miércoles, 28 de septiembre de 2011

DERECHO A DECIDIR VS SÍ A LA VIDA

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

Imposible eludir el tema, aun cuando no esté a discusión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió sobre la constitucionalidad de dos leyes locales, de dieciocho que fueron aprobadas, que establecen derechos a los óvulos fecundados, reconociendo a éstos como personas. Como vemos, no es el aborto o su despenalización lo que trataron los Ministros sino sí es materia de los estados definir el alcance de los derechos humanos cuando la extensión de alguno signifique la restricción, e incluso la negación, de otros y que, por tanto, pudieran existir diferentes, o peor aún, contradictorios criterios para su tutela en las distintas entidades de la república. Siete de once miembros de la SCJN consideraron, en concordancia con el proyecto del Ministro Fernando Franco, que eran inconstitucionales, sin embargo mantienen su vigencia, pues se requería una mayoría calificada de ocho.

Cualquiera que hubiera sido la resolución, tanto en Baja California como en San Luis Potosí, habría seguido siendo delito abortar. Sin embargo, la historia de estas legislaciones, su sentido y su materia están en el núcleo de la polémica sobre si es legítima o no la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso no puede extrañar que se haya reavivado dicha discusión que suele polarizar posiciones y ánimos, mismas que pueden sintetizarse muy bien en los dos “hashtags” que en twitter han servido de bandera a los respectivos bandos: #derechoadecidir y #sialavida (en el HT no se usan acentos)

No está demás recordar que como consecuencia de la decisión de la SCJN, en el año 2008, que validó la constitucionalidad de la legislación del DF que despenalizó la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana de gestación, se dio una contraofensiva político-clerical que logró modificar dieciocho constituciones locales para establecer en ellas el criterio de que la vida humana comienza con la concepción. Una forma de presionar para que lo mismo fuera adoptado por la Constitución de la República y, con ello, convertir en inconstitucional la norma polémica en la Ciudad de México y poder echarla abajo. Sin embargo, no midieron otras consecuencias que pudieran desprenderse de esa decisión.

La ciencia sólo da elementos para sostener una u otra posición, pero no resuelve por sí misma la cuestión de cuándo se puede considerar la vida como humana. Por supuesto, este escrito no se plantea resolver algo que seguirá teniendo como reducto a las creencias, pero sí señalar el daño a derechos fundamentales consagrados en la Constitución, por cierto, no sólo de las mujeres, al adoptar jurídicamente el criterio de considerar al cigoto como persona. En primer lugar, el establecido en del artículo 4º: “…TODA PERSONA TIENE DERECHO A DECIDIR DE MANERA LIBRE, RESPONSABLE E INFORMADA SOBRE EL NUMERO Y EL ESPACIAMIENTO DE SUS HIJOS…”

Uno de los métodos anticonceptivos más utilizados en México es el Dispositivo Intra Uterino (DIU) que, eventualmente, evita la implantación de óvulos fecundados en la matriz. Es decir, serían potenciales “asesinas” las mujeres y parejas que hayan decidido usar el DIU. Algo muy similar puede decirse de la “anticoncepción de emergencia” de las llamadas “pastillas del día siguiente”. Pero no sólo mete en problemas a quienes hayan decidido evitar de esas maneras embarazos no deseados, también a quienes quieren procrear y no han podido. La fertilización In Vitro lleva a desechar a la mayoría de los óvulos fecundados. Aquí habría “asesinos” por querer embarazarse. Sobra decir que los médicos que implantaran DIUs o que realizaran fertilizaciones artificiales serían también culpables de “asesinato”. Respeto profundamente la creencia de considerar la vida humana desde la concepción, pero darle a esa creencia el estatus de verdad jurídica sería una aberración que podría llevar la criminalización, ya de por sí cuestionada en el aborto, a extremos inadmisibles. Huelga decir que las mujeres embarazadas en una violación ya no tendrían el derecho de abortar.

