Fernando Belaunzarán
Twitter: @ferbelaunzaran
No podía haber opción más perfecta de víctima propiciatoria para anunciar la nueva era del PRI en la presidencia que Elba Esther Gordillo; personaje que reúne riqueza ostentosa, peso político y antipatía popular. Señalada reiteradamente como obstáculo para los necesarios cambios educativos y líder sindical que utiliza la fuerza de su organización como elemento de chantaje para obtener ventajas facciosas, se volvió incómoda no sólo para la sociedad que padece una educación básica de deficiente calidad sino también para la clase política cansada de la arrogancia de quien se sabe necesaria e impone condiciones
La detención de La Maestra seguramente ayudará a que se implementen las reformas recientes, aunque aún inconclusas, del sector educativo, mismas que estaban siendo obstruidas por ella; pero no se puede perder de vista que, por su conocido poder y mala fama pública, también fortalece la imagen y autoridad de Enrique Peña Nieto en momentos en los que éste busca darle sello a su gobierno e incrementar popularidad para obtener mayor margen de acción, algo muy parecido a lo que hizo Carlos Salinas al principio de su administración. Por ello se puede afirmar que, con independencia de los méritos de la acusación que pocos cuestionan, se trató también de un acto que puede calificarse como “populismo judicial”; si bien la comparación con la detención de la Quina no es exacta -no hubo bazucazo ni muerto sembrado-, para fines prácticos sirvió para lo mismo.
Seamos claros, el manejo discrecional de los recursos del SNTE por parte de Elba Esther Gordillo era tan evidente como el hecho de que su encarcelamiento, es decir, la aplicación de la ley tras décadas de impunidad, se debió a una decisión política. El cuestionamiento no puede ser, por tanto, por la acción legal en su contra -había razones de sobre para ella-, pero no se puede dejar de ver con preocupación el manejo político de la justicia, la discrecionalidad del poder para tolerar la corrupción o perseguirla de acuerdo a sus intereses coyunturales. Nadie duda de que la misma acusación procedería de igual forma contra otros que dirigentes sindicales que tienen una vida de ostentación y lujo inconsecuente con sus ingresos formalmente establecidos, como es el caso del líder de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, quien sin embargo parece estar muy tranquilo y sin ningún temor. Está visto que no es lo mismo estar dentro que fuera de la gracia presidencial.
Por cierto, tanto Elba Esther como Romero Deschamps remplazaron a los anteriores dirigentes por decisión de quien también decidió quitarlos: Carlos Salinas; todo se lo debieron al mismo dedo. En el caso de los petroleros muy pronto se vino abajo la expectativa de un nuevo sindicalismo en la poderosa paraestatal. Fue un cambio de nombres para tener el control que no se tenía con un emblemático liderazgo corrupto, pero que en ese tiempo había mostrado márgenes de independencia e incluso oposición al régimen que siempre había servido; sólo era poner al obediente y, por supuesto, aparecer como “modernizador”, ganar popularidad y tomar las riendas que, como sabemos, las utilizó con autoritarismo y a favor de sus negocios particulares, algunos manejados por su hermano, al cual se le bautizó con cierta picardía como “incómodo”. La historia con La Maestra fue diferente.
A diferencia del actual senador del PRI y todavía líder petrolero, Gordillo construyó al inició una imagen de reformadora e incluso de democratizadora. Con un discurso renovado y astucia política se presentaba como factor de cambio con indudable éxito, al grado de que fue invitada a formar parte de las personalidades que conformaron el llamado “Grupo San Ángel”, el cual impulsó una agenda democrática y en su momento captó la atención nacional. Su vinculación con Roberto Madrazo para imponerse en unas elecciones desaseadas –María de los Ángeles Moreno los calificó de “delincuencia organizada”- le generó cierto desgaste, pero su pleito con aquél y posterior rompimiento con el PRI después de ser relevada como coordinadora parlamentaria dieron nuevo aire a su imagen, pues eso le dio la posibilidad de presentarse como la que se enfrentó al dinosaurio por pretender cambios. Ella creo la famosa frase que colocó por todo el país y que hirió de muerte al tabasqueño antes de iniciada formalmente la contienda presidencial: “¿Tú le crees a Madrazo, yo tampoco”.
