Fernando Belaunzarán
Por si faltara algún otro ingrediente ominoso en el panorama político del país, con el asesinato de Armando Chavarría regresamos a la época de los magnicidios. El tamaño de la crisis, la incapacidad gubernamental para hacerle frente, la caída de los precios del petróleo, el régimen presidencialista disfuncional que padecemos, la violencia desatada del narco y de otras ramas del crimen organizado, la inseguridad creciente, la corrupción endémica, el boom del desempleo, las reformas estructurales aplazadas y sin condiciones ni oportunidad para llevarlas a cabo en estos momentos, una clase política desprestigiada que rehuye a los grandes acuerdos, carece de visión de Estado, no es dada a mostrar convicción democrática y en la que predomina el cortoplacismo, el afán de ajustar cuentas y la actitud facciosa, miope, autista, mezquina y electorera; muchos nubarrones en el cielo gris de la república como para agregar el del crimen político.
En estos tiempos, el asesinado es víctima por partida doble. Primero al perder la vida y luego al perder el prestigio después de muerto, muchas veces sin más elemento que una irresponsable filtración inventada por las propias autoridades para tapar su incompetencia. Al que matan con lujo de violencia es de entrada sospechoso. Piensan –lo peor es que con cierta razón- que si trasladan por lo menos parte de la culpa al muerto, “él se lo buscó”, ya no van a pedir cuentas a los responsables de brindar seguridad. Una estrategia mediática innoble y despiadada que no sólo mancha la memoria del ejecutado sino que al hacerlo lastima cruelmente a los familiares de éste.
Eso mismo se hace con los políticos asesinados, de tal suerte que no sólo obstaculizan la solidaridad y la indignación por la perdida oprobiosa de una persona sino que también favorecen la impunidad y confirman la percepción de la penetración del narco en la política, lo que siendo evidente e indiscutible en cierta medida resulta totalmente desproporcionado y pernicioso generalizarlo, y peor aún achacárselo sin pruebas a quién pudo haber sido atacado por su actividad en la vida pública, por expresar sus puntos de vista, por obstaculizar a grupos de interés, por hacer bien su trabajo. ¡Qué lástima que sólo cuando el asesinado es del nivel, la exposición pública y la trayectoria de alguien como Armando Chavarría, y que es imposible vincularlo seriamente con la delincuencia, entonces se reconoce el móvil político como “una línea de investigación”!
Porque es absolutamente falso pretender que toda violencia está vinculada al crimen organizado como también lo es el decir que el problema es sólo entre bandas rivales que se ajustician mutuamente. La preocupante cifra de periodistas ejecutados es una muestra más de que esa visión es equivocada. Y de la misma manera que no se supone de entrada que un atentado contra un profesional de la comunicación es resultado de la vinculación de éste con algún cartel –aquí la encomiable solidaridad del gremio impide difundir infundios preliminares- tampoco debe hacerse con los políticos asesinados ni con cualquier otra persona ejecutada mientras no haya pruebas que digan lo contrario. La filtración ligera, interesada y muchas veces fantasiosa que es el pan de todos los días de la nota roja suele ser un atentado contra derechos humanos elementales de las víctimas y de sus familiares. A final de cuentas se trata de una ayuda al victimario que, sabiéndolo o no, se beneficia de la obsesión oficial por resguardar la popularidad del gobernante y que subordina la procuración de justicia a esa necesidad.
Antes de Armando Chavarría ha habido en este año veinte perredistas asesinados en Guerrero. En ese estado hay una larga tradición de violencia política. Muchos de los más de quinientos muertos de ese partido durante el sexenio de Salinas son de ahí. Es tierra de caciques que aunque hayan tenido un histórico revés electoral en el 2005 no quiere decir que no mantengan altas dosis de poder económico y político. Por supuesto que quieren regresar por sus fueros y desde ahora calienten la sucesión en la gubernatura mostrando lo que de por sí todos saben y nadie duda: en la lucha por el poder están dispuestos a cualquier cosa.
Sería un error ver el fenómeno del crimen político como una cuestión localizada y marginal. La situación del país presagia una cruenta lucha por el poder y el régimen presidencialista no parece tener la capacidad de responder a ella adecuadamente y encausar los múltiples conflictos que se avecinan por la vía institucional. Concluir la transición democrática y transformar el sistema de procuración de justicia son tareas inaplazables para que la crisis económica no se transforme en crisis política y la violencia se vuelva cada vez más protagónica en las disputas políticas. La unión que se requiere para enfrentar el temporal sólo puede lograrse con grandes acuerdos nacionales que incluyan los cambios que se requieren para avanzar en democracia, justicia y desarrollo. Hay que construir un nuevo Estado a partir de un amplio consenso de las fuerzas políticas. Espero que éstas no tarden en darse cuenta de que las cosas como están, independientemente de quién en la cúspide, a nadie sirven y que de permanecer entonces el país no podría detener su caída. Mejor luchar por dirigir una nación con futuro que una que se encuentra en ruinas y sin viabilidad.
El crimen que le costó la vida a Armando Chavarría debe esclarecerse y los gobiernos estatal y federal tienen que colaborar para que eso suceda. Sin duda lo ocurrido es un elemento que enrarece el clima político y presagia peores momentos. Por lo mismo, que este no sea uno más de las ejecuciones que terminan en la impunidad. Que se aprenda de otras experiencias y que la presión política, social y mediática no lleven a fabricar culpables. Pero eso no obsta para que no se trate con la importancia que tiene y se tomen las decisiones que posibiliten una investigación profesional que dé certeza a la sociedad.
Sólo resta ofrecer el pésame a los deudos y recordar al político notable que fue en vida Armando Chavarría.