Es mejor colocar y circunscribir a las creencias con alto contenido moral en el lugar que les corresponde, y ese es el de la conciencia individual, respetando en todo momento la libertad de cada persona para defenderlas y tratar de convencer a otros de su validez y de sus bondades, pero sin que puedan imponérselas a otros. Aunado a ello, se pueden encontrar puntos de coincidencias en los cuales avanzar y eso, por extraño que parezca, también es posible en el tema del aborto, en el entendido de buscar un equilibrio entre derechos que llegan enfrentarse. En ese sentido, es importante ubicar que la discrepancia es sobre si se debe considerar delito la interrupción voluntaria del embarazo, pero no en la necesidad de reducir la incidencia de abortos.

Para la mayoría de las mujeres, abortar es una decisión difícil y para no pocas la única opción en su realidad. No es un gusto, nadie está “a favor” del aborto sino que, para una parte importante de la sociedad, se trata de una medida de emergencia y habrían preferido no llegar a ella, pero la circunstancia de su vida las llevaron a practicárselo. Tomando esto en cuenta, lo lógico es atacar las causas con políticas públicas. Por principio de cuentas, debiera promoverse la educación sexual, información y promoción de la planificación familiar y de los métodos anticonceptivos. Paradójicamente, algunos grupos opuestos a la despenalización del aborto se oponen también a políticas que eviten embarazos no deseados, más allá de la legítima, pero improbable, abstinencia.

No hay libertad sin opciones. Por eso sería correcto buscar que las mujeres no tengan como única posibilidad la interrupción del embarazo y puedan optar, si así o desean, también por la maternidad. En ese sentido, contribuiría el no permitir despidos a mujeres embarazadas, ayudar a las madres jóvenes a seguir estudiando con guarderías y becas, tener un sistema de adopciones profesional y confiable, programas sociales a favor de las madres solteras y combatir la moral conservadora que las estigmatiza, pues no pocas mujeres abortar para evitar enfrentar la incomprensión de sus familias y su entorno.

Ahora bien, educar y dar opciones reales y efectivas a las mujeres reduciría la incidencia de abortos, pero no los acabaría y si algo ha quedado demostrado es que las prohibiciones penal, moral y religiosa sólo sirven para poner en riesgo la salud, la libertad y la vida de las mujeres que se los practican, pero no evitan que estos se produzcan. Quienes tienen recursos pueden recurrir a clínicas que los realizan de manera clandestina, viajar al DF o irse del país a abortar, pero las mujeres de escasos recursos que cuentan con deficiente información lo hacen corriendo graves riesgos a su salud reproductiva e incluso pueden morir en el intento. Por el “sí a la vida” muchas pierden la suya y, por regla general, son las más pobres y desprotegidas.

Por eso, algo que debiera ser de sentido común, es que las mujeres que toman la difícil decisión de abortar -por experiencia, insisto, se sabe que lo harán en cualquier condición- puedan practicárselo en condiciones sanitarias adecuadas y se cuide la vida cuya calidad humana no tiene dudas, aunque se considere que lo ideal es preservar ambas vidas. Nadie debe morir por no compartir ciertos valores morales, que son respetables, pero de ninguna manera absolutos, únicos o inapelables.

Cualquiera que hubiera sido la decisión habría generado polémica, pero como la definición se dio por un voto es comprensible que se centre la atención sobre las presiones, algunas naturales y otras excesivas, que padeció la SCJN estos días. Por eso no puede sino calificarse de imprudente, inoportuna e incorrecta la actitud de Felipe Calderón que como Presidente de la República y jefe del Estado mexicano debió mantenerse al margen de las decisiones de un Poder distinto y autónomo. Pudo actuar como Valery Giscard, que siendo católico asumió el deber de su investidura como primer mandatario de un Estado laico y no pretendió que sus creencias y su fe particulares fueran impuestas a todo un país diverso y plural… como el nuestro.

