DERECHO A DECIDIR VS SÍ A LA VIDA

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

Imposible eludir el tema, aun cuando no esté a discusión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió sobre la constitucionalidad de dos leyes locales, de dieciocho que fueron aprobadas, que establecen derechos a los óvulos fecundados, reconociendo a éstos como personas. Como vemos, no es el aborto o su despenalización lo que trataron los Ministros sino sí es materia de los estados definir el alcance de los derechos humanos cuando la extensión de alguno signifique la restricción, e incluso la negación, de otros y que, por tanto, pudieran existir diferentes, o peor aún, contradictorios criterios para su tutela en las distintas entidades de la república. Siete de once miembros de la SCJN consideraron, en concordancia con el proyecto del Ministro Fernando Franco, que eran inconstitucionales, sin embargo mantienen su vigencia, pues se requería una mayoría calificada de ocho.

Cualquiera que hubiera sido la resolución, tanto en Baja California como en San Luis Potosí, habría seguido siendo delito abortar. Sin embargo, la historia de estas legislaciones, su sentido y su materia están en el núcleo de la polémica sobre si es legítima o no la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso no puede extrañar que se haya reavivado dicha discusión que suele polarizar posiciones y ánimos, mismas que pueden sintetizarse muy bien en los dos “hashtags” que en twitter han servido de bandera a los respectivos bandos: #derechoadecidir y #sialavida (en el HT no se usan acentos)

No está demás recordar que como consecuencia de la decisión de la SCJN, en el año 2008, que validó la constitucionalidad de la legislación del DF que despenalizó la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana de gestación, se dio una contraofensiva político-clerical que logró modificar dieciocho constituciones locales para establecer en ellas el criterio de que la vida humana comienza con la concepción. Una forma de presionar para que lo mismo fuera adoptado por la Constitución de la República y, con ello, convertir en inconstitucional la norma polémica en la Ciudad de México y poder echarla abajo. Sin embargo, no midieron otras consecuencias que pudieran desprenderse de esa decisión.

La ciencia sólo da elementos para sostener una u otra posición, pero no resuelve por sí misma la cuestión de cuándo se puede considerar la vida como humana. Por supuesto, este escrito no se plantea resolver algo que seguirá teniendo como reducto a las creencias, pero sí señalar el daño a derechos fundamentales consagrados en la Constitución, por cierto, no sólo de las mujeres, al adoptar jurídicamente el criterio de considerar al cigoto como persona. En primer lugar, el establecido en del artículo 4º: “…TODA PERSONA TIENE DERECHO A DECIDIR DE MANERA LIBRE, RESPONSABLE E INFORMADA SOBRE EL NUMERO Y EL ESPACIAMIENTO DE SUS HIJOS…”

Uno de los métodos anticonceptivos más utilizados en México es el Dispositivo Intra Uterino (DIU) que, eventualmente, evita la implantación de óvulos fecundados en la matriz. Es decir, serían potenciales “asesinas” las mujeres y parejas que hayan decidido usar el DIU. Algo muy similar puede decirse de la “anticoncepción de emergencia” de las llamadas “pastillas del día siguiente”. Pero no sólo mete en problemas a quienes hayan decidido evitar de esas maneras embarazos no deseados, también a quienes quieren procrear y no han podido. La fertilización In Vitro lleva a desechar a la mayoría de los óvulos fecundados. Aquí habría “asesinos” por querer embarazarse. Sobra decir que los médicos que implantaran DIUs o que realizaran fertilizaciones artificiales serían también culpables de “asesinato”. Respeto profundamente la creencia de considerar la vida humana desde la concepción, pero darle a esa creencia el estatus de verdad jurídica sería una aberración que podría llevar la criminalización, ya de por sí cuestionada en el aborto, a extremos inadmisibles. Huelga decir que las mujeres embarazadas en una violación ya no tendrían el derecho de abortar.

Es mejor colocar y circunscribir a las creencias con alto contenido moral en el lugar que les corresponde, y ese es el de la conciencia individual, respetando en todo momento la libertad de cada persona para defenderlas y tratar de convencer a otros de su validez y de sus bondades, pero sin que puedan imponérselas a otros. Aunado a ello, se pueden encontrar puntos de coincidencias en los cuales avanzar y eso, por extraño que parezca, también es posible en el tema del aborto, en el entendido de buscar un equilibrio entre derechos que llegan enfrentarse. En ese sentido, es importante ubicar que la discrepancia es sobre si se debe considerar delito la interrupción voluntaria del embarazo, pero no en la necesidad de reducir la incidencia de abortos.

