LA HORA DE FLORENCE CASSEZ

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

La búsqueda de “la verdad” es una empresa incierta que rara vez puede eliminar la sospecha. Más aún cuando se trata de recrear sucesos que dependen de recuerdos necesariamente subjetivos y diluidos con el tiempo. Por eso, el rastreo de lo ocurrido necesita considerar muchos y muy diversos elementos, y la justicia penal, que aspira a aproximarse de la manera más fiel posible a los hechos, tiene que tomar en cuenta todo aquello que sirva para esclarecer la historia en cuestión y las responsabilidades personales que de ella se desprendan. El problema es cuando lo fundamental deja de ser el investigar para saber y las actuaciones de las autoridades tienen por objeto sostener una “verdad oficial” ya determinada que puede coincidir o no con lo que realmente aconteció.

El proceso contra Florence Cassez se inició con un montaje o, como lo indica el Ministro Arturo Zaldivar en su proyecto de sentencia, con una “escenificación ajena a la realidad”. Mal empieza la difícil búsqueda de la verdad si se utiliza una mentira que, para enaltecer los méritos de la policía, condena por anticipado a los inculpados frente a la opinión pública. La develación de la farsa, lejos de llevar a corregir la falla, intentando, al menos, restaurar el debido proceso, convirtió la causa penal en un asunto político de primer orden. Desde entonces, sostener la culpabilidad de la ciudadana francesa fue una cuestión de Estado. Y quizás Cassez sea culpable y merezca estar presa, pero el expediente no lo demuestra porque el objetivo del Ministerio Público no fue procurar justicia sino cubrirle las espaldas a quien llevó a cabo el engaño.

El país está dolido por la violencia y la impunidad. Existe la necesidad del gobierno por dar resultados espectaculares que mejoren la percepción de la sociedad sobre su trabajo; no se diga cuando se acercan los procesos electorales. Ese es el contexto de finales del 2005 cuando se llevó a cabo la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez y se liberó a tres víctimas de secuestro. Pero es tal el enredo construido que no hay certeza del día de la detención, ni del momento de la liberación, ni siquiera de la calidad de víctimas de todos los presentados como tales .

Cassez, Vallarta y dos testigos, la dueña de un restaurante de la carretera libre a Cuernavaca y un taxista, sostienen que la detención se efectuó el 8 de diciembre de 2005. Los policías que la cumplimentaron, en cambio, afirman que fue en la madrugada del día siguiente. Estos últimos tuvieron que ajustar el tiempo, porque en su primer informe sostuvieron que fue a las 5:30 am, pero en su cronología la liberación se dio a las 7:15 am, siendo que la TV presentó la escenificación de la misma a las 6:40 am. De tal suerte que la establecieron finalmente a las 4:30, lo cual quedó como verdad legal, a pesar de lo inverosímil que resulta el hecho de que un montaje así haya sido planeado con tal premura y de los testimonios que indicaban que fue el día previo y que fueron simplemente desechados. Por otra parte, fue evidente el mal estado físico en el que se encontraba Israel Vallarta al momento de la entrevista televisiva “en vivo” y, tal como quedó asentado en el parte del médico legista cuando fue presentado, tenía huellas de haber sido torturado. O sufrió una tortura express o ésta se dio con antelación al supuesto momento en el que se le detuvo .

Las pruebas contra Vallarta son contundentes y los testigos no dudaron en señalarlo como responsable. Pero en el caso de Florence Cassez se basan en testimonios contradictorios y cambiantes. Cierto que hay una sospecha natural siendo compañera sentimental del secuestrador y viviendo en el celebre Rancho Las Chinitas, propiedad de aquél y lugar donde se rescató a los secuestrados. “¿A poco no se enteró?” Pero eso no basta para condenar a nadie, máxime que trabajaba en Polanco y pasaba poco tiempo en el rancho, su cabaña estaba alejada del cuarto en el que los tenían retenidos y al parecer estuvieron poco tiempo ahí, pues las víctimas reconocieron una casa de seguridad en Xochimilco como el espacio en el que pasaron la mayor parte de su cautiverio. Aun con todo lo anterior, es entendible que se dude de su inocencia, pero de lo que se trata, para mantenerla en prisión, es de demostrar su culpabilidad.

Cinco testimonios señalan a Cassez como parte de la banda de secuestradores. Cuatro de ellos se dan después de que se descubre el montaje, dos meses después de la captura. El único que la señala como secuestradora con antelación a ese hecho cambia de versión tres veces en el mismo día y corresponde a la única “víctima” que se le debe poner entre comillas, pues hay dudas razonables de que efectivamente lo sea. Pero vamos por partes.