El planteamiento de Calderón de retirar la Declaración Interpretativa sobre el Pacto de San José y, con ello, aceptar sin observación alguna que los derechos humanos deben reconocerse “desde la concepción”, exactamente lo que establecen las constituciones locales que fueron impugnadas, presagia tormentas, puesto que los tratados internacionales tienen el valor de las normas constitucionales y lo que sigue es, por otra vía, volver a impugnar la constitucionalidad del Código Penal del DF que despenalizó la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana. Es cierto que esa posición tuvo a favor sólo cuatro de once Ministros y que sería volver a polarizar a la sociedad, pero en nuestro México se han visto cosas más absurdas. No olvidemos que se acerca el 2012 y que, nos guste o no, la Iglesia Católica tiene un peso electoral que nadie puede soslayar.

El aborto es un tema álgido que, por poner en juego creencias profundas, suele provocar la pérdida de ecuanimidad y subir el tono de la confrontación a niveles inadmisibles. Por eso no está demás convocar al debate fuerte y franco, pero también inteligente y tolerante. Finalmente, la sociedad dividida y polarizada, reflejada de alguna manera los tuiteros de #derechoadecidir y de #sialavida, tenemos que coexistir y sacar a nuestro país adelante en momentos particularmente difíciles. Incluso en este tema álgido, el diálogo y la tolerancia son necesarios y apremiantes.

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miércoles, 21 de septiembre de 2011

GOBIERNO DE COALICIÓN

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

Si algo ha contribuido al estancamiento de la transición y al desengaño ciudadano sobre las ventajas de los cambios democráticos logrados a finales del siglo XX en México es la falta de eficacia del sistema político, es decir, la ausencia de resultados, la complicación de viejos problemas y la emergencia de nuevos que han exhibido la incapacidad del Estado para enfrentarlos con éxito. En buena medida, eso es consecuencia de mantener el esquema del viejo presidencialismo, pero ya sin los poderes metaconstitucionales que en los hechos gozaba el titular del Poder Ejecutivo. Con la realidad de “gobierno divido”, sin que el partido en el gobierno tenga mayoría en las Cámaras, los actores políticos se han mostrado muy limitados para construir los acuerdos requeridos para sacar adelante las reformas estructurales con la profundidad que necesita el país. Respondiendo a ello se han presentado dos iniciativas antagónicas: “La cláusula de gobernabilidad” y “El gobierno de coalición”.

Detrás de la propuesta de revivir la cláusula de gobernabilidad, una fórmula salinista para garantizar el control presidencial sobre las Cámaras, se encuentra Enrique Peña Nieto. La lógica es muy simple: para no depender de los acuerdos con otras fuerzas políticas en negociaciones caras y a veces inútiles porque el criterio que suele imponerse es el de la rentabilidad electoral por sobre el del interés nacional, se le debe garantizar la mayoría al partido en el poder para que éste puede implementa por sí solo su programa de gobierno. O dicho de otra manera, restaurar la columna vertebral del viejo régimen: el poder (casi) absoluto del presidente.

A diferencia de la cláusula de gobernabilidad que adultera la representación popular bajo la premisa autoritaria de que sólo concentrando el poder en la autoridad máxima del Estado se puede gobernar con eficacia, la propuesta de “gobierno de coalición” que, sin cambiar el régimen presidencial, permite construir mayorías legislativas estables respetando la pluralidad política y haciéndola corresponsable de la buena marcha del país. Alrededor de un programa de gobierno se signa un acuerdo público entre distintos partidos representados en el Congreso con el Presidente para conformar un gabinete plural y de alto perfil, el cual debe ser aprobado por el Parlamento. De esta manera, se alientan los acuerdos entre fuerzas distintas y se rompe la lógica dominante del cálculo electoral que privilegia la obstrucción. Un paso hacia el parlamentarismo que fortalece a la democracia.

Se trata de una posibilidad, pues no hay obligación para el Poder Ejecutivo de contar con mayoría parlamentaria; sin embargo, es un instrumento que puede resolver el problema del gobierno dividido y promover la cooperación en la pluralidad democrática del país. Su simple existencia acabaría con lo que ya es tradición: responsabilizar al Congreso de la falta de resultados del gobierno. Si un Presidente decide gobernar en minoría está en su derecho, pero, en caso de que sus propuestas se atoren en la Cámaras, sería su responsabilidad por no conformar un gobierno de coalición.