En la elección de 2006, la líder del SNTE pretendió un acuerdo con quien se veía como seguro presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero éste no quiso aceptar ningún compromiso explícito y público con La Maestra, condición que ésta estableció. Así que terminó siendo entusiasta operadora de la candidatura de Felipe Calderón, quien no estaba en condiciones de rechazar ningún apoyo, pues venía de muy atrás en las encuestas. Sin duda que la revelación de su participación para conseguir el respaldo a esa causa por parte de gobernadores priistas le costó a su imagen, pero lo que más perjuicio le causó fue ser un notorio obstáculo para reformar la educación básica que, como es del dominio público, vive una aguda crisis de calidad. Además se fue conociendo sus gustos caros y sus propiedades, junto con el amplio poder que la dejaron ejercer en la SEP, tanto Fox como Calderón. Dejaron a la Iglesia en manos de Lutero y se fortaleció como nunca la práctica perversa de que el interés político de la dirección sindical subordinara a las necesidades académicas. Cuando Josefina Vázquez Mota la quiso enfrentar, el presidente no respaldó a su Secretaria.
La autonomía conseguida por Elba Esther era inédita en México para un sindicato de ese tamaño e influencia. Acordaba por separado con candidatos sin importar las siglas que lo postularon para operar a favor de ellos en las elecciones y además se hizo de su propio partido político. Pero el gran poder que logró amasar lo utilizaba únicamente para defender privilegios gremiales –como el mantenimiento de miles de aviadores que sirven como operadores electorales y el oponerse a la evaluación de los mentores-, obtener cargos para cercanos y establecer relaciones de connivencia con personas poderosas. De la fachada de modernizadora no le quedó nada y se volvió una antihéroe sin parangón, al grado de que pocas cosas se volvieron tan rentables políticamente como denunciar sus excesos, así como el papel nefasto que jugaba en la educación pública.
Si Peña Nieto no actúa contra líderes corruptos afines a su partido, se confirmará que la detención de Elba Esther Gordillo no se debió a los delitos que se le imputan y que de seguro son ciertos sino al cálculo político. Por eso es que, al menos en mi caso, el sabor es agridulce. Es afortunado para la educación y correcto para la justicia que se aplique la ley, pero no así que se haga de manera diferenciada y a criterio del Presidente. Eso huele a viejo régimen autoritario en su peor expresión; huele a lo que fue el sexenio de Carlos Salinas.
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domingo, 3 de marzo de 2013
lunes, 28 de enero de 2013
LA ABSURDA COARTADA DEL MONEXGATE
Fernando Belaunzarán
twitter: @ferbelaunzaran
Quienes gustan de las novelas policiacas saben muy bien que no hay crimen perfecto y, por lo mismo, que se puede dar con el culpable, a pesar de lo bien que haya sido planeado el golpe. La inteligencia, perspicacia, capacidad analítica, búsqueda de evidencias y avances de la ciencia forense y criminalística sirven para desentrañar lo ocurrido. Una investigación virtuosa consigue develar el misterio y vencer al engaño. Pues bien, el caso conocido como “monexgate” es todo lo contrario. Difícil imaginar un crimen más imperfecto, con notorias e innegables evidencias y el responsable claramente ubicado, que haya quedado impune. Y, por si eso fuera poco, valiéndose de una coartada tan bizarra y absurda que en realidad parece confesión de parte.