Para la mayoría de las mujeres, abortar es una decisión difícil y para no pocas la única opción en su realidad. No es un gusto, nadie está “a favor” del aborto sino que, para una parte importante de la sociedad, se trata de una medida de emergencia y habrían preferido no llegar a ella, pero la circunstancia de su vida las llevaron a practicárselo. Tomando esto en cuenta, lo lógico es atacar las causas con políticas públicas. Por principio de cuentas, debiera promoverse la educación sexual, información y promoción de la planificación familiar y de los métodos anticonceptivos. Paradójicamente, algunos grupos opuestos a la despenalización del aborto se oponen también a políticas que eviten embarazos no deseados, más allá de la legítima, pero improbable, abstinencia.

No hay libertad sin opciones. Por eso sería correcto buscar que las mujeres no tengan como única posibilidad la interrupción del embarazo y puedan optar, si así o desean, también por la maternidad. En ese sentido, contribuiría el no permitir despidos a mujeres embarazadas, ayudar a las madres jóvenes a seguir estudiando con guarderías y becas, tener un sistema de adopciones profesional y confiable, programas sociales a favor de las madres solteras y combatir la moral conservadora que las estigmatiza, pues no pocas mujeres abortar para evitar enfrentar la incomprensión de sus familias y su entorno.

Ahora bien, educar y dar opciones reales y efectivas a las mujeres reduciría la incidencia de abortos, pero no los acabaría y si algo ha quedado demostrado es que las prohibiciones penal, moral y religiosa sólo sirven para poner en riesgo la salud, la libertad y la vida de las mujeres que se los practican, pero no evitan que estos se produzcan. Quienes tienen recursos pueden recurrir a clínicas que los realizan de manera clandestina, viajar al DF o irse del país a abortar, pero las mujeres de escasos recursos que cuentan con deficiente información lo hacen corriendo graves riesgos a su salud reproductiva e incluso pueden morir en el intento. Por el “sí a la vida” muchas pierden la suya y, por regla general, son las más pobres y desprotegidas.

Por eso, algo que debiera ser de sentido común, es que las mujeres que toman la difícil decisión de abortar -por experiencia, insisto, se sabe que lo harán en cualquier condición- puedan practicárselo en condiciones sanitarias adecuadas y se cuide la vida cuya calidad humana no tiene dudas, aunque se considere que lo ideal es preservar ambas vidas. Nadie debe morir por no compartir ciertos valores morales, que son respetables, pero de ninguna manera absolutos, únicos o inapelables.

Cualquiera que hubiera sido la decisión habría generado polémica, pero como la definición se dio por un voto es comprensible que se centre la atención sobre las presiones, algunas naturales y otras excesivas, que padeció la SCJN estos días. Por eso no puede sino calificarse de imprudente, inoportuna e incorrecta la actitud de Felipe Calderón que como Presidente de la República y jefe del Estado mexicano debió mantenerse al margen de las decisiones de un Poder distinto y autónomo. Pudo actuar como Valery Giscard, que siendo católico asumió el deber de su investidura como primer mandatario de un Estado laico y no pretendió que sus creencias y su fe particulares fueran impuestas a todo un país diverso y plural… como el nuestro.

El planteamiento de Calderón de retirar la Declaración Interpretativa sobre el Pacto de San José y, con ello, aceptar sin observación alguna que los derechos humanos deben reconocerse “desde la concepción”, exactamente lo que establecen las constituciones locales que fueron impugnadas, presagia tormentas, puesto que los tratados internacionales tienen el valor de las normas constitucionales y lo que sigue es, por otra vía, volver a impugnar la constitucionalidad del Código Penal del DF que despenalizó la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana. Es cierto que esa posición tuvo a favor sólo cuatro de once Ministros y que sería volver a polarizar a la sociedad, pero en nuestro México se han visto cosas más absurdas. No olvidemos que se acerca el 2012 y que, nos guste o no, la Iglesia Católica tiene un peso electoral que nadie puede soslayar.

El aborto es un tema álgido que, por poner en juego creencias profundas, suele provocar la pérdida de ecuanimidad y subir el tono de la confrontación a niveles inadmisibles. Por eso no está demás convocar al debate fuerte y franco, pero también inteligente y tolerante. Finalmente, la sociedad dividida y polarizada, reflejada de alguna manera los tuiteros de #derechoadecidir y de #sialavida, tenemos que coexistir y sacar a nuestro país adelante en momentos particularmente difíciles. Incluso en este tema álgido, el diálogo y la tolerancia son necesarios y apremiantes.

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