No deja de llamar la atención que uno de los promotores de la reforma constitucional para instaurar gobiernos de coalición en el Senado de la República sea Manlio Fabio Beltrones, quien, junto con los coordinadores del PRD y el PAN, Carlos Navarrete y José González Morfín, suscribieron la iniciativa. Con ello hace un alto contraste con su adversario interno en pos de la candidatura presidencial y, si bien es cierto que es poco menos que imposible que se imponga a Enrique Peña Nieto, se muestra como un político progresista frente al que viene a restaurar el viejo régimen. Más allá de lo que se piense acerca de sus cálculos e intenciones, de su estrategia de precampaña, de saber si es su convicción o una forma de estirar la cuerda para negociar mejor, se debe saludar todo esfuerzo que pueda servir para fortalecer la incipiente, contradictoria y hoy francamente en riesgo democracia mexicana, más aun cuando es respaldado por legisladores de los partidos más importantes.

Es fácil de prever que la iniciativa se aprobará en el Senado y que, entonces, la bola le caerá a Enrique Peña Nieto, quien tiene evidente control del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados con el ingrediente de que la propuesta tendrá algunos adeptos en esa bancada. ¿Querrá pasar como demócrata para no pagar el precio y se olvidará de la reforma que él ha defendido en diversos foros, la de la cláusula de gobernabilidad, mandándola aprobar o buscará frenarla de la misma manera que tiene detenida la integración del IFE porque el PRD y el PAN no aceptan que el PRI proponga dos consejeros? Lo veremos.

Al margen de la propuesta legislativa, se está planteando desde diversas posiciones políticas y ámbitos sociales la posibilidad de construir una gran alianza electoral que pueda constituirse en un polo competitivo frente al candidato de la restauración y que de entrada plantea que, en caso de ganar, conformaría un gobierno de coalición para lograr lo que la alternancia no pudo o no quiso hacer: culminar la transición democrática, terminar con impunidad, corrupción, privilegios y cacicazgos y establecer un modelo de desarrollo con crecimiento y justicia social. En eso andan demócratas partidarios y sin partido como Javier Corral, Guadalupe Acosta Naranjo, Xóchitl Gálvez, Purificación Carpinteyro, Marco Rascón, entre otros. Está demás decir que esa loable iniciativa sólo podrá prosperar si irrumpe la sociedad para impulsarla, pues hoy se ve complicado, por decir lo menos. ¡Pero vaya que a México le hace falta algo así! Hagamos lo que podamos para que suceda…

sábado, 10 de septiembre de 2011

UNA DÉCADA DESPUÉS DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelunzaran

Hace 10 años, un puñado de extremistas cambió la geopolítica del planeta. Por supuesto, no como ellos hubieran querido; tampoco como George W. Bush llegó a pensar. Los extremos no pudieron hacer perdurar su lógica de confrontación a muerte entre “Dios” y los “infieles” o entre el “bien” contra “el mal”, según uno u otro fundamentalismo que, en cualquier caso, clamaba venganza. Pero si bien sabemos que el 11 de septiembre de 2001 fue un parteaguas que puso en el centro de la agenda la seguridad norteamericana, aunque no pudo imponerse a mediano y largo plazo la obsesión belicista, no está claro hacia dónde se dirige el mundo con economías tambaleantes de las potencias occidentales y la irrupción de crecientes movimientos de protesta -con notoria preeminencia de los jóvenes- contra sistemas políticos que no atinan a renovarse y dar respuestas adecuadas a los problemas y requerimientos de sus sociedades.

La terrible, atroz y delirante acción contra blancos políticos, económicos, simbólicos y militares de los Estados Unidos dio impulso y base social a inflamados ánimos bélicos e imperialistas dentro de la gran potencia, debidamente alentados por los “halcones” que en ese momento mandaban en la Casa Blanca. George W. Bush, a quien en el documental de Michael Moore se le ve fingiendo que leía un libro que tenía de cabeza frente a un grupo de niños en el momento en que le daban las duras noticias, exhibió la portentosa fuerza militar norteamericana, no tanto para hacer pagar a los terroristas que cometieron los deleznables crímenes como para aprovechar el viaje y hacer sentir, a todos los países de la Tierra, la nueva realidad inaugurada con la caída del Muro de Berlín: el mundo unipolar.