De una cuenta en Banca Monex a nombre de la empresa Inizzio se realizaron pagos directos a operadores del PRI durante la campaña electoral, a través de tarjetas inominadas. La cuenta fue fondeada por decenas de asociaciones mercantiles y algunas personas físicas. Queda por saber si todo ese dinero, más de 70 millones de pesos que ahí fueron depositados, tiene un origen lícito, pues la unidad de fiscalización no fue más allá y se dio por bien servida al determinar quiénes fueron los aportantes y que esos recursos hayan sido cubiertos, meses después, por el pago del PRI, en cumplimiento a un extraño y dudoso contrato con una empresa distinta a la de la titular de la cuenta y del que hablaremos más adelante.
El artículo 72 del Reglamento de Fiscalización es inequívoco al establecer que todos los gastos erogados durante las campañas tienen que salir de cuentas partidarias específicas, pero en la resolución absolutoria que aprobó el IFE ni siquiera menciona la grave anomalía de que el dinero saliera de una cuenta a nombre de una empresa mercantil. Por lo mismo, si dicha cuenta pudo ser fiscalizada fue gracias al escándalo, pues de otra manera la autoridad electoral no hubiera tenido conocimiento de la misma. Para que se entienda, vale la pena recrear el contexto.
El 25 de junio de 2012, a una semana de las elecciones, Roberto Gil, entonces Coordinador de Campaña de Josefina Vázquez Mota, presenta dos tarjetas Monex, asegurando que son de operadores del PRI en el estado de Guanajuato. Dos días después, el IFE emite un comunicado diciendo que dichas tarjetas corresponden a un lote de 9,924, fondeandas en una cuenta con 70.8 millones de pesos. En al menos dos ocasiones, una con Carmen Aristegui y otra con Joaquín López Dóriga, quienes en sus respectivos programas de radio tenían semanales debates entre los coordinadores de campaña de los tres candidatos principales, Luis Videgaray, quien cumplía esa función con Enrique Peña Nieto, negó categóricamente que el PRI las utilizara. Y lo siguió negando después de que el PRD presentó facturas de Inizzio y de Efra con Monex por más de 150 millones de pesos.
Fue hasta después de la elección, 19 de julio de 2012, que Jesús Murillo Karam, distinguido miembro del equipo de campaña de EPN, reconoce la existencia de tarjetas Monex, asegurando que se utilizaron para pagar a su estructura electoral, que lo pesaban informar como gasto ordinario, que no tuvieron relación directa con dicha banca y que lo único que hicieron fue firmar un contrato con la empresa Alkino para que les otorgara las tarjetas prepagadas por 66.3 millones de pesos. Este documento es el corazón de una coartada que, además de insultar a la inteligencia, también es ilegal. Veamos.
La historia-coartada del PRI que inexplicablemente compró el IFE es la siguiente: Necesitaba pagar a la estructura electoral y en lugar de ir a un banco o instancia financiera, acude a una empresa mercantil sin solvencia que se dedica, según su razón social, a cosas muy distintas. En el 2011 declaró en ceros a la Secretaría de Hacienda. Como efectivamente no tenía los recursos para fondear las tarjetas, Alkino contrata a otra empresa que igualmente tiene un objeto distinto, Atama, que es todavía más insolvente según puede verse de sus declaraciones hechas a la autoridad -no tiene ni empleados registrados-, su domicilio fiscal es una fachada y de dueño aparece una persona ya fallecida y un chofer que no tiene los medios económicos para hacer frente a ese compromiso. Dicha empresa contrata a una subsidiaria con los mismos prestanombres, Inizzio, la cual es la titular de la cuenta de Monex en la que se depositaron los recursos que fueron retirados por las tarjetas. Otra empresa, claramente vinculada al PRI, y que apareció en diversas investigaciones periodísticas, Efra, solicitó tarjetas en ese mismo banco, pero canceló todas –menos una- y mandó depositar todos los recursos a la cuenta ya mencionada. Es importante decir que a pesar de la insolvencia documentada de Inizzio, ésta última empresa argumenta que los aportantes eran deudores suyos –más de 70 millones de pesos-, desconociéndose el motivo de las supuestas deudas y resultando realmente extraño dada su situación precaria por ella misma reconocida en sus informes al fisco.
