JUICIO A CALDERÓN

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

La situación de inseguridad y violencia por la que atraviesa México es muy grave y delicada; pretender subestimarla no sólo resulta vano ante la magnitud de los hechos sino irresponsable, pues atenderla como amerita debiera ser de absoluta prioridad para todos. Lo que está en juego, aunque buena parte de la clase política -ahogada en su mezquindad- no quiera verlo, es la viabilidad del Estado mexicano y, frente a ello, palidece el resultado de la próxima elección presidencial. En lugar de luchar por las ruinas, resulta apremiante elevar la mira y encontrar caminos compartidos para responder con inteligencia, unidad y fortaleza a este tremendo reto que se nos presenta como Nación.

Eso lo entendió Javier Sicilia y, por lo mismo, en todo momento ha llamado a la reconciliación sin dejar de reclamar con firmeza un indispensable cambio en la estrategia y concepción gubernamental de una lucha contra el crimen que ha tenido magros e incluso contraproducentes resultados, así como el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y la satisfacción de justicia a las víctimas de la violencia. La impunidad que se vive en el país es intolerable y para combatirla nadie puede escamotear el derecho que asiste a los mexicanos de acudir a organismos internacionales con el objetivo de que presionen al Estado a cumplir con su responsabilidad de perseguir los crímenes y sancionar a violadores de las garantías fundamentales. De ahí que el movimiento que encabeza haya tenido el acierto de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algo muy distinto a lo que se pretende con el llamado “Juicio a Calderón”.

Lo primero que hay que decir es que no hay tal petición de “Juicio a Calderón” en la demanda. Lo que se presentó en La Haya es una solicitud de investigación para que la Corte Penal Internacional determine si el Presidente, los Secretarios de Marina, Defensa Nacional, Seguridad Pública, otro funcionario y/o capos de la droga son responsables de “crímenes de guerra” o de “lesa humanidad”. Aunque resulta evidente que la CPI carece de competencia, si acepta revisar el caso para decidir, es decir, iniciar lo que llama “análisis preliminar” –facultad discrecional del fiscal-, los promotores tendrían el triunfo que buscan, pues el verdadero “juicio a Calderón” es mediático.

Por cierto, hay que decirlo, los demandantes contaron con la inesperada, pero eficaz ayuda del gobierno federal que publicó un desafortunado y visceral comunicado que, además de darle relevancia al asunto, comete el despropósito de amagar con “proceder legalmente” contra los 23 mil ciudadanos signantes. Con independencia de la opinión que merezca el documento interpuesto, lo cierto es que están en su derecho de acudir a esa instancia y sólo un régimen autoritario puede proceder contra alguien que lo denuncia jurídicamente. Y aunque la vocera Alejandra Sota se dio a la tarea de peregrinar en los medios de comunicación para aclarar que el gobierno no hará lo que amenazó con hacer, el daño ya estaba hecho y, como era de esperarse, los demandantes no se dieron por enterados de la retractación.

Ahora bien, que en México hayan promovido una demanda distinta a la que en realidad interpusieron en La Haya –en éste no responsabilizan a Calderón de los 50 mil muertos- da luces sobre el objetivo de esta aventura jurídica y demuestra que los abogados que la promueven están plenamente conscientes de las dificultades que existen para que prospere. En primer lugar, la CPI tiene el principio de complementariedad, es decir, sólo puede ser competente en caso de que no haya instancias judiciales en el país o estás no quieran actuar. Pero el Poder Judicial, si bien está rebasado por la ola de violencia, existe y es independiente. El propio Netzaí Sandoval, uno de los abogados promotores, reclama con razón a Felipe Calderón no haber establecido los protocolos de actuación de los militares en los retenes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le pidió, pero con eso él acepta que sí hay tribunales no sometidos al Ejecutivo y que están trabajando.

Por otra parte, existen cuatro crímenes tipificados. “Genocidio” que no aplica, pues se refiere al intento de exterminio de un grupo específico de la población, sea racial, étnico o religioso. “Crímenes de guerra” tampoco aplica, pues legalmente, según los criterios internacionalmente convenidos, México no está en guerra ni vive un “conflicto armado”. “Crimen de agresión” menos aplica, ya que éste se refiere al ataque ilegal e injustificado de un Estado contra otro.

Queda “crímenes de lesa humanidad”, el comprende “las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre”; pero, ojo, “siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

En México hemos visto crímenes atroces, pero el carácter “generalizado y sistemático contra UNA población civil y con conocimiento de dicho ataque” sólo podría sostenerse en el caso de los migrantes centroamericanos que son agredidos con regularidad para extorsionarlos, reclutarlos o aniquilarlos. Pero la responsabilidad de ello recae plenamente en el crimen organizado que lo realiza, a pesar de que éste haya logrado corromper a agentes del Instituto Nacional de Migración. Es un despropósito quitarles un gramo de responsabilidad a las infames bandas de delincuentes que, entre otras cosas, a eso se dedican y que han convertido el paso por México en un verdadero infierno para miles y miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos. El gobierno de Calderón hace bien en combatirlos, aun cuando lo haga de manera deficiente. Recordemos la complementariedad de la CPI y el hecho de que hay procesados por este tipo de agresiones a los indocumentados, de tal suerte que no se ve cómo pueda acreditar su competencia. Es verdad que está lejos de solucionarse este grave problema, pero afortunadamente existe una presión creciente, tanto de la opinión pública nacional como de de la comunidad internacional, para que el gobierno remedie dicha situación.