La señora Cristina Ríos y su hijo Christian, que fueron los otros dos secuestrados –además de la “victima” entre comillas- rescatados aquel 9 de diciembre, no reconocieron a Florence Cassez, ni físicamente ni por su voz, durante su primera declaración. Después del programa de Punto de Partida de Denise Maerker en el que la reportera Julie García demuestra la escenificación y Genaro García Luna, entonces Director de la AFI, lo reconoce, cambian su declaración para incriminar a Cassez. Ambos tienen razones de sobra para estar agradecidos con la policía que los liberó y que, tal y como declararon, les indicó que los dos detenidos eran quienes los habían privado de su libertad, pero es difícil pensar que el niño que afirmó reconocer las voces de siete personas e identificarlas con los nombres que usaban, incluyendo a la de Vallarta, de pronto recordara, meses después, que quien le extrajo sangre era una mujer que tenía un acento extraño y correspondía a la voz de Cassez, la que precisamente no había reconocido. Con la madre ocurrió igual y después de acudir “voluntariamente” con su hijo a ampliar su testimonio en consonancia con lo dicho por éste, regresó siete días después para decir y que ella también había identificado a la mujer francesa que no reconoció de ninguna forma el día de su liberación. Los dos recordaron a (des) tiempo la misma voz .

Un vendedor de frutas se presentó “espontáneamente” para decir que se había percatado hacía mucho tiempo de que la mujer que “había visto en televisión” siguió a la señora Ríos que siempre le compraba en su puesto. Por supuesto, una vez más, dicho testimonio se dio después de que se hizo público el montaje. David Orozco Hernández, alias el “Geminis”, quien fue capturado en 2009 responsabilizó a Cassez en una declaración videograbada y transmitida por televisión, en la cual fue evidente que estaba leyendo. Después se retractó y afirmó que la había hecho bajo presión y tortura.

Como dijimos, sólo un testimonio incrimina a Florence Cassez antes de que se hiciera pública la puesta en escena de García Luna. Se trata de Ezequiel Elizalde, la “víctima” más enfática y elocuente en contra de la posibilidad de que la mujer francesa salga libre. Israel Vallarta dijo frente a la TV que lo entrevistaba en vivo durante su mediática captura que él no era secuestrado sino que estaba “castigado” porque su padre era cómplice de la banda y se había quedado con un dinero. Su “secuestro” fue denunciado mes y medio después de efectuado por su desesperada esposa, Karen Pavlova, ante la indolencia de sus padres. La madre se desapareció a las dos semanas y luego explicó que se había ido a vivir a Monclova por “como se estaban dando los acontecimientos”. El señor Elizalde apagó sus celulares y le anunció que también se iba; ante las protestas de la cónyuge de Ezequiel, dio por muerto a su hijo. En una ocasión, Karen se percató que la señora le marcó al secuestrador –normalmente sucede al revés- y que le hablaba “como si lo conociera”. El identificador de llamadas indicaba que lo había hecho al número del hijo secuestrado. Vallarta en su declaración afirma que el 8 de diciembre lo torturaron junto a él y que éste “confesó” que le quería sacar dinero a su padre. El dictamen médico de la primera declaración de Ezequiel Elizalde establece que efectivamente fue sometido a tortura.

El día del operativo mediático del rescate, 9 de diciembre de 2005, Ezequiel en entrevista matutina no identificó a Cassez, pero en su declaración al MP dijo que le daba de comer y por la noche, en entrevista televisiva, le adjudicó un papel protagónico en la banda . La prueba que mostraba era una mancha en el meñique dónde supuestamente la acusada francesa le había inyectado una anestesia para amputarle el dedo, pero la mancha 6 meses después seguía en el mismo lugar y un dictamen dijo que era congénita y no una cicatriz. La esposa de Ezequiel, por alguna razón, ya no quiso saber de él cuando regreso del “secuestro” .

Muchos cabos están sueltos. El Volvo que sirvió para identificar a Israel Vallarta por una de sus anteriores víctimas fue hallado en una propiedad de los hermanos Rueda Cacho que aparecen en diversas diligencias y que las autoridades han ignorado. También suelto está el papel que ha jugado en esta historia Eduardo Margolis, antiguo socio del hermano de Florence Cassez, y que es señalado por éste como autor intelectual de una “venganza” y como amigo cercano de García Luna. Parece que la preocupación no esclarecer el caso, sino conseguir y ratificar una condena.