Que un partido realice gastos a través de una cuenta distinta a las suyas ya es una grave ilegalidad. Contratar un crédito con una empresa mercantil también lo es. El Reglamento de Fiscalización sólo habla de préstamos con la banca comercial y prohíbe expresamente la de realizarlos con la banca de desarrollo. Para pactarlo se deben cumplir diversas disposiciones, entre ellas la de informarlo al IFE. Se trata de una normatividad restrictiva, pues en el diseño del sistema electoral quedó establecido un financiamiento público generoso a los partidos; pero con fuerte control en el privado, tanto en lo que se refiere al origen de los recursos como en su gasto. Por salvar al Príncipe, la autoridad electoral abre la puerta al financiamiento de empresas mercantiles cuando sus aportaciones están explícitamente prohibidas, no está contemplado en la normatividad y representa un fuerte riesgo, sobre todo cuando, como es el caso, en los hechos otorgan mejores condiciones que los bancos.
En el sospechoso contrato del PRI con Alkino, acuerdan una tasa del 3% mensual, pero dicho partido termino pagando mucho menos. Casi seis millones de pesos, aunque el contrato fue firmado supuestamente en marzo y se acabó pagando hasta la segunda semana de enero. Además, debe descontarse el 1.5% que ofreció tanto a Atama como a Inizzio. Y si a eso le agregamos que le obsequió 90 días sin intereses –no se los pagaron y no hay nada que diga que se los estén cobrando- nos encontramos con un elemento más que indica que se trata de una burda pantalla mal hecha. Con el criterio usado por el IFE para exonerar al PRI en el monexgate, empresas mercantiles pueden disfrazar sus aportaciones como créditos, cuyo pago puede ser diferido y acabar pagando una bicoca de intereses quién sabe cuándo. Estamos ante un fraude a la ley cubierto con otro fraude a la ley, ambos descarados.
Si la investigación deja muchas dudas sobre el origen de los recursos –aclaró qué empresas y qué personas aportaron, pero no si éstos depositaron dinero lícito-, lo mismo sucede con el destino. Más de 40 millones de pesos fueron retirados en efectivo por personas desconocidas en cajeros automáticos sin firmar un solo recibo, pues las tarjetas no contenían el nombre de los propietarios. Cabe agregar que los representantes de casilla del PRI consultados por la unidad de fiscalización del IFE negaron haber recibido tarjetas Monex.
Basados en que la unidad de fiscalización del IFE no tiene facultades para investigar delitos, el instituto detiene sus pesquisas, evita saca las conclusiones evidentes y se limita a dar vista a diversas autoridades para que sean éstas las concluyan. Suena bien que las instituciones tomen cartas en el asunto, pero veamos que significa esto en la práctica. ¿Quiénes serán los encargados de investigar delitos en este financiamiento paralelo en la campaña de Enrique Peña Nieto? El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ex coordinador de campaña de EPN y quien se cansó de negar la existencia de tarjetas Monex antes de la elección. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también miembro distinguido del equipo de campaña de Peña Nieto y fue quien dio a conocer la versión del PRI sobre el particular. El Director del Área de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz, ex procurador del Edomex. Parece broma, pero la impunidad no lo es.
Existe una clara intención de que, al menos formalmente, el triunfo de Peña Nieto en la elección presidencial no sea manchado ni con el pétalo de una sanción. Lo más grave no es que el PRI recurra a un relato irracional sin mayor prueba que un contrato de dudosa credibilidad –que bien pudo hacerse posterior al escándalo y prefecharse- sino que la autoridad se lo crea. El IFE es una institución fundamental que necesita de la credibilidad para dar confianza a una sociedad que la experiencia ha vuelto escéptica. La decisión de exonerar al PRI y que tomó por exigua mayoría, cinco contra cuatro, no sólo fomenta la impunidad sino que fortalece el discurso de quienes sostienen que toda la institucionalidad democrática está podrida y debe barrerse para construir una nueva desde cero. Se debe valorar lo que hemos avanzado y resulta pernicioso debilitar a las instituciones, pero éstas deben asumir su responsabilidad y mostrar independencia del interés faccioso.