De paso…
Más de Cuauhtémoc y Andrés. En virtud del éxito de las comparaciones que hemos hecho en este espacio entre los dos grandes líderes que ha tenido el PRD y de las reacciones que hubo por mis señalamientos sobre la contrastante relación que ellos tuvieron con los medios de comunicación durante sus gestiones al frente del GDF, añado lo siguiente: Mientras Cuauhtémoc Cárdenas sufrió uno de los peores y más injustos linchamientos mediáticos que se tenga memoria a raíz del asesinato de Paco Stanley, Andrés Manuel López Obrador gozó siempre de un trato privilegiado gracias a relaciones que cultivó desde antes de llegar al gobierno. Es verdad que fue buena idea hacer las “conferencias mañaneras”, pero la repercusión mediática de su administración no se entendería sin una línea editorial convenida. La relación era tan buena que hasta el segundo piso se inauguró con la carrera de “los diez kilómetros de Televisa Deportes”. No por nada la aprobación de la llamada “Ley Televisa” en la Cámara de Diputados se dio con su aval. La ahora senadora por Tabasco, Rosalinda López Hernández, de todas las confianzas de López Obrador, era la encargada por él y por el grupo parlamentario del PRD de revisar todos los dictámenes. Después de hacer las consultas pertinentes se comunicaba a los diputados perredistas el sentido del voto. Con ese mismo procedimiento Rosalinda avaló dicha ley y eso es lo que explica que un parlamentario tan experimentado como Pablo Gómez haya llamado a votarla a favor sin haberla siquiera leído. Que tras las protestas posteriores AMLO se haya lavado las manos es parte de su forma de ser… ¿De qué se quejan? Los que lo encumbraron ahora se muestran indignados. Pero Juanito es el prototipo del militante pejista. Así los quieren, los forman, los promueven. No hay teoría, no hay argumentos, no hay reflexión, no hay debate. Sólo una y única voz que apela a sus sentimientos, indica quiénes son los enemigos, les transmite el resentimiento contra ellos y predica con el ejemplo que la mejor forma de enfrentarlos es con el insulto y la inquina. Ese personaje emblemático representa muy bien la devoción por una causa encarnada en una persona y al mismo tiempo lo rupestre del discurso. En pocas palabras, el obradorismo es un movimiento de Juanitos, así que con su pan, perdón, con su pt que se lo coman… En el 2007 un grupo de perredistas nos pronunciamos a favor de debatir con Calderón el primero de septiembre y tomar la propuesta que el propio PAN había hecho para que el titular del Ejecutivo contestara preguntas y escuchara intervenciones de la oposición y de esa manera rindiera cuentas en un formato más republicano. Eso generó toda clase de ataques por parte del jihad pejista que veían en ello un acto de traición. De hecho ese fue el pretexto para que se salieran del Congreso de aquel año y rompieran sus votos. Decían que interpelarlo era “reconocerlo” y entablar “diálogo con el gobierno usurpador”. En una de esas patéticas concesiones al atraso que se han hecho a pedido de AMLO se llevó por parte del PRD una propuesta en sentido contrario que evitaba cualquier tipo de comparecencia del presidente de la república que fue aceptada por los otros partidos para evitar las ya tradicionales escenas de protesta en los pasillos de los informes presidenciales. Pero el hecho es que Felipe Calderón no va a explicar la crisis ni la violencia desatada ni el desempleo ni tantas otras cosas que padecemos los mexicanos ni podrá contestar los cuestionamientos directos de los diputados por la sencilla razón de que los que ahora piden que vaya a hacerlo se desgarraron las vestiduras contra esa posibilidad cuando hubo oportunidad de legislarlo. Es el problema de la falta de consecuencia democrática… Me informa mi amigo Jorge Carlos Díaz Cuervo que el PSD mantiene el registro local en Oaxaca y que su agrupación estaría dispuesta a sumarse a la gran alianza opositora contra Ulises Ruiz y su delfín. Con ello y con la decisión de los órganos directivos del PAN y PRD en aquella entidad sólo un actor se opone al acuerdo que puede transformar democráticamente a Oaxaca. Espero que Andrés Manuel recapacite y si en realidad sus cuestionamientos al gobernador son genuinos y no tiene acuerdos con él por debajo de la mesa, entonces que no le ayude a heredar el poder y en lugar de obstaculizar la alianza opositora se sume a ella… Y hablando de Oaxaca, Ulises Ruiz no se conforma sólo con controlar los demás poderes, someter a los órganos autónomos, corromper líderes partidarios y sociales, meterse a los partidos de oposición e influir en los medios de comunicación sino que incluso hasta ya tiene su propio periódico con prestanombre y todo, al más puro estilo Murat. Bueno, al menos eso se dice con conocimiento de causa respecto al periódico “El Despertar”… La crisis de la procuraduría capitalina por los injustificables gazapos en los casos Martí y Coppel tiene por origen la obsesión mediática de convertir la justicia en un arma para proteger y si se puede incrementar popularidades, en subordinarla a la lucha por poder. Eso mismo es lo que provocó el trágico operativo en el New’s Divine. Pero no aprenden… Las condenas de los detenidos de Atenco y de la indígena Jacinta Maciel son inauditas por desproporcionadas. No es posible que se les tenga en la cárcel más tiempo que a narcotraficantes y asesinos. Esto muestra, además de saña, una completa insensibilidad frente a las luchas sociales. Si cometieron algún delito ya lo pagaron con creces y deben ser puestos en libertad… Y hablando de cosas incomprensibles, qué alguien tenga la bondad de explicarnos la ausencia de Sinha en la Selección Nacional…
1 comentario:
Excelente analisis...de los pocos hechos para que un ciudadano lo entienda...gracias
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