Es obvio que los promoventes no se plantean que lleguen “cascos azules” a buscar al líder de los Zetas o al Chapo Guzmán. Lo que quieren es un elemento de propaganda para responsabilizar en tiempos electorales a Felipe Calderón de todos los ejecutados durante su sexenio con independencia de que la demanda diga otra cosa. Para eso, como dijimos, les basta con que el fiscal, Luis Moreno Ocampo, determine hacer un “análisis preliminar”, lo cual es su facultad discrecional. Ya lo hizo en Honduras y en Colombia, aunque en el primer país se debió al golpe de Estado que ahí ocurrió y en el segundo por el caso conocido como “los falsos positivos” en el que el ejército de ese país disfrazó de guerrilleros caídos a civiles que ellos mismos asesinaron. Por desgracia para el gobierno federal, el exabrupto en el comunicado de presidencia amenazando a los demandantes de La Haya podría contribuir a que el fiscal acepte realizar el mismo procedimiento “preliminar” en México.

Desde el inicio de su gobierno he sido crítico de la estrategia contra el crimen de Felipe Calderón y considero apremiante que la cambie. Sin duda que es responsable institucional por aplicarla y por no corregirla a pesar de sus malos resultados, pero eso no lo convierte en delincuente, mucho menos en “criminal de guerra” o culpable de “crímenes de lesa humanidad”. La primera razón por la que no me adhiero al “juicio a Calderón” es porque no veo ningún atisbo de justicia y, en cambio, sí de venganza. Brazas del 2006 que siguen encendidas. Nada más que la situación electoral cambió radicalmente y avivarlas tiene beneficiarios evidentes: el PRI y Peña Nieto, quienes van al frente y estarían felices de que la confrontación PRD-PAN regresara a los niveles que ellos supieron aprovechar tan bien y que los reposicionó. La estrategia debe ser para ganar, no para pelear el segundo lugar.

Otra razón por la que no comparto el “juicio a Calderón” tiene que ver con que la Corte Penal Internacional es una institución trascendente, creada por el Estatuto de Roma y establecido contra la opinión de gobiernos autoritarios y la oposición, por no decir hostilidad, de los Estados Unidos que insiste en moverse en la impunidad dentro del concierto de las Naciones. No fue creada para ser utilizada en la lucha doméstica facciosa de un país democrático con todos y sus asegunes. Es una pena que denota la descomposición política de nuestro país que se le pretenda utilizar como elemento de propaganda electoral. Con ese manoseo se le falta al respeto y se le abarata, contribuyendo a desgastar su imprescindible peso político y autoridad moral. Se hizo para cosas grandes, para poner en su lugar a dictadores déspotas o generales inhumanos que cometen crímenes inefables. Sus antecedentes son Nuremberg y Tokio, y se creo pensando en lo ocurrido en Croacia, Bosnia-Herzegovina, Ruanda, Camboya, Guatemala. La CPI juzgó a Milocevic y ojalá hubiera existido antes para que juzgara a Pol Pot. Es una desproporción alucinante pretender que ocurra lo mismo con Felipe Calderón, el cual está combatiendo a las organizaciones criminales que han mostrado exultantes su brutalidad y salvajismo, aunque lo haga de manera deficiente.

También considero que el problema de la seguridad en México debe verse como un asunto de Estado de primera importancia y que eso obliga a la unidad nacional contra el crimen. Es necesario acordar una nueva estrategia que sea más efectiva, que cuente con una labor de inteligencia que permita dar golpes de precisión, golpear las finanzas de los cárteles y reducir la violencia. Por eso es correcto que los candidatos presidenciales planteen la reconciliación y sería conveniente que los seguidores de cada uno de ellos actuaran en consonancia para no dar mensajes contradictorios y que la gente crea en su autenticidad. Y eso va más allá del proceso electoral. Gane quien gane necesitará del apoyo de todos y de la sociedad para hacerle frente con éxito al crimen organizado. Ojalá, a la luz de la experiencia, se dé el acuerdo para plantear a nivel global, regional, bilateral y nacional la discusión inaplazable de legalizar, es decir, regular las drogas.

Por supuesto, reconozco el derecho que los 23 mil ciudadanos a acudir a la CPI y demandar lo que a su interés convenga y me parecería inadmisible que se emprendiera cualquiera acción legal en represalia contra cualquiera de ellos por parte del gobierno federal. Al parecer, por fortuna, eso no ocurrirá.

Con independencia del derrotero de la demanda en la CPI, los mexicanos tenemos que encontrar solución a una situación intolerable que ha costado la vida a más de 50 mil personas y en donde se muestra el desprecio por el valor de la vida y la dignidad humanas. Decapitados, desollados, secuestrados, asesinatos masivos, torturas y ejecuciones exhibidas por video en la red son botones de muestra de una realidad que duele y desasociega. La impunidad es abrumadora, baste recordar el informe de Human Rights Watch: de un universo de 35 mil asesinatos sólo se ha llegado a condenar a 22 personas. Además, dice el mismo informe, se han incrementado las violaciones a los Derechos Humanos y hay no pocas víctimas inocentes causadas por parte de las fuerzas de seguridad. Es comprensible y compartida la indignación social y la clase política, con participación ciudadana, debe dar respuesta. Pero para ello necesita tener visión de Estado y, aunque sea por sobrevivencia, enfrentar en conjunto el problema antes que buscar capitalizarlo en las urnas. ¿Serán capaces?

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