Si el IFE se creyó el cuento de que un partido como el PRI buscó financiamiento con tarjetas de prepago con una empresa que nunca había hecho algo semejante y que, además no se enteró de todo el entramado de subcontrataciones con otras peores, encabezadas por prestanombres, ni de quienes aportaron los recursos que le fueron entregados a sus operadores, allá los cándidos consejeros, pero que no esperen que la sociedad los acompañe en su genuina o interesada ingenuidad. Peor aún, lo que no se puede justificar con el derecho a chuparse el dedo, es que se hayan hecho ojo de hormiga con claras violaciones a la legalidad, como la utilización de cuentas distintas a las de ese partido para pagar y la contratación de un crédito por fuera de la banca comercial y sin cumplir uno solo de los requisitos que se piden para ello.
No tiene ninguna racionalidad la coartada del PRI. Si podemos encontrar algún sentido a esta historia es que una vez que se descubrió el financiamiento paralelo, dicho partido se avocó a cubrirla como pudieron después, por cierto, de haberlo negado. Entiendo su espanto y la necesidad de ocultarlo, pues al estar explícitamente prohibidas las aportaciones de asociaciones mercantiles en las campañas se trata de recursos ilegales. Pero de la misma manera que el ladrón no se le exonera por regresar la cartera que robó, el PRI no debe quedar absuelto por pagar lo que utilizó de esa cuenta ilegal de Inizzio en Monex. Y algo gravísimo. Vuelve legal el dinero que no lo era y eso se llama lavado. Y al hacerlo con sus prerrogativas significa que fue con recursos de los contribuyentes. Esperemos que el Tribunal Electoral rectifique y el monexgate no quede en la impunidad. Al IFE, que dio crédito a la absurda coartada, nada más queda decirle un HT popular de twitter, mismo que les recordé en una de mis intervenciones en la sesión: #ternurita
De paso…
El mismo día en que el IFE exoneró al PRI por el monexgate, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo “liso y llano” a la ciudadana francesa, Florence Cassez, gracias a la cual obtuvo su libertad. Una decisión impopular que no obstante yo considero correcta. Como lo expliqué en un artículo anterior, “La hora de Florance Cassez”, http://herejiapolitica.blogspot.mx/2012/03/la-hora-de-florence-cassez.html , ya no era posible hacer justicia y dilucidar la duda acerca de su culpabilidad o no. Pero más importante que el fallo polémico sobre un caso en particular, es el mensaje a favor del debido proceso y del respeto irrestricto a los Derechos Humanos; un triunfo del garantismo. La reacción social de repudio nos hace ver el gran reto cultural que tenemos por delante para sensibilizar a la sociedad de que la justicia sólo es accesible si se respetan los derechos de todos, que si hay atajos son como los del Lobo Feroz y que si padecemos tanto impunidad como arbitrariedad es precisamente por el prejuicio de considerar al debido proceso como un asunto de “forma” que ayuda a los delincuentes. Así seamos pocos y el ambiente hostil, hay que dar la batalla. Cambiar mentalidades lleva tiempo…
Síganme en twitter: #ferbelaunzaran
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Quienes gustan de las novelas policiacas saben muy bien que no hay crimen perfecto y, por lo mismo, que se puede dar con el culpable, a pesar de lo bien que haya sido planeado el golpe. La inteligencia, perspicacia, capacidad analítica, búsqueda de evidencias y avances de la ciencia forense y criminalística sirven para desentrañar lo ocurrido. Una investigación virtuosa consigue develar el misterio y vencer al engaño. Pues bien, el caso conocido como “monexgate” es todo lo contrario. Difícil imaginar un crimen más imperfecto, con notorias e innegables evidencias y el responsable claramente ubicado, que haya quedado impune. Y, por si eso fuera poco, valiéndose de una coartada tan bizarra y absurda que en realidad parece confesión de parte.