Como suele suceder, y como desde el primer momento se anticipaba, pagaron muchos justos por pocos pecadores. Pero no sólo eso, el tiro le salió por la culata al presidente texano y actualmente, en medio de turbulencias e incertidumbre en la economía, ese país todavía no atina a salir del atolladero en el que se metió y todo parece que concluiran su costosa intervención militar sin dejar gobiernos estables y una zona pacificada. La ola democratizadora que hoy vive Medio Oriente no vino de las armas norteamericanas sino que surgió desde las propias sociedades, hartas de gobiernos despóticos y corruptos, fundamentalmente de los jóvenes globalizados e interconectados por la revolución tecnológica en comunicaciones y el auge de las redes sociales. La invasión de los Estados Unidos a Irak no sirvió para golpear un reducto de Al Qaeda; por el contrario, paradójicamente le abrió la puerta a la organización terrorista para que operara en ese país que, tras la caída del dictador Sadam Hussein, se vio de por sí convulsionado por luchas étnicas y religiosas. Se generó un foco de desestabilización en la región que han costado grandes pérdidas humanas.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 conmovieron al mundo. Hubo una espontánea y sincera solidaridad desde todos los puntos del planeta, tanto con el gobierno como con el pueblo de los Estados Unidos. Las víctimas civiles fueron de muchas nacionalidades y nadie se engañaba acerca de que habría una respuesta contundente por parte de los norteamericanos después del golpe recibido y el intenso drama humano que se vivió, no sólo en Nueva York y Washington sino en el planeta entero que seguía en vivo la transmisión. Me recuerdo sorprendido, pasando de la incredulidad al espanto al ver estrellarse a un segundo avión en la otra Torre Gemela, descartando de esa manera tan impresionante la posibilidad de un accidente y maldiciendo a los terroristas que se atrevieron a patearle “los güevos” al gigante sin medir las consecuencias. Unos fanáticos dispuestos a inmolarse hicieron sentir a los estadounidenses que no estaban seguros, que la guerra podría sentirse en su territorio con su estela de destrucción, muerte y dolor; era evidente que eso cambiaría la historia y que las cosas no volverían a ser como antes.

George W. Bush se encargó de dilapidar el apoyo internacional y ganarse a pulso altos índices de antipatía mundial por actuar unilateralmente en la segunda guerra del Golfo Pérsico. Se pasó de la solidaridad a la censura. Ahora sabemos que no existieron tales “armas de destrucción masiva” en Irak y que si bien la ocupación resultó ser muy onerosa para el gobierno del los EU sirvió a algunos contratistas para hacer jugosos negocios. No tardó la molestia externa en ser también interna y el rechazo al entonces presidente dentro de su país, por la crisis económica y también por la impopularidad creciente de la guerra, llegó a niveles históricos.

De la decepción devino la esperanza con la arrasadora elección de Barak Obama, quien hizo del cambio y del cuestionamiento a la ocupación de Irak dos puntos fundamentales de su campaña. Acontecimiento saludado planetariamente como pocos. Pero, como bien sabemos en México, es más fácil prometer el cambio que realizarlo. Los republicanos han adoptado una política de abierto boicot y el llamado Tea Party es un grupo de poder empeñado en provocar el fracaso del gobierno como vía necesaria para ganar las elecciones el próximo año. Los intereses facciosos por encima de las responsabilidades institucionales con el país. También acá sabemos de eso. El caso es que los problemas económicos y la falta de las transformaciones prometidas acabaron con la obamanía y no puede descartarse el regreso de los “halcones” a la Casa Blanca.