El ambiente no es favorable para Cassez y muchos mexicanos piensan que es culpable, en gran medida, por la exhibición mediática de la que fue objeto. Además, ha dado para exaltar el sentimiento chauvinista y patriotero como si fuera en juego la soberanía nacional. Es verdad que Nicolás Sarkozy, Presidente de Francia, también ha vuelto este caso en un asunto de Estado y, pero aun, de rentabilidad electoral, pero dar justicia es responsabilidad de los tribunales mexicanos y de ninguna manera se puede proporcionar por aclamación. El problema es que en México también estamos en periodo electoral y resulta tentador hacer campaña con el caso, haciéndose eco del deseo extendido de castigo, más que justicia, en contra quien ya fue juzgada por su exposición mediática como culpable.

En su proyecto de sentencia, el Ministro Arturo Zaldivar señala dos violaciones determinantes al los derechos fundamentales del debido proceso de Florence Cassez: que no se le puso a disposición del Ministerio Público de manera inmediata y que no contó con asistencia consular sin demora, los cuales vulneraron de manera grave el principio constitucional de la presunción de inocencia de la inculpada y que “generaron en el caso concreto un efecto corruptor en todo el proceso penal y viciaron toda le evidencia incriminatoria en contra de la recurrente” . Tal retraso se dio, no porque las circunstancias lo obligaran, sino para realizar el montaje televisivo, con el cual “se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se ha desplazado a la imputación pública realizada por la policía” y “puede introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa” . En ese sentido, si bien la Primera Sala no se pronuncia sobre la credibilidad o no de los testigos, “lo relevante, a nuestros efectos, es que la escenificación ajena a la realidad resulta un elemento que –derivado de sus propios testimonios- resta indudablemente de fiabilidad a sus testimonios.”

Está demás recordar que si un país ha exigido el cumplimiento cabal de lo establecido por la Convención de Viena en relación a la asistencia consular inmediata es México, incluso ha acudido con esa intención a la Corte interamericana de los Derechos Humanos, por la razón obvia de lo que ocurre con los mexicanos detenidos en Estados Unidos. Por eso es risible y lamentable la explicación del Ministerio Público: “no contestaron el teléfono en el Consulado de Francia”.

¿Y los derechos de las víctimas? Estos, al igual que los de los acusados, se tutelan en el debido proceso, por lo que es falso, e incluso perverso, plantear que respetar los derechos de éstos significa atentar contra los de aquéllas. Es verdad que los que fueron secuestrados no son responsables por las fallas de la autoridad y que merecen justicia. Pero ésta no se logra con engaños y arbitrariedades por parte de quienes tienen la obligación de procurarla. No niego la posibilidad de que Cassez sea culpable, pero la peor forma de demostrarlo es condenarla por decreto, por interés político, por volverse un asunto de Estado como el peor remedio del control de daños que se operó una vez que se les cayó el teatro, perdón, el montaje.

Kant sostenía que hay que a tratar a las personas “no sólo como medios sino como fines en sí mismos”. El problema es que en el caso de Florence Cassez lo central no ha sido determinar su responsabilidad en los secuestros, sino minimizar la escenificación descubierta que se hizo para engañar a la opinión pública, es decir, para dar impunidad al que debe buscar “la verdad” y en su lugar difundió mentiras para hacer propaganda. Por cuestiones políticas se tenía que dejar asentado que no se afectó a ningún inocente y que la recreación televisada correspondía esencialmente a lo ocurrido, a pesar de la afectación de derechos de unos desalmados secuestradores que no merecían ningún miramiento. El autor y responsable del montaje fue ascendido y es Secretario de Estado, y la probable absolución de Cassez lo pondría en una situación por demás comprometida. La seguridad es el tema central de la agenda de la administración de Felipe Calderón y a éste obviamente no le gustaría que una de la personajes claves y más visibles de esa área quede en el descrédito. Por eso el Presidente tomó el caso como bandera y por eso se olvidó de cuidar las formas para presionar públicamente a la Corte y decir de manera elocuente y poco velada que quiere que la francesa siga en prisión, claro, en nombre de “las víctimas”. Que me perdonen, pero en este embrollo lo que menos ha importado es la justicia.

Y como se ha vuelto una lucha política –no sólo jurídica- el caso Cassez, se dicen barbaridades como que el respeto a las garantías individuales son “tecnicismos”. Comparto que sería lamentable liberar a quien ha cometido un crimen tan deleznable como el secuestro, pero también lo sería condenar a un inocente y todos deben ser considerados como tales hasta que se demuestre lo contrario. Esa es mi convicción y, por lo mismo, aunque no puedo afirmar que Florence Cassez es culpable o inocente, me convenció el Ministro Arturo Zaldivar de que sus derechos se violaron al grado de pervertir toda la investigación. Veremos qué decide, y con qué razonamientos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De seguro, dejará un precedente de gran importancia para la justicia mexicana.

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