De una cuenta en Banca Monex a nombre de la empresa Inizzio se realizaron pagos directos a operadores del PRI durante la campaña electoral, a través de tarjetas inominadas. La cuenta fue fondeada por decenas de asociaciones mercantiles y algunas personas físicas. Queda por saber si todo ese dinero, más de 70 millones de pesos que ahí fueron depositados, tiene un origen lícito, pues la unidad de fiscalización no fue más allá y se dio por bien servida al determinar quiénes fueron los aportantes y que esos recursos hayan sido cubiertos, meses después, por el pago del PRI, en cumplimiento a un extraño y dudoso contrato con una empresa distinta a la de la titular de la cuenta y del que hablaremos más adelante.
El artículo 72 del Reglamento de Fiscalización es inequívoco al establecer que todos los gastos erogados durante las campañas tienen que salir de cuentas partidarias específicas, pero en la resolución absolutoria que aprobó el IFE ni siquiera menciona la grave anomalía de que el dinero saliera de una cuenta a nombre de una empresa mercantil. Por lo mismo, si dicha cuenta pudo ser fiscalizada fue gracias al escándalo, pues de otra manera la autoridad electoral no hubiera tenido conocimiento de la misma. Para que se entienda, vale la pena recrear el contexto.
El 25 de junio de 2012, a una semana de las elecciones, Roberto Gil, entonces Coordinador de Campaña de Josefina Vázquez Mota, presenta dos tarjetas Monex, asegurando que son de operadores del PRI en el estado de Guanajuato. Dos días después, el IFE emite un comunicado diciendo que dichas tarjetas corresponden a un lote de 9,924, fondeandas en una cuenta con 70.8 millones de pesos. En al menos dos ocasiones, una con Carmen Aristegui y otra con Joaquín López Dóriga, quienes en sus respectivos programas de radio tenían semanales debates entre los coordinadores de campaña de los tres candidatos principales, Luis Videgaray, quien cumplía esa función con Enrique Peña Nieto, negó categóricamente que el PRI las utilizara. Y lo siguió negando después de que el PRD presentó facturas de Inizzio y de Efra con Monex por más de 150 millones de pesos.
Fue hasta después de la elección, 19 de julio de 2012, que Jesús Murillo Karam, distinguido miembro del equipo de campaña de EPN, reconoce la existencia de tarjetas Monex, asegurando que se utilizaron para pagar a su estructura electoral, que lo pesaban informar como gasto ordinario, que no tuvieron relación directa con dicha banca y que lo único que hicieron fue firmar un contrato con la empresa Alkino para que les otorgara las tarjetas prepagadas por 66.3 millones de pesos. Este documento es el corazón de una coartada que, además de insultar a la inteligencia, también es ilegal. Veamos.
La historia-coartada del PRI que inexplicablemente compró el IFE es la siguiente: Necesitaba pagar a la estructura electoral y en lugar de ir a un banco o instancia financiera, acude a una empresa mercantil sin solvencia que se dedica, según su razón social, a cosas muy distintas. En el 2011 declaró en ceros a la Secretaría de Hacienda. Como efectivamente no tenía los recursos para fondear las tarjetas, Alkino contrata a otra empresa que igualmente tiene un objeto distinto, Atama, que es todavía más insolvente según puede verse de sus declaraciones hechas a la autoridad -no tiene ni empleados registrados-, su domicilio fiscal es una fachada y de dueño aparece una persona ya fallecida y un chofer que no tiene los medios económicos para hacer frente a ese compromiso. Dicha empresa contrata a una subsidiaria con los mismos prestanombres, Inizzio, la cual es la titular de la cuenta de Monex en la que se depositaron los recursos que fueron retirados por las tarjetas. Otra empresa, claramente vinculada al PRI, y que apareció en diversas investigaciones periodísticas, Efra, solicitó tarjetas en ese mismo banco, pero canceló todas –menos una- y mandó depositar todos los recursos a la cuenta ya mencionada. Es importante decir que a pesar de la insolvencia documentada de Inizzio, ésta última empresa argumenta que los aportantes eran deudores suyos –más de 70 millones de pesos-, desconociéndose el motivo de las supuestas deudas y resultando realmente extraño dada su situación precaria por ella misma reconocida en sus informes al fisco.