En México y América Latina sufrimos consecuencias directas por aquel 11 de septiembre. El paso por la frontera hacia los Estados Unidos se hizo mucho más difícil, trayendo como consecuencia que el tráfico de indocumentados usara las rutas del narco, quienes sustituyeron a los ancestrales “polleros”. Los “narcopolleros” diversificaron su negocio con el de la trata de personas y, como bien sabemos, no hay nadie más vulnerable que un migrante sin papeles, más aun cuando se trata de mujeres y niños. Por supuesto, esa nueva seguridad no logró disminuir la cantidad de drogas exportadas a ese país ni la llegada de armamento para los cárteles.

10 años frenéticos en el que el rostro del mundo ha cambiado vertiginosamente. Osama Bin Laden está en el fondo del mar y aunque el terrorismo sigue siendo una amenaza, el planeta se mueve en otra dirección. Son los movimientos emergentes, la indignación organizada por las redes sociales en un contexto de incertidumbre económica los que amenazan, en mi opinión para bien, el status quo de sistemas políticos rebasados por las circunstancias. Un impulso democratizador que ojalá sea aprovechado y encauzado en lugar de combatido violentamente por las elites que, con razón, se sienten amenazadas. Es tiempo de reformas hacia una democracia más participativa, lo cual no quiere decir renunciar a su carácter representativo. Al contrario, se trata de un complemento indispensable, en virtud de una sociedad global más informada, atenta y demandante.

Es un buen momento para reflexionar, para pensar también en otra guerra tan absurda como la de Irak y que lleva medio siglo librándose con cada vez peores consecuencias. Me refiero a la estrategia punitiva contra las drogas que ha sido un fracaso mundial y que hoy amenaza en serio la viabilidad del Estado mexicano. Por supuesto, igualmente es un momento para pensar en las miles de víctimas inocentes cuyas vidas fueron segadas por un ataque salvaje e irracional. La mejor forma de rendirles tributo es defender los valores de la libertad y fortalecer los regímenes democráticos, lo cual implica llevar a cabo políticas efectivas para procurar justicia social. Frente al maniqueísmo estilo Bush, “el que no está conmigo, está con los terroristas [o con la ‘mafia’]”, se debe impulsar la pluralidad, la tolerancia, el diálogo, la negociación, el respeto por el otro. Sólo así venceremos al verdadero adversario que sigue levantando la cabeza con diversas ideologías y modalidades. Me refiero al extremismo.

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miércoles, 7 de septiembre de 2011

PACTO NACIONAL: SEGUNDA LLAMADA

Fernando Belaunzarán
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Coincidente con el planteamiento de Javier Sicilia e incluyendo de manera más sistemática los ejes fundamentales que le darían sustento, el rector José Narro propuso a Felipe Calderón un acuerdo nacional para virar en la estrategia actual de combate al crimen organizado y conformar una política de Estado de amplio consenso y largo aliento. Es la segunda vez que se le presenta una oportunidad al jefe del Ejecutivo para que, aprovechando una propuesta surgida de la sociedad, convoque a la construcción de los cimientos de la unidad contra el crimen que con razón demanda, pero que se dificulta por el empecinamiento en mantener una ruta que ya probó que va a ninguna parte como no sea la extensión de la barbarie, más allá de buenas intenciones.

Una política de Estado no inicia con el detalle, no puede ser extenuante ni “concreta”. Eso viene después. Lo fundamental es acordar el marco, las líneas generales, la perspectiva, los objetivos, la doctrina. De ella deben desprenderse leyes, prioridades, programas, operativos; la estrategia, pues. Así que si Calderón esperaba algunas fichas para acomodarlas en su rompecabezas se equivocó, puesto de lo que se trata es de establecer la corresponsabilidad a partir del compromiso compartido, producto del consenso sobre la figura que se quiere armar. ¿Por qué los partidos políticos distintos al del Presidente y otras instituciones querrían asumir los costos de una política que no comparten, por la cual no fueron consultados y cuyos resultados son decepcionantes?

