LA DEGRADACIÓN DEL IFE

Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran

Lejos de consolidarse, la democracia mexicana vive momentos críticos. No sólo la pluralidad está en riesgo con la añoranza autoritaria poco disfrazada del virtual candidato presidencial del partido del viejo régimen -quien sostiene abiertamente que al Presidente se le debe dotar de una mayoría artificial en ambas Cámaras para tener un “Estado eficaz”- sino también corren peligro las instituciones democráticas que se construyeron y que, por desgracia, lejos de fortalecerse con el tiempo se han ido debilitando y, aunado a ello, perdiendo credibilidad.

La competida y enrarecida elección del 2006 con sus cuestionados resultados fue una dura prueba para el IFE, cuyo Consejo General no supo responder con la prontitud y la firmeza necesarias y el proceso lo rebasó. A eso contribuyó su mal de origen, el no haber sido nombrado por consenso como sucedió con el de Woldenberg, y porque a la fuerza que se sentía agraviada se le marginó. Cierto que hubo algo de responsabilidad en la negociación que, por parte del PRD, llevaron Pablo Gómez y Emilio Zebadúa, primero por vetar a Diego Valadés como presidente –craso error- y luego por aferrarse a que repitiera Jesús Cantú –peor-; pero eso no absuelve a Elba Esther Gordillo ni a otros personajes que operaron una “plancha” contra el partido más importante de la izquierda, el cual, en ese momento (2003), contaba con quien ya despuntaba en las encuestas rumbo a la sucesión presidencial, Andrés Manuel López Obrador, restándole así autoridad moral al árbitro.

Ahora bien, más allá de quienes integraron el IFE y de la exclusión de una fuerza importante, en 2003 se inauguró el “cuotismo” para integrarlo y, con ello, se diluyó algo de su independencia y, por ende, de su fuerza. Pemexgate y Amigos de Fox persuadieron, sobre todo al priísmo, de desconfiar de la autonomía del órgano. Al pactar su renovación, la práctica del ”cuotismo” prevaleció, aunque sería injusto meter a todos en la misma bolsa. Hay consejeros que votan de manera diferenciada y han llegado a hacerlo en contra de los intereses del partido que los propuso, pero hay otros que siempre lo hacen en bloque y nunca han avalado una decisión que afecte a quien los promovió -este es el caso de los propuestos por el PRI.

En cualquier caso, si en el 2006 se vio a un IFE pequeño y timorato, el que tenemos hoy adolece de lo mismo y, peor aún, estando incompleto y desgastado por un TEPJF que ha brillado por su inconsistencia y sometimiento a poderes fácticos, además de verse grotescamente favorable a los intereses del priismo, y para muestra el botón de la delirante resolución en contra de los precandidatos que debatieron en Nayarit. Es tal su debilidad que un precandidato construyó su imagen al cobijo de la televisión y otro ha salido en más de un millón de spots en radio y TV y no se dan por enterados que deben cuidar la equidad en la contienda y el respeto a la ley. En ese contexto, es que el PRI pretendió darle otro golpe a la credibilidad del instituto, haciéndose de su control con el nombramiento de dos consejeros afines en una terna que, por fortuna, no alcanzó la mayoría calificada.

Sorprendió la actuación de los partidos y los diputados cercanos a López Obrador que se prestaron no sólo a la estrategia priísta de apoderarse del IFE sino que también reproducía lo acontecido en 2003 con el agregado de que ahora se excluiría no sólo al PRD sino también al PAN, aunque le pusieron a éste el anzuelo de recuperar a David Gómez que ese partido había propuesto en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Desde una semana antes, el antiguo Convergencia y hoy Movimiento Ciudadano se sumó a dos propuestas del PRI y el PT a otra. Durante más de un año, esos partidos se negaron a respaldar a un personaje de probada independencia y enorme autoridad moral como Emilio Álvarez Icaza; incluso algunos de sus legisladores se jactaron con periodistas de un infame veto en su contra por parte de AMLO por haber hecho recomendaciones en contra del Plantón de Reforma como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde, por cierto, tuvo una muy destacada labor.

Es evidente que hubo un acuerdo entre el PRI y los partidos aliados al político tabasqueño, avalado incluso por los diputados que se asumen parte de MORENA. Baste decir que dos secretarios del gobierno legítimo, Mario Di Costanzo y Laura Itzel Castillo, quienes responden a López Obrador y no al partido que los postuló, votaron a favor de la terna priísta. Que Fernández Noroña subiera a tribuna y votara en contra fue un burdo intento para engañar incautos tratando de deslindar a AMLO de la decisión, cuando el 90% de esa fracción y el 100% del otrora Convergencia respaldaron la pretensión de asaltar el IFE por parte del PRI.

En la democracia, los acuerdos entre las diversas fuerzas son legítimos, pero en asuntos de interés público lo correcto es que sean transparentes y de cara a la sociedad. Los partidos afines a MORENA deben aclarar a cambio de qué respaldaron las propuestas del PRI al IFE y qué se supone que ganaría la sociedad si se le entregaba a ese partido el control del árbitro y sería adecuado que AMLO fijara posición al respecto sin fingir demencia y sin lavarse las manos. Un asunto de tal trascendencia y, más aun, cuando está buscando la candidatura presidencial es imposible que le haya pasado de noche. Por supuesto, es correcto mencionar que el PRD se mantuvo unido y que Alejandro Encinas, junto con Guadalupe Acosta Naranjo, dieron una batalla ejemplar al lado del PAN para defender la autonomía del IFE.

Hay que ver la degradación del IFE y del TEPJF como parte de la creciente descomposición del sistema político en su conjunto y así como se plantearon los cuatro puntos para la reforma política para abrir el ostión de la clase política y promover su renovación y mayor vinculación con la ciudadanía y la posibilidad de construir gobiernos de coalición que favorezcan acuerdos de largo aliento con mayorías estables en el Poder Legislativo para mejorar la eficacia del Estado sin atentar contra la pluralidad e incluyéndola en un esquema de colaboración y corresponsabilidad, también se debe buscar cómo fortalecer de nuevo a las instituciones democráticas que surgieron con la transición. Por ello, lo correcto es exigir que la consigna que abrazó la alianza PRD-PAN al detener la intentona del PRI y aliados: “IFE ciudadano”. Que empiecen, con la urgencia que amerita el caso, con los tres que faltan.