Que un partido realice gastos a través de una cuenta distinta a las suyas ya es una grave ilegalidad. Contratar un crédito con una empresa mercantil también lo es. El Reglamento de Fiscalización sólo habla de préstamos con la banca comercial y prohíbe expresamente la de realizarlos con la banca de desarrollo. Para pactarlo se deben cumplir diversas disposiciones, entre ellas la de informarlo al IFE. Se trata de una normatividad restrictiva, pues en el diseño del sistema electoral quedó establecido un financiamiento público generoso a los partidos; pero con fuerte control en el privado, tanto en lo que se refiere al origen de los recursos como en su gasto. Por salvar al Príncipe, la autoridad electoral abre la puerta al financiamiento de empresas mercantiles cuando sus aportaciones están explícitamente prohibidas, no está contemplado en la normatividad y representa un fuerte riesgo, sobre todo cuando, como es el caso, en los hechos otorgan mejores condiciones que los bancos.
En el sospechoso contrato del PRI con Alkino, acuerdan una tasa del 3% mensual, pero dicho partido termino pagando mucho menos. Casi seis millones de pesos, aunque el contrato fue firmado supuestamente en marzo y se acabó pagando hasta la segunda semana de enero. Además, debe descontarse el 1.5% que ofreció tanto a Atama como a Inizzio. Y si a eso le agregamos que le obsequió 90 días sin intereses –no se los pagaron y no hay nada que diga que se los estén cobrando- nos encontramos con un elemento más que indica que se trata de una burda pantalla mal hecha. Con el criterio usado por el IFE para exonerar al PRI en el monexgate, empresas mercantiles pueden disfrazar sus aportaciones como créditos, cuyo pago puede ser diferido y acabar pagando una bicoca de intereses quién sabe cuándo. Estamos ante un fraude a la ley cubierto con otro fraude a la ley, ambos descarados.
Si la investigación deja muchas dudas sobre el origen de los recursos –aclaró qué empresas y qué personas aportaron, pero no si éstos depositaron dinero lícito-, lo mismo sucede con el destino. Más de 40 millones de pesos fueron retirados en efectivo por personas desconocidas en cajeros automáticos sin firmar un solo recibo, pues las tarjetas no contenían el nombre de los propietarios. Cabe agregar que los representantes de casilla del PRI consultados por la unidad de fiscalización del IFE negaron haber recibido tarjetas Monex.
Basados en que la unidad de fiscalización del IFE no tiene facultades para investigar delitos, el instituto detiene sus pesquisas, evita saca las conclusiones evidentes y se limita a dar vista a diversas autoridades para que sean éstas las concluyan. Suena bien que las instituciones tomen cartas en el asunto, pero veamos que significa esto en la práctica. ¿Quiénes serán los encargados de investigar delitos en este financiamiento paralelo en la campaña de Enrique Peña Nieto? El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ex coordinador de campaña de EPN y quien se cansó de negar la existencia de tarjetas Monex antes de la elección. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también miembro distinguido del equipo de campaña de Peña Nieto y fue quien dio a conocer la versión del PRI sobre el particular. El Director del Área de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz, ex procurador del Edomex. Parece broma, pero la impunidad no lo es.