Mientras Felipe Calderón se niegue al rediseño conjunto de la estrategia, la unidad nacional será básicamente declarativa y a cada nueva tragedia provocada por la violencia volverá a ser señalado responsable, no tanto de haberla cometido, como insisten en presentarlo un puñado de fanáticos, sino por no atacar de manera adecuada las causas que las hacen posibles, es decir, por aplicar unilateralmente una política que no funciona. Por eso resulta extraño que desaproveche estas oportunidades que vienen de la sociedad, primero la de Javier Sicilia y luego la de la UNAM, para que el combate al crimen organizado deje de ser la desesperada lucha de un gobierno rebasado y pase a ser la labor coordinada del Estado mexicano, asumida compartida y respaldada moral, política y operativamente por instituciones y ciudadanos.

La discusión no es la planteada de manera por demás desafortunada por Vicente Fox. No se trata de establecer acuerdos, explícitos o implícitos, con el crimen organizado sino de fortalecer al Estado para que pueda combatirlo de manera más inteligente y eficaz, reduciendo la violencia, más que por el cambio de actitud de las bandas criminales o porque lleguen a acuerdos entre ellas, en virtud de que se les debilite de la única forma que es posible: disminuyendo sus recursos y ganancias económicas.

Es sin duda un avance que el tema de la legalización de drogas deje de ser tabú y que al menos se acepte discutir como alternativa para encontrar una solución por la vía del consumo al mercado negro más rentable del planeta. Es el negocio principal del crimen organizado y con sólo regular la marihuana se reduciría sustancialmente sus ingresos. En 2008 el entonces “zar antidrogas”, Barry Mccaffrey, estimaba que la venta de ese producto le proporcionaba el 60% de las ganancias a los cárteles mexicanos en Estados Unidos. Cierto que, como argumentan Calderón y Poiré, en virtud de que la mayor demanda proviene de nuestro vecino, la legalización de drogas tendría un impacto decisivo si es ahí donde se lleva a cabo; pero lo cierto es que el apremio no lo tienen los norteamericanos. Los muertos son de este lado de la frontera y allá, fundamentalmente, gozan de los beneficios de un negocio que maneja miles de millones de dólares. No se ven condiciones para que en el corto plazo y por la buena, cambien y se modifique la lógica perversa que hoy domina: México combate sin éxito y con muchos costos materiales, sociales y humanos para evitar que las drogas lleguen a Estados Unidos, mientras allá no reducen el consumo que financia a las bandas criminales y, por si eso fuera poco, venden armas tanto al gobierno como a los narcos. Si queremos que eso cambie -está visto- no bastan discursos inflamados y llenos de reproches.

México es quien debe forzar el cambio de la política punitiva contra las drogas, la cual ya no puede haber dudas de su fracaso global tras medio siglo de violencia creciente que en ningún momento pudo siquiera evitar que el consumo siguiera aumentando. Para ello, en lugar de esperar a ver en qué momento se le ocurre a los norteamericanos cambiar las reglas nosotros debiéramos adelantarnos y, con ello, poner el tema en el centro de la agenda no sólo bilateral sino planetaria. Por eso celebro la iniciativa para que la UNAM organice un foro sobre el tema.

Ahora bien, con independencia de la legalización, el nuevo enfoque debiera centrarse en ir por el dinero del crimen, lo cual implica atreverse a tocar muchos intereses creados que se benefician de alguna u otra manera de esa industria multimillonaria. Y, para ello, nada mejor que un Pacto Nacional que involucre a todas las fuerzas y evite que dichos poderes fácticos se beneficien de las contradicciones de la clase política.

Cierto que la propuesta de la UNAM contiene también algunas generalidades y cosas obvias como combatir a la corrupción y la impunidad, detectar mejor el lavado de dinero o dar atención a las adicciones, pero su gran aporte, lo fundamental, es la posibilidad de partir de una visión compartida que signifique un punto de quiebre, algo mucho más significativo que cualquier gran acuerdo entorno a un documento, principio del cual se desprenden los “cómos”. Se trata de que todas las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad coincidan en fortalecer y darle perspectiva al Estado más allá del combate a la inseguridad, es decir, que tenga viabilidad y funcionalidad la democracia mexicana, pues ello es condición esencial de la solución de éste y otros tantos graves problemas que carga el país. Sería lamentable que, en esta ocasión, otra vez se pierda la oportunidad por mirar el dedo en lugar de observar hacia donde señala.

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