su riqueza, que en su seno se vale discrepar y que es un error pretender el sometimiento de los otros a una concepción que no comparten, cayendo -en el nombre de la ortodoxia- en la lucha fraticida, es de primera importancia. Es más, caminar con sus contradicciones, respetando sus diferencias, es quizás el mayor reto que tiene que superar para lograr ser, en breve, gobierno nacional.

Nadie se engaña. La prueba de fuego vendrá cuando se conozca el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto al recurso de invalidez de la elección presidencial. El punto no es, como bien lo señaló Ebrard, que la izquierda cumpla con la legalidad, lo ha venido haciendo, sino que el TEPJF la haga valer y no predomine la impunidad. Sin embargo, si el tribunal resuelviera en otro sentido, declarando válido el proceso, es muy probable que se den distintas opiniones de cómo enfrentar la situación. En tal caso, se va a necesitar oficio, sensibilidad e inteligencia para que eso no vaya a significar el retorno de las hostilidades intestinas que sólo beneficiarían al PRI, pues en un momento de debilidad y falta de legitimidad se haría del poder con su principal adversario dividido.

La ley no da margen de maniobra. Las resoluciones del TEPJF son inatacables y de cumplimiento obligatorio. “Desconocer” alguna de ellas, cualquiera, no pasaría de ser una posición meramente retórica, pues no tendría ninguna consecuencia jurídica ni institucional. Puede, eso sí, llevar a la facción inconforme a una confrontación política de alta intencidad contra personas e instituciones, proscribiendo diálogos y acuerdos públicos -ni en los momentos más intensos dejó de haberlos en privado por parte de los mismos que se mostraban públicamente más celosos de la prohibición-, tal y como ocurrió después del proceso electoral del 2006. Repetir la historia no parece una buena idea.

Una posible solución es que el Frente Amplio de la Izquierdas Mexicanas sea un lugar de encuentro en el que cada grupo incluido renuncie a imponer a los otros su visión propia y se privilegie el acuerdo y, en caso de no existir, el respeto a las diferencias. Que cada quien pueda caminar en su ruta, entendiendo que las otras izquierdas no son sus enemigas, aunque no coincidan en todo, y nadie se desgaste combatiéndose. Mantener la comunicación, procurar ir juntos a los procesos electorales y evaluar la situación para tratar de acercar posiciones.

Es hora de que la izquierda mexicana muestre a la sociedad un alto grado de madurez y eso se expresa haciendo que sus diferencias, lejos de debilitarla, la fortalezcan. Por lo mismo, debe hacer de la tolerancia un valor de primer orden. La exitosa Cumbre de la Izquierda abre paso al optimismo de que, suceda lo que suceda con la resolución del TEPJF, la izquierda, más temprano que tarde, será gobierno nacional para darle a México un camino distinto y mejor.
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jueves, 9 de agosto de 2012

IMPASSE

Fernando Belaunzarán
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Aunque la conclusión legal del proceso electoral está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de nadie más, la disputa se mantiene, e incluso se ha intensificado, en el terreno mediático. Es verdad que hay un movimiento en las calles en el que han concurrido diversas organizaciones con muy diversos propósitos y que coinciden en el punto de la “no a la imposición” de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, pero el candidato de las izquierdas y quien impugnó la elección, Andrés Manuel López Obrador, así como los partidos que lo postularon, se han circunscrito a la lucha jurídica dentro de las instituciones. Una diferencia esencial respecto al 2006 y que marca la lucha política en este impasse abierto, del cómputo a la calificación de la elección.

Si bien es correcta la decisión de no repetir la historia fallida del Plantón de Reforma y, de esa manera refutar la campaña de desprestigio en su contra, mostrándose de manera irrefutable como un movimiento legal, pacífico e institucional, se tiene que cubrir de alguna manera la necesidad política de primer orden de informar y hacer patente a la sociedad que la elección no está resuelta aún, que no es un hecho el triunfo de EPN y de que pudiera anularse la elección, nombrarse a un Presidente interino y realizarse comicios extraordinarios. Es decir, hacer que la gente sepa que no se ha tirado la toalla y centrar la atención en la labor decisoria del TEPJF, lo que por supuesto significa hacer presión pública al tribunal, pero de manera absolutamente legítima.

En ese escenario, lograr el propósito de llamar la atención social sobre el proceso electoral no concluido, hacer patente la inconformidad y difundir las inequidades, vicios y trampas que marcaron el “triunfo” de Peña Nieto sólo puede hacerse subiendo el tono de la confrontación en los medios de comunicación, y no se diga en tiempo de Olimpiadas que de manera natural concentran las miradas, de tal suerte que para hacerse oír se busca hablar más alto. Para aclarar equívocos quisiera decir que no sólo soy un aficionado a los deportes y que disfruto de los Juegos Olímpicos cada cuatro años, sino que me parece sano que haya un respiro de emoción y esparcimiento a la batalla poselectoral convertida en un circular enfrentamiento de dimes y diretes. De cualquier forma, ya está fijado en opinión pública que se ha impugnado la elección por parte del Movimiento Progresista, que los agravios son financiamiento ilegal, rebase de topes de campaña y compra de votos, y que el TEPJF resolverá en definitiva.

Así como AMLO tiene una estrategia mediática para resaltar las anomalías electorales y generar expectativas de que se anularan -en realidad se “invalidarían”, pero para efectos prácticos es lo mismo-, Peña Nieto tiene la suya propia para expresar lo contrario: que su victoria es irreversible, que las impugnaciones son resultado del berrinche de un “mal perdedor” y que ya se está preparando para tomar posesión a partir del primero de diciembre. Sin embargo, y a pesar del respaldo palpable que tiene de la mayoría de los medios electrónicos, su corona ya está abollada. Y es que todos sabemos de los usos y costumbres perniciosos de nuestras elecciones -en donde, si bien todos recurren a ellas, el PRI es el campeón indiscutible- y de cómo se busca ganar “haiga sido como haiga sido”. EPN ganó sucio y esa convicción seguirá extendiéndose porque se compadece no sólo de la experiencia, sino también de la tradición histórica, e incluso emblemática, del partido al que pertenece.