Existe una clara intención de que, al menos formalmente, el triunfo de Peña Nieto en la elección presidencial no sea manchado ni con el pétalo de una sanción. Lo más grave no es que el PRI recurra a un relato irracional sin mayor prueba que un contrato de dudosa credibilidad –que bien pudo hacerse posterior al escándalo y prefecharse- sino que la autoridad se lo crea. El IFE es una institución fundamental que necesita de la credibilidad para dar confianza a una sociedad que la experiencia ha vuelto escéptica. La decisión de exonerar al PRI y que tomó por exigua mayoría, cinco contra cuatro, no sólo fomenta la impunidad sino que fortalece el discurso de quienes sostienen que toda la institucionalidad democrática está podrida y debe barrerse para construir una nueva desde cero. Se debe valorar lo que hemos avanzado y resulta pernicioso debilitar a las instituciones, pero éstas deben asumir su responsabilidad y mostrar independencia del interés faccioso.
Si el IFE se creyó el cuento de que un partido como el PRI buscó financiamiento con tarjetas de prepago con una empresa que nunca había hecho algo semejante y que, además no se enteró de todo el entramado de subcontrataciones con otras peores, encabezadas por prestanombres, ni de quienes aportaron los recursos que le fueron entregados a sus operadores, allá los cándidos consejeros, pero que no esperen que la sociedad los acompañe en su genuina o interesada ingenuidad. Peor aún, lo que no se puede justificar con el derecho a chuparse el dedo, es que se hayan hecho ojo de hormiga con claras violaciones a la legalidad, como la utilización de cuentas distintas a las de ese partido para pagar y la contratación de un crédito por fuera de la banca comercial y sin cumplir uno solo de los requisitos que se piden para ello.
No tiene ninguna racionalidad la coartada del PRI. Si podemos encontrar algún sentido a esta historia es que una vez que se descubrió el financiamiento paralelo, dicho partido se avocó a cubrirla como pudieron después, por cierto, de haberlo negado. Entiendo su espanto y la necesidad de ocultarlo, pues al estar explícitamente prohibidas las aportaciones de asociaciones mercantiles en las campañas se trata de recursos ilegales. Pero de la misma manera que el ladrón no se le exonera por regresar la cartera que robó, el PRI no debe quedar absuelto por pagar lo que utilizó de esa cuenta ilegal de Inizzio en Monex. Y algo gravísimo. Vuelve legal el dinero que no lo era y eso se llama lavado. Y al hacerlo con sus prerrogativas significa que fue con recursos de los contribuyentes. Esperemos que el Tribunal Electoral rectifique y el monexgate no quede en la impunidad. Al IFE, que dio crédito a la absurda coartada, nada más queda decirle un HT popular de twitter, mismo que les recordé en una de mis intervenciones en la sesión: #ternurita
De paso…
El mismo día en que el IFE exoneró al PRI por el monexgate, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo “liso y llano” a la ciudadana francesa, Florence Cassez, gracias a la cual obtuvo su libertad. Una decisión impopular que no obstante yo considero correcta. Como lo expliqué en un artículo anterior, “La hora de Florance Cassez”, http://herejiapolitica.blogspot.mx/2012/03/la-hora-de-florence-cassez.html , ya no era posible hacer justicia y dilucidar la duda acerca de su culpabilidad o no. Pero más importante que el fallo polémico sobre un caso en particular, es el mensaje a favor del debido proceso y del respeto irrestricto a los Derechos Humanos; un triunfo del garantismo. La reacción social de repudio nos hace ver el gran reto cultural que tenemos por delante para sensibilizar a la sociedad de que la justicia sólo es accesible si se respetan los derechos de todos, que si hay atajos son como los del Lobo Feroz y que si padecemos tanto impunidad como arbitrariedad es precisamente por el prejuicio de considerar al debido proceso como un asunto de “forma” que ayuda a los delincuentes. Así seamos pocos y el ambiente hostil, hay que dar la batalla. Cambiar mentalidades lleva tiempo…
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