MARIGUANA: CLAVES DEL DEBATE*

Fernando Belaunzaran

Twitter: @ferbelaunzaran 

El problema no es moral, aunque el prohibicionismo suela atrincherarse en ese ámbito para justificarse. Lo que está en cuestión son políticas públicas que deben ser evaluadas por sus resultados, de cara a los objetivos planteados cuando se establecieron. Por lo tanto, la discusión no es si la mariguana es una sustancia “buena” o “mala” –como si alguna lo fuera per se- para que de ese juicio se desprenda si debe ser permitida o prohibida, aunque, por supuesto, resulta necesario conocer y debatir con rigor científico sus propiedades y efectos, sus posibles beneficios y daños, sus probables oportunidades y riesgos.

Tras medio siglo del Tratado sobre Estupefacientes de la ONU, la prohibición se ha mostrado incapaz de reducir la producción, tráfico y consumo de drogas. Por el contrario, a pesar de ella se han incrementado y siguen siendo un negocio pujante y muy lucrativo que se beneficia de la ilegalidad que multiplica los márgenes de ganancia en un mercado sin controles. Esto ha generado una gran cantidad de consecuencias no deseadas como la lucha cruenta por territorios, la infiltración de instituciones, la corrupción al más alto nivel y el debilitamiento del Estado en amplias zonas del país, mientras las prisiones se desbordan con consumidores y menudistas. Los daños al tejido social que han traído la violencia y la zozobra incrementan, por cierto, la vulnerabilidad para el consumo con abuso de drogas, legales e ilegales, y la cooptación por el crimen.

El fracaso del paradigma prohibicionista no significa que cualquier alternativa sea panacea, ni que ésta se pueda construir de la noche a la mañana. El cambio hacia una nueva política de drogas que establezca medidas de control eficientes y reduzca las consecuencias perniciosas de una coexistencia inevitable –el “mundo sin drogas” es una absurda y cuestionable utopía- debe verse como un proceso sin ritmos preestablecidos, aunque no pueda prescindir de la referencia global y, menos aún, de la de nuestro vecino y principal consumidor de drogas ilegales, pues en gran medida seguimos siendo un país productor y de tránsito hacia ese mercado. Que veinte entidades de Estados Unidos, donde viven más de 100 millones de habitantes, tengan ya regulada la mariguana y que sea inminente que California, frontera boyante con México, pasará en breve de cannabis medicinal a “recreativa” es algo que no puede dejar de considerarse, así como la creciente posición latinoamericana a favor del cambio que, por cierto, ya dejó de ser declarativo y tiene a Uruguay en las puertas de ser el primer país del mundo en regular toda la cadena del cannabis, desde la producción hasta el consumo.

En ese sentido, es importante distinguir lo que desde muy diversos ámbitos, sectores e ideologías se ha venido demandado respecto a la mariguana y que de manera económica se le suele llamar desde los medios como “legalización”. Se ha hablado de “despenalizar” (que no haya sanción), “descriminalizar” (que no haya delito)  y “regular” (establecer controles mediante normas). Nadie ha planteado “liberar” el mercado y darle el trato de un producto cualquiera.

Así como prohibir una sustancia no significa que ésta no se consuma o no esté al alcance de aquellos a quienes se pretende proteger de ella, regularla no significa promover su consumo. El caso del tabaco es ejemplo de cómo reglas estrictas e inteligentes pueden reducirlo.

El debate debe quitar prejuicios y estigmas, ayudar a entender que sólo un porcentaje modesto de consumidores son problemáticos o enfermos y que sería más productivo usar los recursos públicos en prevención, educación, información, rehabilitación y servicios de salud que en financiar una costosa y cruenta “guerra” que en sí misma representa más riesgos para los jóvenes que cualquier sustancia y que, además, no se puede ganar mientras las organizaciones criminales tengan los ingentes recursos del mercado negro de drogas.

Prohibir no es prevenir. Para tener éxito en esta materia hay que asumir que los ciudadanos son mayores de edad que, en uso de sus libertades, pueden decidir sobre su organismo y sistema nervioso mientras no afecten a terceros.

*publicado en Reforma el jueves 15 de agosto de 2013