GOBIERNO DE COALICIÓN

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

Si algo ha contribuido al estancamiento de la transición y al desengaño ciudadano sobre las ventajas de los cambios democráticos logrados a finales del siglo XX en México es la falta de eficacia del sistema político, es decir, la ausencia de resultados, la complicación de viejos problemas y la emergencia de nuevos que han exhibido la incapacidad del Estado para enfrentarlos con éxito. En buena medida, eso es consecuencia de mantener el esquema del viejo presidencialismo, pero ya sin los poderes metaconstitucionales que en los hechos gozaba el titular del Poder Ejecutivo. Con la realidad de “gobierno divido”, sin que el partido en el gobierno tenga mayoría en las Cámaras, los actores políticos se han mostrado muy limitados para construir los acuerdos requeridos para sacar adelante las reformas estructurales con la profundidad que necesita el país. Respondiendo a ello se han presentado dos iniciativas antagónicas: “La cláusula de gobernabilidad” y “El gobierno de coalición”.

Detrás de la propuesta de revivir la cláusula de gobernabilidad, una fórmula salinista para garantizar el control presidencial sobre las Cámaras, se encuentra Enrique Peña Nieto. La lógica es muy simple: para no depender de los acuerdos con otras fuerzas políticas en negociaciones caras y a veces inútiles porque el criterio que suele imponerse es el de la rentabilidad electoral por sobre el del interés nacional, se le debe garantizar la mayoría al partido en el poder para que éste puede implementa por sí solo su programa de gobierno. O dicho de otra manera, restaurar la columna vertebral del viejo régimen: el poder (casi) absoluto del presidente.

A diferencia de la cláusula de gobernabilidad que adultera la representación popular bajo la premisa autoritaria de que sólo concentrando el poder en la autoridad máxima del Estado se puede gobernar con eficacia, la propuesta de “gobierno de coalición” que, sin cambiar el régimen presidencial, permite construir mayorías legislativas estables respetando la pluralidad política y haciéndola corresponsable de la buena marcha del país. Alrededor de un programa de gobierno se signa un acuerdo público entre distintos partidos representados en el Congreso con el Presidente para conformar un gabinete plural y de alto perfil, el cual debe ser aprobado por el Parlamento. De esta manera, se alientan los acuerdos entre fuerzas distintas y se rompe la lógica dominante del cálculo electoral que privilegia la obstrucción. Un paso hacia el parlamentarismo que fortalece a la democracia.

Se trata de una posibilidad, pues no hay obligación para el Poder Ejecutivo de contar con mayoría parlamentaria; sin embargo, es un instrumento que puede resolver el problema del gobierno dividido y promover la cooperación en la pluralidad democrática del país. Su simple existencia acabaría con lo que ya es tradición: responsabilizar al Congreso de la falta de resultados del gobierno. Si un Presidente decide gobernar en minoría está en su derecho, pero, en caso de que sus propuestas se atoren en la Cámaras, sería su responsabilidad por no conformar un gobierno de coalición.

No deja de llamar la atención que uno de los promotores de la reforma constitucional para instaurar gobiernos de coalición en el Senado de la República sea Manlio Fabio Beltrones, quien, junto con los coordinadores del PRD y el PAN, Carlos Navarrete y José González Morfín, suscribieron la iniciativa. Con ello hace un alto contraste con su adversario interno en pos de la candidatura presidencial y, si bien es cierto que es poco menos que imposible que se imponga a Enrique Peña Nieto, se muestra como un político progresista frente al que viene a restaurar el viejo régimen. Más allá de lo que se piense acerca de sus cálculos e intenciones, de su estrategia de precampaña, de saber si es su convicción o una forma de estirar la cuerda para negociar mejor, se debe saludar todo esfuerzo que pueda servir para fortalecer la incipiente, contradictoria y hoy francamente en riesgo democracia mexicana, más aun cuando es respaldado por legisladores de los partidos más importantes.

Es fácil de prever que la iniciativa se aprobará en el Senado y que, entonces, la bola le caerá a Enrique Peña Nieto, quien tiene evidente control del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados con el ingrediente de que la propuesta tendrá algunos adeptos en esa bancada. ¿Querrá pasar como demócrata para no pagar el precio y se olvidará de la reforma que él ha defendido en diversos foros, la de la cláusula de gobernabilidad, mandándola aprobar o buscará frenarla de la misma manera que tiene detenida la integración del IFE porque el PRD y el PAN no aceptan que el PRI proponga dos consejeros? Lo veremos.

Al margen de la propuesta legislativa, se está planteando desde diversas posiciones políticas y ámbitos sociales la posibilidad de construir una gran alianza electoral que pueda constituirse en un polo competitivo frente al candidato de la restauración y que de entrada plantea que, en caso de ganar, conformaría un gobierno de coalición para lograr lo que la alternancia no pudo o no quiso hacer: culminar la transición democrática, terminar con impunidad, corrupción, privilegios y cacicazgos y establecer un modelo de desarrollo con crecimiento y justicia social. En eso andan demócratas partidarios y sin partido como Javier Corral, Guadalupe Acosta Naranjo, Xóchitl Gálvez, Purificación Carpinteyro, Marco Rascón, entre otros. Está demás decir que esa loable iniciativa sólo podrá prosperar si irrumpe la sociedad para impulsarla, pues hoy se ve complicado, por decir lo menos. ¡Pero vaya que a México le hace falta algo así! Hagamos lo que podamos para que suceda…