No hay plazo que no se cumpla. El impasse llegará a su fin a más tardar el 6 de septiembre y aunque la lucha mediática da pistas de lo que podría venir, según los distintos escenarios, la verdad es que está por verse lo que sucederá, aún en el caso de que al TEPJF no se atreva a poner un correctivo tajante al deterioro de la democracia mexicana que tiene como aliciente el hecho de que la trampa resulta rentable para quien la comete, así sea descubierto, y decida validar la elección. Si eso sucediera, la izquierda deberá demostrar que aprendió de su experiencia reciente para no reeditar la desgastante y destructiva lucha fraticida.

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miércoles, 25 de julio de 2012

DEFENDER LA DEMOCRACIA

Fernando Belaunzarán
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No se discute la cantidad, sino la calidad. A diferencia de 2006, no está en cuestión el resultado numérico de la elección presidencial y se asume que Enrique Peña Nieto, señalado como ganador de la contienda en los cómputos distritales del Instituto Federal Electoral, fue quien efectivamente contó con el mayor número de votos en las urnas. El punto es otro: cómo obtuvo dichos votos en un contexto de inequidad, excesivo gasto y acusaciones de financiamiento paralelo con procedimientos de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita, así como de compra y coacción del voto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá si en virtud de tales anomalías, trampas e irregularidades la elección presidencial cumplió con los perceptos constitucionales y, en consecuencia, debe considerarse válida o, en su defecto, convocarse a nuevas elecciones. Pero, en cualquier caso, se ha puesto en el centro de la reflexión nacional la calidad de la democracia mexicana y eso podría significar una oportunidad para retomar la ruta de la transición e incluso llevarla más allá del ámbito electoral.

La alternancia no trajo el salto democrático que con merecido optimismo en ese entonces se avisoraba. Al contrario, no sólo se perdió impulso, sino que hubo estancamiento y, en algunos rubros, evidente perversión y retroceso. Los poderes fácticos se fortalecieron, los gobernadores adquirieron poderes metaconstitucionales casi absolutos en sus territorios y la compra de votos fue escalando a grados de desvergüenza inusitada. Si acaso sólo se avanzó -y de manera insuficiente- en el rubro de la transparencia. La reciente elección presidencial condensó ese proceso de deterioro que tendría como corolario el regreso del PRI a Los Pinos con un proyecto eminentemente restaurador. Pero aún si el TEPJF no tuviera la estatura para invalidarla, el partido del viejo régimen no llegaría como pensaba hacerlo. En esa caso se encontraría sin mayoría en las Cámaras, con la izquierda fortalecida, la gente en las calles, una opinión pública informada, crítica y relacionada por redes sociales y un presidente debilitado que de entrada carga con el señalamiento de “impuesto”.

El camino de la restauración autoritaria quedó maltrecho y transitarlo sería muy costoso e incierto para el PRI y sus aliados, así como funesto para el país. Sólo queda una ruta de reconciliación y salida a la crisis: la de la democracia.

Sin duda que es esencial revertir la tendencia convertida en normalidad electoral de buscar ganar “haiga sido como haiga sido” y establecer medidas que garanticen el juego limpio y pongan parejo el terreno de la competencia. Pero un régimen democrático es mucho más que juego limpio en los comicios. Hay que evitar que la Televisión vuelva a fabricar y promover candidatos afines a sus consorcios, que se hagan encuestas con el objetivo de hacer propaganada y no de informar, que se rebasen los topes de campaña, que haya fianciamiento paralelo con recursos de procedencia ilícita y mediante procedimientos de lavado de dinero, que se compre y coaccione el voto, en fin, evitar que la trampa premie. Sin embargo, todo ello será insuficiente si no se ve a la democracia de manera integral y más allá del proceso emblemático de la emisión del sufragio para distribuir el poder.

Democracia implica desconcentración del poder, que haya equilibrios y contrapesos, y que ningún poder particular esté por la vía de los hechos encima del que ejerce el Estado. En ese sentido es crucial combatir los monopolios y las reglas no escritas que fortalecen desproporcionadamente los poderes, lo mismo de gobernantes que de consorcios privados. Todos debe estar sometidos a la ley y se deben acabar los privilegios. La correcta distribución de la riqueza también es necesaria para la vida democrática, pues en la pobreza ésta no puede florecer. Por lo mismo, es fundamental que haya educación de calidad para todos los estratos sociales.

La democracia no sólo es procedimiento y estructura institucional, también es cultura y ella implica respetar el derecho a discrepar, que haya diálogo respetuoso y tolerante en la pluralidad, negociación y acuerdos a la luz del día y sin actitudes vergonzantes. También requiere que las decisiones sean en la medida de lo posible colectivas y colegiadas, más que caprichosas y unipersonales. Sin duda, todo ello sería más fácil de establecer en un régimen parlamentario, pero si se insiste en mantener el presidencialismo, entonces urge establecer la segunda vuelta para favorecer la construcción de mayorías estables en las Cámaras que sean capaces de hacer reformas de gran calado en alianza con un presidente que cuente con el respaldo de la mayoría y no de una tercera parte de la población como actualmente sucede.

El reto es convertir el riesgo de regresión autoritaria en oportunidad para recuperar el camino de la transición democrática y, a diferencia de lo que ocurrió con la alternancia, esta vez no desperdiciarla. Esa es mi apuesta.

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