miércoles, 7 de septiembre de 2011

PACTO NACIONAL: SEGUNDA LLAMADA

Fernando Belaunzarán
twitter: @ferbelaunzaran

Coincidente con el planteamiento de Javier Sicilia e incluyendo de manera más sistemática los ejes fundamentales que le darían sustento, el rector José Narro propuso a Felipe Calderón un acuerdo nacional para virar en la estrategia actual de combate al crimen organizado y conformar una política de Estado de amplio consenso y largo aliento. Es la segunda vez que se le presenta una oportunidad al jefe del Ejecutivo para que, aprovechando una propuesta surgida de la sociedad, convoque a la construcción de los cimientos de la unidad contra el crimen que con razón demanda, pero que se dificulta por el empecinamiento en mantener una ruta que ya probó que va a ninguna parte como no sea la extensión de la barbarie, más allá de buenas intenciones.

Una política de Estado no inicia con el detalle, no puede ser extenuante ni “concreta”. Eso viene después. Lo fundamental es acordar el marco, las líneas generales, la perspectiva, los objetivos, la doctrina. De ella deben desprenderse leyes, prioridades, programas, operativos; la estrategia, pues. Así que si Calderón esperaba algunas fichas para acomodarlas en su rompecabezas se equivocó, puesto de lo que se trata es de establecer la corresponsabilidad a partir del compromiso compartido, producto del consenso sobre la figura que se quiere armar. ¿Por qué los partidos políticos distintos al del Presidente y otras instituciones querrían asumir los costos de una política que no comparten, por la cual no fueron consultados y cuyos resultados son decepcionantes?

Mientras Felipe Calderón se niegue al rediseño conjunto de la estrategia, la unidad nacional será básicamente declarativa y a cada nueva tragedia provocada por la violencia volverá a ser señalado responsable, no tanto de haberla cometido, como insisten en presentarlo un puñado de fanáticos, sino por no atacar de manera adecuada las causas que las hacen posibles, es decir, por aplicar unilateralmente una política que no funciona. Por eso resulta extraño que desaproveche estas oportunidades que vienen de la sociedad, primero la de Javier Sicilia y luego la de la UNAM, para que el combate al crimen organizado deje de ser la desesperada lucha de un gobierno rebasado y pase a ser la labor coordinada del Estado mexicano, asumida compartida y respaldada moral, política y operativamente por instituciones y ciudadanos.

La discusión no es la planteada de manera por demás desafortunada por Vicente Fox. No se trata de establecer acuerdos, explícitos o implícitos, con el crimen organizado sino de fortalecer al Estado para que pueda combatirlo de manera más inteligente y eficaz, reduciendo la violencia, más que por el cambio de actitud de las bandas criminales o porque lleguen a acuerdos entre ellas, en virtud de que se les debilite de la única forma que es posible: disminuyendo sus recursos y ganancias económicas.

Es sin duda un avance que el tema de la legalización de drogas deje de ser tabú y que al menos se acepte discutir como alternativa para encontrar una solución por la vía del consumo al mercado negro más rentable del planeta. Es el negocio principal del crimen organizado y con sólo regular la marihuana se reduciría sustancialmente sus ingresos. En 2008 el entonces “zar antidrogas”, Barry Mccaffrey, estimaba que la venta de ese producto le proporcionaba el 60% de las ganancias a los cárteles mexicanos en Estados Unidos. Cierto que, como argumentan Calderón y Poiré, en virtud de que la mayor demanda proviene de nuestro vecino, la legalización de drogas tendría un impacto decisivo si es ahí donde se lleva a cabo; pero lo cierto es que el apremio no lo tienen los norteamericanos. Los muertos son de este lado de la frontera y allá, fundamentalmente, gozan de los beneficios de un negocio que maneja miles de millones de dólares. No se ven condiciones para que en el corto plazo y por la buena, cambien y se modifique la lógica perversa que hoy domina: México combate sin éxito y con muchos costos materiales, sociales y humanos para evitar que las drogas lleguen a Estados Unidos, mientras allá no reducen el consumo que financia a las bandas criminales y, por si eso fuera poco, venden armas tanto al gobierno como a los narcos. Si queremos que eso cambie -está visto- no bastan discursos inflamados y llenos de reproches.

México es quien debe forzar el cambio de la política punitiva contra las drogas, la cual ya no puede haber dudas de su fracaso global tras medio siglo de violencia creciente que en ningún momento pudo siquiera evitar que el consumo siguiera aumentando. Para ello, en lugar de esperar a ver en qué momento se le ocurre a los norteamericanos cambiar las reglas nosotros debiéramos adelantarnos y, con ello, poner el tema en el centro de la agenda no sólo bilateral sino planetaria. Por eso celebro la iniciativa para que la UNAM organice un foro sobre el tema.

Ahora bien, con independencia de la legalización, el nuevo enfoque debiera centrarse en ir por el dinero del crimen, lo cual implica atreverse a tocar muchos intereses creados que se benefician de alguna u otra manera de esa industria multimillonaria. Y, para ello, nada mejor que un Pacto Nacional que involucre a todas las fuerzas y evite que dichos poderes fácticos se beneficien de las contradicciones de la clase política.

Cierto que la propuesta de la UNAM contiene también algunas generalidades y cosas obvias como combatir a la corrupción y la impunidad, detectar mejor el lavado de dinero o dar atención a las adicciones, pero su gran aporte, lo fundamental, es la posibilidad de partir de una visión compartida que signifique un punto de quiebre, algo mucho más significativo que cualquier gran acuerdo entorno a un documento, principio del cual se desprenden los “cómos”. Se trata de que todas las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad coincidan en fortalecer y darle perspectiva al Estado más allá del combate a la inseguridad, es decir, que tenga viabilidad y funcionalidad la democracia mexicana, pues ello es condición esencial de la solución de éste y otros tantos graves problemas que carga el país. Sería lamentable que, en esta ocasión, otra vez se pierda la oportunidad por mirar el dedo en lugar de observar hacia donde señala.

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1 comentario:

Anónimo dijo...

Caso: si vas al podologo Diez Torices, ten cuidado trata de sacar el mayor dinero posible por cosas como desencallar una uña que pide 1700 euros, ya que te dice que te va a hacer un doppler arterial y que te entran las curas y la sandalia terapeutica, pero digo yo para que quieres hacer a una persona de 20 años un doppler para quitarle media uña, si tuviera problemas ciruclatorios arteriales ya no necesitara que le quites parte de la uña, ya que no la notara.