EL CÁNDIDO DUARTE Y SU MALETA DESALMADA

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

Arthur Conan Doyle, a través de su inmortal Sherlock Holmes, demostró que no existía el crimen perfecto. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no sólo lo confirmó sino que se fue al otro extremo, queriendo que se le trate como inocente a pesar de que todo lo incrimina, empezando por sus absurdas explicaciones. Es un notorio culpable que se sabe intocable y no le importa que le crean, pues para eso sirve, entre otras cosas, el poder en México. Su torpe y delirante defensa ante el hallazgo de 25 millones de pesos en efectivo transportados en su avión y por su personal, lo convierten en un notable exponente de lo que podemos llamar “el crimen cínico”, aquel que se niega con las palabras, pero expresa un exultante “sí y qué”.

El dinero público no puede manejarse como se paga el rescate de un secuestro. La normatividad no lo permite e impone controles estrictos en el manejo del gasto, y aun cuando los gobernantes suelen encontrar las maneras de eludirlos y darles la vuelta, de ninguna manera como para erogar un monto de 25 millones de pesos en efectivo y por adelantado, puesto que está explícitamente prohibido. No es que Javier Duarte y su Secretario de Finanzas, Tomás Ruiz, no lo sepan, sino que la historia para justificar esa ilegalidad se fabricó después de que los cacharon con las manos en los millones.

La “coartada”, si así se le puede llamar, es insostenible. Dice el gobierno de Veracruz que el traslado de los 25 millones en una maleta se debió para pagar a la Empresa “Industria 3” por la organización de los eventos de la Candelaria, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre del Tajín. Y argumenta que el pago en efectivo se debió a la “urgencia” de hacerlo como si la forma más rápida y segura no fuera la transferencia bancaria, la cual, por cierto, puede hacerse por internet a cualquier hora del día o de la noche, algo que no sucede con la entrega de dinero por parte de los bancos.

Como lo publicó Reforma, para sostener la afirmación oficial del gobierno de Veracruz, se distribuyó, no una, sino dos facturas, ambas emitidas el sábado 28 de enero, un día después del decomiso. La que presentó el gobierno de Veracruz fue emitida a las 21 horas con 25 minutos, mientras que la otra, difundida por la empresa, 2 horas y media después. Si hicieron la factura (cualquiera de las dos) con posterioridad a que el dinero fuera asegurado -hecho absolutamente irregular que apunta hacia la fabricación de pruebas- entonces no existe nada que permita suponer que no se hizo lo mismo con el contrato presentado. Es cierto que éste tiene fecha del 23 de enero, pero carece de sellos oficiales y sus clausulas de pago son por demás absurdas.

Por principio de cuentas, y como era de esperarse, ese “contrato” se otorgó sin licitación, es decir, que la adjudicaron directa de los tres actos se le dio a una sola empresa y todo quedó asentado en el mismo documento. Si eso huele mal, pero aun que quedara asentado que el pago se haría en transferencia bancaria o pago en efectivo cuando esto último no está permitido por la normatividad administrativa. Se puso en el contrato que el gobierno de Veracruz podía violar la ley para cubrir el costo, lo cual parecería una torpeza, a menos que supieran que efectivamente eso iba a pasar. En la “urgencia”, Duarte decidió usar la forma más difícil, tardada y riesgosa. ¿Por qué? Porque es mentira.

El sentido común sepulta la versión oficial por todos lados. Si para el gobierno la forma de pago es la más complicada y menos eficiente, a la empresa tampoco le conviene porque paga impuestos por cada 15 mil pesos que deposite en efectivo –¿o acaso iban a meter el dinero abajo del colchón. Para cubrirse, Industria 3 alega que “no sabía” como le pagarían, pero entonces, ¿por qué estipulan en el contrato que se puede pagar de manera ya no sólo ilegal sino también inconveniente para ambos?

Otra cosa no aclarada es la razón por la que existía esa “urgencia” de pagar el 100% cuando faltaban, es verdad, sólo cinco días para la Candelaria, pero tres semanas para el Carnaval y a cerca de dos meses para la Cumbre del Tajín que es del 17 al 21 de marzo. Ponen un anticipo del 50% para cubrir el complemento a tan sólo tres días de distancia, pero deciden pagarlo todo de una vez, antes incluso de que comience el primero de los tres eventos y; por si fuera poco, en efectivo.

Peor aun si pensamos lo que debió ocurrir para que algún banco les diera esa cantidad en efectivo. No es sencillo. Tienen que juntar el dinero y establecer altas medidas de seguridad. Luego, el traslado siempre es riesgoso y en Toluca sólo lo esperaba un escolta que, por cierto y al igual que el mandadero, no aparecen en la nómina publicada del gobierno del estado, aunque éste asegura que sí son sus empleados.

El caso es que sin que nada coincida y atentando contra la lógica más elemental, Javier Duarte y Tomás Ruiz quieren convencernos de que era mejor y más seguro enviar el dinero en una maleta con un propio que teclear en una computadora el traslado. ¡Extraña urgencia que obliga a hacer todo más difícil! Por cierto, ¿pensaban gastárselos 25 millones, incluyendo lo del festival que sería 50 días después, en un fin de semana o por qué no podían esperar al lunes?

Por si todo eso fuera poco, tras una larga jornada tratando de convencer que todo se hizo bien, Javier Duarte hace renunciar al tesorero del estado, Vicente Benítez. Si todo fue correcto, como aseguraron hasta la saciedad, ¿por qué cortarle la cabeza al encargado de hacer el trabajito? La salida del funcionario sólo confirmó que la versión oficial había nacido muerta. Y es que se tendrá que dar a conocer de qué banco y de cuál cuenta se tomó el dinero y a qué partida corresponde. Duarte está comprobando un dicho del puerto: “para mentir y comer pescado, se necesita mucho cuidado”.

La empresa sabe muy bien que el encubrimiento es un delito y no es casual que sea un abogado contratado el que esté dando la cara por ella y no un directivo. Todo indica que se prestó a ser tapadera dentro de una historia inverosímil. ¿Por qué lo hace? Porque en México la impunidad es deporte nacional de los poderosos y jugar de su lado es garantía de gozar de ella y de las mieles de la corrupción. Tal desvergüenza frente a la ciudadanía es verdaderamente perniciosa, pues no hay manera de establecer un Estado de Derecho si la sociedad observa que la ley no vale para los encargados de hacerla valer y se roba con descaro sin que pase nada más allá del escándalo, el cual sólo hace más evidente que el dinero público en realidad se vuelve propiedad privada de los gobernantes.

Javier Duarte es muy generoso con la publicidad gubernamental y, por ello, goza de lo que se conoce como “buena prensa”, incluyendo a la que se dice "independiente" como La Jornada. En cualquier país medianamente democrático, el descubrimiento de una maleta repleta de dinero público para hacer una supuesta transacción al estilo del crimen organizado lleva a la renuncia en medio del escarnio público. Aquí sorprende la condescendencia con la que algunos medios lo tratan. Por fortuna, eso no ocurre en las cada vez más influyentes redes sociales, lo que explica por qué la llamada Ley Duarte, promovida por ese gober sinvergüenza, busca censurarlas.

Mal hace Enrique Peña Nieto en ver la investigación sobre el origen y destino de los 25 millones de pesos como un hecho con tintes electorales, pues deja ver que sus ansias restauradoras van más allá de la nostalgia por el presidente todopoderoso sino que incluye la quintaescencia del viejo régimen priísta, misma que se expresa con una palabra: Corrupción.

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